El ex subsecretario de Carabineros y director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central se refiere al proyecto aprobado el martes pasado, del cual es principalmente crítico. Si bien resalta que hay puntos que se pueden considerar, advierte que la Ley de Convivencia Escolar es más efectiva a la hora de prevenir problemas en las comunidades, mientras que algunas materias de Escuelas Protegidas, como revisar bolsos, pueden generar el efecto contrario. En su opinión, algunas medidas pueden provocar un estigma y criminalización del estudiante, que a la larga "generan un ambiente más cercano a una lógica de una cárcel que un establecimiento educativo".
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El pasado martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que busca implementar una serie de medidas de seguridad en establecimientos educativos ante la escalada de violencia escolar.
En este escenario, la iniciativa ha levantado un debate público importante en torno a los detalles del proyecto. Uno de los puntos principales de la propuesta es la revisión de bolsos y mochilas a estudiantes, como también la prohibición del uso de vestimenta que cubra el rostro. Otra moción que ha generado debate, es la de negarle el acceso a la gratuidad en la educación superior a estudiantes que sean sancionados por delitos violentos.
Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros y director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, ha sido parte de este debate, en su calidad también de secretario general de la casa de estudios. Si bien destaca algunos puntos, el especialista tiene un posición principalmente crítica. En su opinión que comparte a The Clinic, con la Ley de Convivencia Escolar recientemente promulgada se atacaba el problema de fondo. En esa línea, advierte que Escuelas Protegidas no aporta en esa dirección.
“Una opción es fortalecer las capacidades de las escuelas para enfrentar mejor los desafíos de la convivencia y la seguridad, y otra, muy distinta, es trasladar la idea de la protección hacia una lógica de una autoridad sostenida en la sospecha, la vigilancia y el castigo. A mi entender es una lógica que adscribe el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas”, asegura.
Los cuestionamientos al proyecto Escuelas Protegidas
En la comparación entre iniciativas, Carabantes agrega que: “Escuelas Protegidas desplaza el eje hacia medidas unilaterales en materias muy sensibles, como son la revisión de pertenencias, vestimentas. En una ley las medidas se construyen con acuerdo y con consenso a la comunidad, y en otra (esta) su base es fundamentalmente una reacción punitiva. (…) Este proyecto no ataca el problema de fondo“.
En su opinión hay una mala tendencia a reaccionar con medidas extremas a casos puntuales. El experto en seguridad asegura que a nivel político, se tiende a poner foco en la conmoción y la urgencia ante hechos de gravedad de violencia escolar, buscando medidas a corto plazo “que no siempre suelen ser lo eficaces y prudentes que uno quisiera”.
Sobre la revisión de mochilas y bolsos tiene aprehensiones. No descarta que se puedan realizar en casos extremos en que sea necesario, pero advierte que hay cosas por aclarar. Por un lado, dice que se debe detallar que quienes realicen las revisiones estén capacitados y certificados. Además, que en casos que encuentre elementos peligrosos, plantea que tiene que darse a entender dónde y cómo serán requisados. “Recordemos que un colegio o un liceo no es una comisaría que cuenta con una sala de armas y con protocolos muy estrictos de seguridad”, dice.
Ministra de Educación y parlamentarios oficialistas hablan tras la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas. Ahora deberá discutirse en el Senado. Foto: Agencia UNO.
Esto implica además que exista claridad de cómo se financiará esto. “Dónde van a salir los recursos para hacer frente a los costos importantes que la ley conlleva en materia de personal, de capacitación, de certificación, y, por último, de infraestructura”, plantea.
“Podría agravar el problema que se busca resolver”
—Poner tantas restricciones a los alumnos, con revisión de mochilas, bolsos, detector de metales, etc. ¿Podría generar un impacto negativo en estudiantes? Que se sientan más alejado de su comunidad y que aumente la deserción, por ejemplo.
—Totalmente. Esto puede ser una medida perjudicial para la continuidad de muchos estudiantes en el establecimiento. Porque, básicamente, en vez de ir a un colegio, pueden tener la percepción que está yendo a un recinto tipo carcelario. Esto sin duda que puede aumentar la deserción escolar. Ahora, en relación también a otra que está por implementarse, a los detectores de metales, diría que también debemos sumar a esta medida un interrogante respecto de cuál es su impacto real. La evidencia internacional acredita que este tipo de medidas no han sido lo efectivas que esperaban. Porque, reitero, no atacan el problema de fondo, y tampoco impiden la utilización de un arma”.
A gusto de Neftalí Carabantes, la revisión de mochilas e instalación de detectores de metales contribuye en la estigmatización de estudiantes. En esa línea, potencialmente pueden agravar más la situación.
“Transmitir una lógica de la estigmatización de este tipo de medida, y no solamente estigmatización, sino que criminalización del estudiante, generan un ambiente más cercano a una lógica de una cárcel que un establecimiento educativo. Y esto puede afectar en la confianza. La convivencia escolar podría agravar el problema que se busca resolver”, comenta.
Los alcances de negar la gratuidad
Un punto que al director del Centro de Estudios de Seguridad de la U. Central preocupa en particular es el de negar la gratuidad a estudiantes sancionados.
Colegio de Calama que tuvo un atentado que terminó con una inspectora muerta en marzo. Foto: Agencia UNO.
“A mi entender es un error. Se estaría estableciendo requisitos que apuntan a la idoneidad moral o penal de los estudiantes, lo cual es impropio. Recordemos que el beneficio de la gratuidad en la educación superior busca el desarrollo integral de las personas y la equidad social. Además, si un estudiante cumple una condena, tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Y, por otra parte, el Estado tiene la obligación de facilitar este proceso. O sea, lo que le interesa al Estado es que quien ha delinquido, quien ha sufrido una sanción penal y la cumple, pueda el día de mañana volver a integrarse. Precisamente porque la reinserción social se entiende como un derecho a volver a integrarse, ser funcional a la comunidad”, comenta.
Y agrega: “Soy de la opinión que la educación superior es el camino idóneo para resocializar a quien cumplió una condena y evitar su reincidencia”.
Además, advierte que podría ser inconstitucional. Ante esto, destaca que “condicionar la gratuidad a factores ajenos a la vulnerabilidad socioeconómica de un estudiante constituye, por cierto, una liberación que el Estado no debiese permitirse”.
Finalmente, advierte que es arbitrario, ya que se estaría apelando a una doble sanción. Esto, considerando que un estudiante con alguna sentencia tendría que cumplir la pena de su condena, y más tarde una segunda pena al, posiblemente, no poder ingresar a la educación superior por no poder financiarla. “Una vez cumplida dicha sentencia, el sistema debe aspirar a la reinserción social del individuo. Sin embargo, darle el acceso la gratuidad, que para muchos es la única vía real de acceder a la educación superior en Chile, el Estado le está imponiendo una sanción accesoria no prevista en la normativa al momento de condena”, explica.
Fuente: The Clinic
