Tras una denuncia del Serviu, la Fiscalía abrió una investigación por eventual fraude de subvenciones contra la pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, quien recibió un subsidio de vivienda destinado preferentemente a población vulnerable.
De acuerdo con Ex-Ante, el sábado 2 de mayo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo una visita a Punta Arenas y recibió a tres funcionarios del Serviu, quienes le transmitieron antecedentes sobre un posible fraude de subvenciones relacionado con Riquelme en la época en que desempeñaba el cargo de consejero regional.
El titular del Minvu tenía agendada una reunión ese mismo día con el hoy diputado republicano, quien -de acuerdo a testigos- negó haber incurrido en irregularidades, pero Poduje, de todas formas, instruyó al Serviu a hacer las indagaciones.
Las pesquisas redundaron en la presentación de la denuncia por parte del Servicio, que acusa que, el 7 de julio de 2022, Susana Chicuy -pareja de Riquelme- fue incorporada al proyecto habitacional "Estepa Austral I" y obtuvo un subsidio de Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS 49 para una casa que recibió en 2023.
Esto, a pesar de que tenía una relación sentimental con el entonces consejero regional, con quien tiene tres hijos y mantuvo tres sociedades: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.
De hecho, el registro de colaboradores del estado del Ministerio de Hacienda arrojó que, sólo en 2022, Magallania Capacitación Limitada recibió transferencias por $401.318.760 del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y la Tesorería General de la República.
Ante ello, la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó la apertura de la indagatoria: "Hay actualmente una investigación abierta, se encuentra a mi cargo y nos encontramos realizando diligencias", dijo.
La denuncia también involucra a Julia López, pareja del anterior director del Serviu regional Dubalio Pérez, que estuvo en el cargo hasta el 1 de marzo de 2022.
Poduje: "Todos son iguales ante la ley"
Desde el Palacio de La Moneda, el propio Poduje fue consultado al respecto, que respondió: "La información que nosotros tenemos es que, efectivamente, esa denuncia está hecha. Los equipos Serviu y nosotros estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales, y eso afecta a todos los ciudadanos por igual, nadie queda al margen. Todos son iguales ante la ley", aseveró.
"Tenemos hoy día tres mil casos en revisión. Tenemos que aumentar la fiscalización, porque cada vivienda social que se ocupa de forma irregular es un hogar vulnerable que se queda sin casa, y eso no lo podemos permitir como ministerio", sostuvo.
La defensa del entorno del diputado Riquelme
Según el medio citado, en el entorno del parlamentario confirmaron que fue pareja de Chicuy durante 18 años, pero entre 2001 y 2019.
Asimismo, sostuvieron que la postulación al subsidio de Chicuy fue en 2021, antes de que Riquelme fuera electo consejero regional; y que la obtención de este beneficio fue a raíz de que la constructora le pidió incorporarse a una agrupación indígena por su pertenencia a los pueblos originarios, y no porque estuviera en el tramo más pobre de los habitantes.
Sin embargo, Ex-Ante afirmó que la relación de pareja entre Chicuy y Riquelme fue constatada por el Serviu a través de una sentencia del 10 de mayo de 2025 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, iniciada a raíz de una querella por injurias que el entonces consejero interpuso en 2023 en contra de una consejera Ind-FA.
Allí, el fallo consignó la declaración como testigo de Chicuy Godoy, quien refirió que "tiene una empresa de asesorías y capacitaciones, que es pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además son socios de la empresa Magallania, de la cual ella es la representante, (y) desde el 2010 que participan en licitaciones públicas, en muchas regiones del país".
Asimismo, la denuncia del Serviu sostiene que el subsidio DS 49 está dirigido "preferentemente a las familias que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población" y que "excepcionalmente, tratándose de postulaciones colectivas, el grupo organizado podrá incluir como máximo un 30% de familias calificadas sobre el 40% y hasta el 90% más vulnerable de la población nacional, siempre que se encuentren en (...) condiciones de carencia habitacional".
"De haberse declarado la información fidedigna, (Chicuy) no habría podido obtener el subsidio, por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño, su pareja, de uno o más inmuebles según su declaración de patrimonio", consigna el documento.
Fuente: Cooperativa
