La controversia por el informe de finanzas públicas escaló rápidamente del plano técnico al político.
Tras la denuncia de inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, diversos sectores del oficialismo han comenzado a pavimentar el camino hacia una posible acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, afirmó en Cooperativa que "aquí tiene que haber responsabilidades políticas que se van a tener que hacer valer".
Asimismo, afirmó que, aunque "es un tema que tenemos que conversarlo probablemente, creo es que probablemente una acusación constitucional contaría con los votos en la Cámara de Diputados, eso quiero ser súper claro".
Romero no confirmó si su bancada será la que lidere el libelo, pero aseguró que "si uno hace un sondeo con distintas fuentes de distintos partidos políticos, hay votos en la Cámara de Diputados para que prospere".
Durante un punto de prensa posterior, Romero explicó que "la acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional, o un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la Hacienda Pública".
"No estamos discutiendo simples diferencias académicas o técnicas, sino que hablamos de la confianza pública en las instituciones, de la credibilidad de las cifras fiscales de un país, y del deber que tienen las autoridades de actuar con total honestidad y responsabilidad frente a Chile", cerró el parlamentario.
En tanto, el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, aseguró: "Vamos a hacer valer las responsabilidades políticas que, en este caso, recaen sobre el exministro Grau".
La posición de los libertarios
Por su parte, el Partido Nacional Libertario confirmó también su intención de avanzar con la acción, argumentando que los errores comprometen la credibilidad financiera del país y vulneran la Ley de Administración Financiera del Estado.
A pesar de que operan por fuera del oficialismo, el timonel libertario, Johannes Kaiser, relevó que "no somos parte de un diálogo con el resto de la oposición", de modo que "nuestra bancada parlamentaria hace lo que constitucionalmente corresponde como fiscalizadores de la actividad de este Gobierno y del anterior".
Para el excandidato presidencial, parte de aquello es "hacer valer las responsabilidades políticas que corresponde en razón de un escándalo de marca mayor".
Por otro lado, el libelo se dio a conocer una semana antes de que se reanude la discusión de la megarreforma en el Senado, cuya presidenta, Paulina Núñez (RN), dijo que reservaría las "iniciativas de fiscalización legítimas" para después de la tramitación del proyecto.
Aludiendo a lo anterior, el también exdiputado comentó: "Entiendo que la senadora Núñez ahora busque el diálogo, pero la verdad es que tampoco ha habido mucha disposición al diálogo desde otros sectores, y por lo demás, el diálogo no significa que uno no haga valer las responsabilidades".
Reacciones cruzadas en el Congreso
La respuesta desde la oposición no se hizo esperar. La diputada frenteamplista Constanza Schönhaut criticó la estrategia del oficialismo, calificándola como una distracción política.
"No es más que los partidos más radicales del gobierno utilizando nuevamente mal la herramienta institucional. Este gobierno está intentando ensuciar la discusión con datos presentados de mala fe para desviar la atención de lo que están haciendo", sostuvo la parlamentaria.
En una línea de mayor cautela, el diputado Raúl Soto (PPD) llamó a no apresurarse: "Hay versiones contrapuestas sobre los hechos y distintas interpretaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser prudente y no adelantar acciones que tienen carácter político. Llamamos a la mesura".
Asimismo, la diputada Joanna Pérez indicó que analizarán los antecedentes "en su mérito" antes de tomar una postura definitiva.
En una línea similar, la diputada Flor Weisse (UDI), señaló que analizarán la acusación y "en base a ello, vamos a tomar una decisión. Vamos a estudiar cuáles son las infracciones constitucionales que se deduzcan de estos hechos, porque se requiere también, para que una acusación pueda tener éxito, garantizar que se cuente con los votos para ello".
El senador Diego Ibáñez (FA) fue más duro y apuntó que la acción responde a "otro show político" de la colectividad de Johannes Kaiser "disfrazado de debate técnico".
En esa línea, señaló "la proyección de la deuda pública, como lo señalan los expertos, se realiza con variables que cambian con el tiempo, como la inflación, el valor del peso, como la propia proyección de la economía global, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la violación a la ley y a la Constitución, que es la causal estricta por la cual procede una acusación constitucional contra un exministro. Entonces, invitamos a los diputados a dar un debate serio, sin show político, y que el partido de Kaiser no recurra permanentemente a culpar de todo lo que pasa en Chile al gobierno anterior".
"Las acusaciones constitucionales no son para resolver controversias técnicas entre economistas. Por eso, si la derecha tiene dudas sobre las proyecciones de Hacienda, los canales son las comisiones investigadoras y el debate parlamentario, y no un libelo que requiere elementos muy concretos y contundentes, como lo es una infracción a la Constitución o a la ley", agregó el diputado Juan Santana (PS).
Fuente: Cooperativa
