El exministro de Seguridad sostiene que la estrategia más eficaz contra el crimen organizado es fortalecer la inteligencia financiera, destrabar el proyecto sobre el Subsistema de Inteligencia Económica y evitar que el debate se concentre en medidas de efecto simbólico.
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La evidencia internacional sobre el crimen financiero es superlativa cuando se analizan los datos. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito calcula que cada año se lava entre el 2% y el 5% del PIB mundial; en la Unión Europea el crimen organizado genera unos 139.000 millones de euros al año y, según Europol, apenas el 2% de las ganancias llegan a confiscarse. En América Latina la magnitud es mayor: las estimaciones más citadas sitúan el lavado de activos en torno al 7% del PIB regional. El Foro Económico Mundial, junto a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, lo resume así: el crimen es, ante todo, un fenómeno económico y financiero, y la diferencia entre los países no la marca la dureza penal, sino la resiliencia, es decir, la capacidad de seguir el dinero, incautar y sostener las acciones públicas.
El propio Foro advierte que la respuesta no está en ampliar la vigilancia sobre la vida privada, pasa por construir cadenas de evidencia, con apoyo de inteligencia artificial, que vinculen documentos y operaciones para sustentar cada transacción. Inteligencia patrimonial focalizada, no la vigilancia masiva, es lo que separa a un Estado que persigue el dinero con precisión y uno que vigila a todos sin desarticular a nadie.
Este argumento tiene dos aproximaciones que creo conveniente precisar. Por una parte, está la perspectiva disuasiva, que tiene su énfasis en que quitarle las rentas a una organización la desarticula mejor que capturar a sus miembros, porque estos son siempre reemplazables. La segunda, más de fondo, es evitar a toda costa que los ingresos de la economía ilícita contaminen la economía formal. Cuando el dinero del crimen se lava e ingresa a los mercados legales, distorsiona la competencia (desplaza a las empresas que cumplen la ley con precios imposibles de igualar), infla artificialmente los activos como la vivienda, se apodera de sectores completos y compra influencia en funcionarios e instituciones. El resultado es una economía menos productiva, mercados menos confiables y una democracia más expuesta a la corrupción. Por eso este asunto no va solo de un problema de seguridad, es uno de integridad económica e institucional.
Chile se alineó con ese criterio, al menos en el diseño. El ciclo legislativo de los últimos años construyó buena parte de las herramientas que la evidencia recomienda: tipificó la asociación criminal, robusteció el comiso, creó técnicas especiales de investigación, una nueva ley de inteligencia y trató de robustecer a la Unidad de Análisis Financiero. En efecto, en 2023 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el eje de la estrategia de la ruta del dinero, donde se encuentra la coordinación interinstitucional, trazabilidad de operaciones, ampliación de los sujetos obligados y, sobre todo, el levantamiento administrativo del secreto bancario para perseguir el lavado de activos.
Y es que acá está uno de los aspectos que se suele omitir, porque esta iniciativa, la que de verdad ataca la economía del crimen, lleva más de tres años en tramitación y hoy está entrampada en comisión mixta, precisamente por el secreto bancario. Es decir, la herramienta que la evidencia internacional señala como decisiva, la que el estándar GAFI exige para que la reserva bancaria no bloquee la persecución financiera, y la que el volumen de lavado vuelve urgente, es la que sigue detenida.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en una reforma constitucional que avanza en la dirección contraria: reconoce un deber de seguridad que ya existe, crea un estado de excepción de causal elástica, excluye a los condenados de derechos sociales y faculta al Senado a declarar, por votación, que una agrupación es una organización criminal. Ninguna de esas materias, como ya he explicado, agrega una sola capacidad de desarticulación financiera. Son solo gestos.
Es lo que la sociología del derecho denomina legislación simbólica, normas cuyo éxito no se mide por su eficacia, sino por su efecto comunicativo inmediato. Cuando un país opta por esa estrategia, produce efectos que no son inocuos, porque provoca cinismo cuando la norma existe y nadie la aplica; satura a fiscales y tribunales con causas nacidas al amparo de normas cosméticas, y da por cerrado el problema con la celebración de la promulgación, postergando las reformas de gestión que de verdad lo abordan, transformándose en el reverso exacto de la resiliencia que la evidencia internacional identifica como decisiva.
La paradoja es difícil de defender, porque se acelera lo simbólico (una reforma constitucional que proclama firmeza) y se detiene lo sustantivo (el proyecto que permitiría, de verdad, seguir el dinero). Frente a un crimen que es, ante todo, una red financiera, la respuesta responsable no es una nueva declaración constitucional, sino destrabar el subsistema de inteligencia económica, hacer funcionar las capacidades que ya tenemos y medir el éxito por resultados, no por titulares. El mayor riesgo de persistir en los enfoques de la reforma constitucional no es que se endurezca el orden, es que, teniendo a mano herramientas para desarticular la economía del crimen, terminemos con una agenda de seguridad reducida solo a un símbolo y, de paso, afectando seriamente la sanidad y competencia de nuestra economía.
Fuente: The Clinic
