La tramitación de uno de los proyectos emblemáticos del Ministerio de Ciencia enfrenta dificultades que van más allá de los plazos legislativos. La indicación sustitutiva con la que la ministra Ximena Lincolao pretende reformular el proyecto de regulación de la inteligencia artificial en Chile abrió un nuevo frente de controversia dentro del Ejecutivo, luego de que el documento llegara a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con varios reparos jurídicos y observaciones sobre su contenido.
El problema, según distintas fuentes de gobierno consultadas por La Tercera, se originó en la propia elaboración de la propuesta. Aunque inicialmente el Ministerio de Ciencia había trabajado en un borrador que debía pasar por las habituales revisiones técnicas y legislativas, además de una mesa de trabajo con otras carteras, r gran parte de su contenido, sin compartir la nueva versión con sus colaboradores.
Las mismas versiones aseguran que, cuando la propuesta llegó a Segpres se encontraron con una cantidad considerable de observaciones legales. La situación generó una dificultad adicional, ya que los propios equipos del Ministerio de Ciencia no estarían en condiciones de responder las consultas técnicas sobre la indicación, debido a que desconocen el contenido de la versión reformulada por la ministra.
La versión coincide con lo relatado por fuentes al interior de la cartera, quienes describen una forma de trabajo en la que Lincolao ha concentrado personalmente decisiones y documentos que habitualmente requieren la participación de equipos técnicos.
Según ese testimonio, incluso en reuniones de coordinación con la Segpres, la ministra habría dejado establecido que la iniciativa quedaba exclusivamente bajo su responsabilidad, provocando desconcierto entre los participantes.
Las correcciones de Segpres y el Segundo Piso
Los reparos al texto obligaron a abrir un trabajo de revisión que involucra tanto a los equipos jurídicos de la cartera dirigida por José García Ruminot, como a asesores del Segundo Piso de La Moneda.
De acuerdo con fuentes conocedoras de esas conversaciones, una de las personas que participa en el análisis es Sebastián Torrealba, asesor presidencial vinculado a materias tecnológicas y de inteligencia artificial, quien ha trabajado con los equipos encargados de evaluar las modificaciones necesarias antes de que la indicación sea presentada formalmente al Congreso.
La revisión no se limitaría a corregir aspectos de técnica legislativa. En el gobierno también se estudia incorporar elementos de otras propuestas que actualmente se discuten en el Senado, particularmente la presentada por el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Rojo Edwards.
Así, agregan las mismas versiones, tienen que encontrar una fórmula entre lo que presentó el senador en comisión, rescatar aspectos del texto de Lincolao y presentar una propuesta final, para lo cual tienen plazo hasta el 4 de diciembre. Así, el documento que finalmente ingrese al Parlamento podría experimentar nuevas modificaciones respecto de la versión preparada personalmente por la ministra.
Según fuentes de gobierno, a las observaciones jurídicas de la Segpres se sumó otro cuestionamiento, esta vez desde el Ministerio de Hacienda. Según conocedores de la propuesta elaborada por Lincolao, , disposición que provocó una fuerte reacción de la cartera encargada de las finanzas públicas.
La medida permitiría, bajo las condiciones que estableciera la norma, reconocer tributariamente de manera acelerada el costo de determinadas inversiones, y reducir considerablemente su carga impositiva. Sin embargo, su alcance específico y las condiciones de aplicación no han sido detallados públicamente.
El cuestionamiento de Hacienda incorpora así una dimensión tributaria a las dificultades de una propuesta que originalmente estaba centrada en establecer reglas para el desarrollo, implementación y utilización de sistemas de inteligencia artificial.
Las discrepancias ocurren mientras el Senado intenta destrabar la discusión legislativa. El proyecto original ingresó al Congreso en abril de 2023 y actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional. La iniciativa recogía elementos del modelo europeo, especialmente una clasificación de los sistemas de IA según cuatro categorías de riesgo.
Lincolao, en cambio, ha promovido una regulación menos prescriptiva, basada en el contexto y los impactos efectivos de las tecnologías, con estándares técnicos actualizables, certificaciones voluntarias y espacios de experimentación regulatoria, conocidos como sandboxes.
Sin embargo, la indicación sustitutiva que permitiría materializar ese cambio todavía no ha sido ingresada formalmente. El 1 de septiembre, además, el Ejecutivo redujo a simple la urgencia legislativa del proyecto. Y aunque la Comisión Desafíos del Futuro del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar, la ausencia del documento gubernamental continúa generando inquietud.
Ante ese escenario, los senadores acordaron en la comisión pasada proponer el 4 de diciembre como fecha límite para presentar indicaciones, decisión que todavía requiere la ratificación de la Sala.
La propia Lincolao ha manifestado su molestia por la falta de respaldo político a la iniciativa. Ahora, el Ejecutivo enfrenta el desafío de construir una versión que concilie las aspiraciones regulatorias de la ministra con los criterios técnicos, tributarios y políticos del resto del gobierno.
Consultados al respecto, en el Ministerio de Ciencia indicaron que “ha estado trabajando las indicaciones sustitutivas para la propuesta de Ley de IA con todos los actores relevantes, recogiendo sus distintas miradas y aportes para construir una regulación que promueva la innovación, el desarrollo de esta tecnología y que sea responsable con los desafíos que presenta. Si bien es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación quien lidera el proceso y firma el proyecto, lo ha hecho articulando un trabajo con todos los actores relevantes. Las indicaciones serán ingresadas al congreso en tiempo y forma”.