La oposición está decidida a avanzar en la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat. Así lo han confirmado los propios diputados de izquierda.
Para eso armaron un equipo de asesores legislativos que están redactando los tres capítulos que tendrá el libelo acusatorio.
En ese trabajo previo ninguno de los abogados de renombre del sector se está involucrando directamente y las labores de redacción quedaron bajo la coordinación del exsubsecretario Segpres Nicolás Facuse (PS).
En La Moneda han estado monitoreando este tema y de hecho el propio Presidente José Antonio Kast ha emplazado a la oposición a presentar la acusación.
“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote y que lo estimen pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la acusación mañana, porque la han anunciado todos los días y cada día le falta un antecedente más, y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al Derecho ni a la Constitución”, dijo el Mandatario la semana pasada.
En el Ejecutivo están conscientes de los problemas que ha tenido la oposición para armar el libelo. La razón, comentan en La Moneda, apunta a que la crisis de Rabat podrá ser un grave error político, pero la situación está bastante lejos de constituir alguna causal jurídica para destituir a un ministro de Estado.
Se busca defensa
Dado que es cosa de días para que la izquierda ingrese la acusación, en el gobierno saben que eso derivará en que Rabat tenga que buscar a un abogado para defenderlo ante la Cámara de Diputados.
El titular de Justicia ha transmitido que mientras el libelo no esté ingresado formalmente, no acelerará su decisión de fichar a un defensor. Sin embargo, eso no ha privado a que el gobierno busque alternativas para enfrentar esta defensa constitucional.
Para definir el perfil del defensor se instaló el criterio de que era una buena idea buscar a un profesional cuya figura no esté asociada exclusivamente a la derecha. El objetivo es buscar un profesional transversal y que pueda tener vínculos con sectores de la oposición.
Con ese criterio en el horizonte es que una de la opción que corre con fuerza es la de Francisco Cox. El abogado, de hecho, tiene amplia experiencia defendiendo ministros de Estado ante acusaciones constitucionales, tanto de derecha como de izquierda de los gabinetes de los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
En 2019 Cox defendió a la exministra de Educación Marcela Cubillos. En 2023 defendió al exministro de Educación Marco Antonio Ávila (FA) y en 2025 hizo lo mismo con el exministro de Energía Diego Pardow (FA). En todos esos casos las acusaciones se terminaron desestimando, ya sea en la Cámara o en el Senado.
Cox además es socio del expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Ignacio Piña. El abogado, según fuentes de gobierno, es cercano con Rabat hace bastantes años. De hecho suelen conversar sobre distintos temas y luego de la crisis por las rebajas de condena han seguido en contacto.
En paralelo a la búsqueda de abogado, el gobierno y los partidos del oficialismo siguen tratando de contener a su sector. El desafío está en lograr disciplina en sus filas y contener la tentación de que diputados crucen el río y voten a favor de la acusación contra un ministro de su propio gobierno.