Hay pérdidas que duelen y otras que, además, erosionan la confianza. Las de los fondos D y E reúnen ambas condiciones. Lo ocurrido pone en entredicho el objetivo de “conservar el valor de la pensión”, especialmente para quienes buscaban minimizar riesgos.
Los números son elocuentes. Aunque octubre trajo una recuperación parcial, los fondos E y D acumulan caídas reales de 7,6% y 4,7% en 2026. Las AFP atribuyen el golpe a la escasez de instrumentos locales de duración adecuada y al uso de derivados expuestos a las variaciones de las tasas de interés estadounidenses. Sin embargo, aún no está claro el criterio para asumir tales niveles de riesgo en fondos conservadores. La Superintendencia abrió procedimientos sancionatorios contra las siete AFP; las eventuales responsabilidades aún deben establecerse.
Según el propio gremio, cerca del 10% de los afiliados del fondo E tiene más de 60 años. Ante estas pérdidas, su presidente sugirió evaluar la postergación de la jubilación. La idea puede ser razonable, pero encierra una paradoja: los afiliados asumirían íntegramente los costos de una estrategia de inversión cuya prudencia está bajo escrutinio, sin que las administradoras asuman costo alguno.
En medio de este episodio, conviene rescatar una propuesta olvidada de las propias administradoras. En 2014, la Asociación de AFP propuso ante la Comisión Bravo no cobrar comisiones a quienes continuaran cotizando y postergaran la jubilación más allá de la edad legal. No fue una conversación de pasillo: quedó por escrito en la documentación oficial de la Comisión. En 2017, Fernando Larraín, entonces gerente general del gremio, reiteró la disposición de la industria, aunque advirtió que requería cambios normativos.
Doce años después, ¿por qué no cobrarles la palabra?
Eximir de comisiones a quienes posterguen su jubilación sería una señal concreta de corresponsabilidad. No repararía las pérdidas ni reemplazaría las sanciones que procedan si se acreditan infracciones. Pero mostraría disposición a asumir parte de los costos de sus decisiones en beneficio de los afiliados. La confianza no se recompone con columnas de opinión o correos informativos, sino con hechos y aceptación de consecuencias.
La medida también trascendería la coyuntura. Postergar la jubilación permite aumentar el ahorro y, sobre todo, reducir los años a financiar. La evidencia muestra que retrasarla un año elevaría la pensión autofinanciada entre 6% y 7% para las mujeres y entre 8% y 9% para los hombres, con efectos crecientes por cada año adicional. Casi todo este aumento se explica por acortar el período de retiro. Mayores pensiones también pueden aliviar presiones sobre beneficios públicos, aunque no reducen automáticamente el gasto en PGU.
Pero hay otra ganancia, menos cuantificable y quizá más importante: cambiar la señal. En Chile seguimos tratando los 60 o 65 años como una fecha de caducidad laboral, incluso para personas plenamente activas y productivas. Incentivos como este, junto con mayor flexibilidad y oportunidades de empleo, permitirían elevar voluntariamente la edad efectiva de retiro y facilitar una futura discusión sobre la edad legal, especialmente para las mujeres.
La industria lleva años buscando recuperar credibilidad. Hoy tiene la oportunidad de demostrar coherencia y materializar una propuesta propia. Si se requieren cambios legales, que los impulsen mediante una ley corta y acotada. La palabra está dada. Falta cobrarla.
*El autor de la columna es economista sénior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC-UDP).