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Tras casi cinco años: Enap y ejecutivos contestan demanda de familias de Quintero que acusan contaminación por crudo iraní

Tras casi cinco años: Enap y ejecutivos contestan demanda de familias de Quintero que acusan contaminación por crudo iraní

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A mediados de octubre, tras casi cinco años de tramitación, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), sus filiales y ejecutivos presentaron sus descargos en el marco de la disputa civil por los episodios de contaminación ocurridos en 2018 en Quintero y Puchuncaví. Asesorados por los abogados Felipe Bulnes y Enrique Urrutia, la defensa ingresó un bloque de 32 escritos -que suman en conjunto 3.746 páginas- en representación de la estatal, sus funcionarios y sociedades vinculadas, entre ellas Enap Sipetrol y Enap Refinerías.

Esta ofensiva judicial es la primera contestación formal frente a las nueve demandas de indemnización de perjuicios interpuestas por el abogado penalista de la Octava Región, Remberto Valdés. Todas estas acciones, presentadas en representación de distintas familias afectadas, se encuentran acumuladas en el 1° Juzgado Civil de Talcahuano y exigen compensaciones que en total alcanzan los $16.800 millones.

El litigio específico al que respondió la empresa se inició el 16 de marzo de 2022, cuando 11 grupos familiares de Quintero y Puchuncaví demandaron a Enap Refinerías y a seis de sus directivos por una suma de $463 millones. Los demandantes acusaron a la compañía y a sus ejecutivos de negligencia e infracciones normativas en la importación y manejo de un cargamento de crudo iraní con altas concentraciones de ácido sulfhídrico.

Según consignó la acción judicial, tras efectuar maniobras de traspaso y liberación de gases en la Bahía de Concepción, la mitad del petróleo fue trasladada al Terminal Marítimo de Quintero. En esas instalaciones, el 17 de agosto de 2018, se instruyó drenar residuos líquidos del hidrocarburo hacia canaletas y piscinas abiertas a la intemperie, lo que facilitó la dispersión de gases tóxicos que desencadenaron la emergencia sanitaria y ambiental en ambas comunas entre el 17 y el 25 de agosto de ese año.

Junto con la petrolera estatal, la demanda apunta a la responsabilidad civil de seis ejecutivos de la firma: Álvaro Hillerns, gerente de Enap Refinerías Biobío; Patricia Cabalá, jefa del Departamento de Operaciones y jefa subrogante de Programaciones y Terminales de dicha filial; Jorge Farías, jefe del Área Marítima en Biobío; Edmundo Piraíno, gerente de Enap Refinería Aconcagua; Juan Pablo Rhodes, director del Terminal Marítimo de Quintero; y Carlos Lizana, jefe del Área Terrestre del mismo terminal.

Todos ellos fueron absueltos por fallos confirmados en la Corte Suprema.

Descargos

Enap, Enap Sipetrol, Enap Refinería y los ejecutivos demandados señalaron en sus presentaciones ser “conscientes de la situación que afecta hace décadas a las comunas de Quintero y Puchuncaví”, pero al mismo tiempo señalaron que:

“No podemos aceptar que un problema complejo, multisectorial y multicausal se intente simplificar de la manera en que lo hace la demanda, donde se intenta atribuir responsabilidad a nuestra representada y a otros demandados sin prueba alguna y, peor aún, contra evidencia indesmentible que acredita que estos no tuvieron injerencia alguna en los acontecimientos en los que se funda el libelo”, consignaron los escritos.

En su presentación, los ejecutivos de Enap señalaron que este procedimiento servirá como una instancia que dejará a la vista la “total ausencia de responsabilidad y de otros demandados en la situación sanitaria que afectó a algunos habitantes de Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018”. “Ello, tal como ya quedó en evidencia en el proceso penal iniciado a raíz de estos mismos hechos y en el cual nuestros representados fueron absueltos”, acotó el documento.

“Nos asiste la total convicción de que ni el crudo importado desde Irán, ni las actividades del Terminal Quintero son responsables de los eventos ocurridos en Quintero y Puchuncaví entre el 17 y el 25 de agosto de 2018″, explicaron los escritos de Enap, Enap Refinería, Enap Sipetrol y sus trabajadores.

Por otro lado, Enap y sus filiales, para afianzar su posición en el juicio, citaron un estudio del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago (Usach), el cual modeló el peor escenario posible y concluyó que, por la alta volatilidad y rápida dispersión de estos gases, las concentraciones jamás habrían superado el umbral de olor ni llegado a la zona urbana de Quintero o Puchuncaví.

“No podemos dejar de manifestar nuestro rechazo al reclamo por daño moral, primero por cuanto -insistimos- no han sido causados por nuestra representada y, segundo, por cuanto sus valores son desorbitantes y desproporcionados (las cifras fluctúan entre $8 millones y $28 millones por persona). Y viene al caso reiterar acá que cualquier eventual malestar originado en el manejo del Crudo IH en el Terminal (que negamos categóricamente), sería muy acotado tanto en el tiempo como en intensidad, según ya ha sido explicado”, concluyeron Enap y sus filiales.

“(Por) Los montos solicitados pareciera que, en el fondo, se pretende que los demandados de autos paguen cuantiosas cantidades no con motivo de daños derivados del Crudo IH (que no existen), sino por eventuales malestares vinculados a la situación ambiental que viene afectando a las localidades de Quintero y Puchuncaví desde hace décadas, cuestión que no solo es improcedente, sino que evidentemente injusta”, añadió la estatal.

Trabajadores

La defensa de los trabajadores alegó la imposibilidad de aplicarles la Ley REP (Ley N° 20.920).

La defensa destacó que la Corte Suprema en 2023 anuló la condena previa y los absolvió definitivamente al concluir que el delito no existió, decisión que produce “efecto de cosa juzgada en el juicio civil”.

Sostuvo también que ni el petróleo crudo iraní, ni el ácido sulfhídrico, ni las aguas drenadas de los estanques, califican legalmente como “residuos”, sino que son elementos naturales o insumos utilizados para generar energía.

Asimismo, el escrito de los trabajdores planteó que el trasvasije del crudo es una operación lícita y que el tratamiento de las aguas oleosas drenadas cuenta con autorización ambiental vigente desde 2005, cuando la petrolera ambiental obtuviera su Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Fuente: Negocios La Tercera

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