El pasado 27 de julio, en la Academia Nacional de Estudios Políticos (Anepe), el gobierno dio el vamos a una de las primeras medidas del ministro de Defensa, Fernando Barros: . Previo a esa instancia, el Ejecutivo ya había avanzado en dos etapas para renovar la normativa que no se actualiza desde 2021 cuando la publicó la entonces administración del expresidente Sebastián Piñera.
La Política de Defensa es la hoja de ruta que guía los objetivos, funciones e incluso instrucciones para las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En el mundo militar, además, es vista como una “política de Estado”, ya que establece los intereses de Chile en temas territoriales y limítrofes, las capacidades y hasta las amenazas del país. Una de las novedades de esta versión es que considerará como amenaza al crimen organizado.
Desde el retorno a la democracia esta política, en sus distintas versiones, ha considerado algunos temas primordiales para el país, como por ejemplo la protección de territorios insulares y la Antártica. También se ha consignado que Chile no tiene un interés expansionista, pero advierte que la nación reconoce el derecho a la legitima defensa en caso de amenazas militares.
El proceso para actualizar la política de defensa quedó a cargo del subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez. El trabajo incluyó seis etapas, ya van tres listas y se espera que concluya en diciembre, fecha en la que será entregada al Presidente José Antonio Kast. Posterior a aquello, se ingresará a Contraloría para su toma de razón.
Consultado al respecto, el subsecretario Álvarez afirma que “los objetivos son más bien de continuidad respecto de similares documentos anteriores, en términos de explicitar la postura de nuestro país y del gobierno del Presidente Kast, respecto a la seguridad global, regional y primordialmente, respecto de asegurar nuestra propia soberanía como Estado democrático e independiente”.
“El trabajo que estamos ejecutando incorpora materias derivadas de otros documentos vigentes, tales como el Libro de la Defensa Nacional 2017, la Política de Defensa 2020 y considera también, los antecedentes generados durante el proceso llevado a cabo por la anterior administración”, añade Álvarez.
La nueva propuesta
Tres meses antes de dejar el gobierno, la administración del expresidente Gabriel Boric ingresó a Contraloría una actualización de la Política de Defensa.
Entre los fundamentos que planteaba esa propuesta, que nunca vio la luz porque fue retirada en marzo por Barros, ponía como objetivos para las FF.AA. la protección de la infraestructura crítica y, además, la perspectiva de género.
Según pudo conocer La Tercera, la versión actualizada en la que trabaja el gobierno incluye novedades vinculadas a los escenarios en los que se desarrollan las instituciones militares. Aquello implica la incorporación de cambios conceptuales y estratégicos respecto a la versión de 2021. Además, se eliminará la perspectiva de género como objetivo de las FF.AA.
La nueva Política de Defensa incorporará la transformación del escenario internacional, como la permanencia de conflictos armadas, problemas de geopolítica, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, ciberdelincuencia, entre otros.
Pero además de eso, la política considera las amenazas o desafíos regionales. En esta sección se contemplará, como
Sobre este punto, el subsecretario Álvarez explica que “actualmente, a nivel global y regional persiste la presencia de desafíos a la seguridad como el crimen organizado transnacional, los efectos de la migración o las consecuencias del cambio climático, que justifican la necesidad de incorporarlos en la definición del entorno estratégico para esta nueva actualización”.
Sin embargo, afirma, “el crimen organizado transnacional no es algo nuevo, ya fue incorporado como potencial amenaza a la seguridad nacional en la evaluación del entorno de seguridad y defensa para Chile de la Política de Defensa 2020. En ese documento se declara que, pese a ser un problema global, requiere de una respuesta cooperativa entre los diferentes países, sea ello a través de intercambio de información y estrategias de colaboración, entre otros. Asimismo, se señala, que la principal responsabilidad en esa materia es de las autoridades competentes y de las policías, incluida la Policía Marítima dependiente de la Armada”.
La incorporación del crimen organizado en la política, sin embargo, no implica el ingreso de las FF.AA. en materia de seguridad, aunque sí las obliga a pensar cómo actuar ante ciertas circunstancias.
Según explica la autoridad de Defensa, “el sector Defensa apoya, en términos específicos y acotados, con las capacidades de las FF.AA., particularmente en los ámbitos de control de zonas fronterizas, apoyo técnico-logístico, de transporte, traspaso de información residual, actividades de vigilancia del espacio aéreo nacional y de seguridad aeroportuaria”.
La actualización además planteará los objetivos que sigue la actual administración, como el trabajo de las FF.AA. en las zonas más aisladas, la ciberdefensa, el desarrollo aeroespacial o de tecnología, entre otros.
El subsecretario concluye que la misma actualización, además, debería relevar “el carácter de política de Estado de la Política de Defensa, y en tal sentido, requiere continuidad y actualización, teniendo siempre como visión, la misión principal de la Defensa, cual es desarrollar y mantener una fuerza preparada para actuar, disuasiva y capaz de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de Chile, sin perjuicio de otras contribuciones que debe y puede hacer al devenir nacional. Ello implica necesariamente una planificación de largo plazo e inversiones sostenidas en el tiempo, que habiliten la materialización de capacidades permanentes”.