La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado. La discusión estuvo marcada por las diferencias en torno al financiamiento de las medidas preventivas, las responsabilidades de los propietarios de terrenos y el rol que debe asumir el Estado frente a futuras emergencias.
Durante el debate, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, manifestó reparos al texto despachado por la Comisión Mixta y confirmó que el Ejecutivo presentará un veto sustitutivo. Según explicó, el proyecto establece obligaciones para los propietarios sin asegurar recursos adicionales para cumplirlas y podría generar problemas de constitucionalidad.
“”, afirmó el secretario de Estado, quien sostuvo que tramitar una nueva iniciativa podría significar entre dos y cuatro años de discusión. La propuesta del Ejecutivo, indicó, contemplaría compensaciones para propietarios y transferencias de recursos a los municipios.
Entre los parlamentarios críticos, la diputada Gloria Naveillán (PNL) calificó la iniciativa como “un muy mal proyecto” y cuestionó que no contemple suficientes medidas para la prevención ni disposiciones específicas para el combate nocturno de incendios. También reprochó que la limpieza de terrenos en zonas de interfaz quede principalmente en manos de sus propietarios.
En la misma línea, el diputado Sebastián Cristoffanini (REP) sostuvo que el proyecto “no tiene financiamiento” y advirtió que establece obligaciones cuyo cumplimiento puede resultar especialmente costoso para pequeños agricultores. El legislador defendió la necesidad de una ley que distribuya las responsabilidades de manera equitativa y cuente con recursos para su implementación.
Desde otra perspectiva, el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció su voto favorable, pese a considerar que el texto puede mejorarse. A su juicio, la aprobación permite avanzar en una regulación necesaria, mientras que el veto anunciado por el Gobierno podría introducir cambios posteriores.
El debate también incluyó advertencias sobre la necesidad de mantener la responsabilidad de los privados en la prevención. El diputado Bernardo Salinas (IND) planteó que el veto no debe “desnaturalizar este proyecto” ni eliminar las obligaciones de los propietarios de mantener sus terrenos en condiciones que reduzcan el riesgo de propagación del fuego. No obstante, abrió la posibilidad de establecer apoyos diferenciados para quienes no cuenten con capacidad económica suficiente.
Tras la votación en la Cámara, . En paralelo, el anuncio del veto sustitutivo anticipa que el texto podría experimentar modificaciones, especialmente en materia de compensaciones, financiamiento municipal y distribución de las obligaciones preventivas.
En su intervención, el ministro también detalló las medidas preparatorias para la próxima temporada, entre ellas la contratación de 10.000 personas para labores de limpieza de 7.000 kilómetros de cortafuegos, la disponibilidad de 3.778 brigadistas, 319 brigadas de Conaf y más de 77 aeronaves, además de recursos para la detección temprana de incendios.