El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este miércoles por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca limitar a $20 por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días, en medio de la paralización de organizaciones de camioneros por el sostenido incremento de los precios de las gasolinas y el diésel.
La iniciativa, cuyo envío había sido anunciado el lunes por el Ejecutivo, será dada a conocer oficialmente este jueves en la Sala de la Cámara, con la intención de que sea votada el próximo lunes 16 de noviembre. El gobierno solicitó discusión inmediata para acelerar su tramitación en el Congreso.
El proyecto contempla tanto las bencinas como el diésel y apunta a moderar el traspaso de los incrementos internacionales del petróleo a los precios que pagan los consumidores en Chile.
Su ingreso se produce luego de que este martes comenzara una paralización indefinida convocada por organizaciones como la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur.
Durante la jornada, representantes de los transportistas se reunieron con autoridades del Ejecutivo en el Ministerio de Transportes, en una cita encabezada por el titular de la cartera, Louis de Grange. Sin embargo, las conversaciones concluyeron sin acuerdo y los dirigentes anunciaron que mantendrían la movilización.
Entre las demandas planteadas por los camioneros figuran la reestructuración del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y modificaciones a los contratos de autopistas.
En paralelo, La Moneda designó al subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, como interlocutor con las organizaciones transportistas, mientras equipos de Hacienda, Transportes y Economía trabajan en propuestas para intentar destrabar el conflicto.
El gobierno también endureció sus advertencias frente a eventuales bloqueos de carreteras. El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a mantener el diálogo, pero advirtió que cuenta con herramientas legales para restablecer el orden y la libre circulación.
En torno a eventuales avances a raíz de a paralización de transportistas, el vocero de Gobierno manifestó -tras una reunión sostenida la noche de este martes por el Mandatario junto a ministros y presidentes de partidos del oficialismo en Palacio Cerro Castillo-, que “ya los tenemos contactados a todos para entrar conversaciones más que negociaciones, para ver cómo solucionamos este problema, entendiendo la grave crisis que sufren algunos de ellos por el alza de los combustibles”.
“Por eso el proyecto de ley que se ha propuesto es una rebaja o un límite al alza de los combustibles, que beneficia no solamente a los camioneros, sino que también a todos los chilenos”, acotó.
El proyecto del Ejecutivo
El anuncio de la iniciativa se produjo ante la perspectiva de nuevas alzas en los combustibles. Según las estimaciones conocidas a comienzos de esta semana,
Al anunciar la medida, el Presidente Kast sostuvo que “esto representa un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar estabilidad para los transportistas y para cada una de las familias de Chile”.
Asimismo, afirmó que “esta medida permitirá que cualquier ajuste futuro sea más gradual, reduciendo su impacto inmediato sobre los hogares y la actividad económica”.
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que la iniciativa busca dar un mayor margen de tiempo para que los precios internacionales del petróleo se estabilicen, en un escenario de incertidumbre geopolítica.
En una minuta difundida tras el anuncio, la cartera señaló que el gobierno “no puede controlar los precios internacionales de los combustibles ni anticipar el desenlace del conflicto bélico. Lo que sí puede hacer es utilizar responsablemente los instrumentos disponibles para amortiguar sus efectos”.
La propuesta se suma a los recursos que el Estado ya ha destinado al Mepco. Según cifras entregadas por Hacienda, entre agosto y octubre su impacto fiscal alcanzó los $1,1 billones, de los cuales $860 mil millones correspondieron a la contención del precio del diésel.
El Ejecutivo no ha entregado una estimación definitiva del costo fiscal adicional de la nueva medida, debido a que este dependerá de la evolución del precio internacional del petróleo.