El expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, Michael Clark Varela, está intentando revocar su prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, donde se encuentra recluido por los presuntos delitos de administración desleal e infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas.
El 18 de noviembre, Clark cumplirá tres meses recluido en ese recinto junto a Sergio Yáñez, exgerente general de ECapital (factoring del grupo Sartor), y Carlos Larraín, exgerente general de Aramco y hermano del fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín. Este último permanece detenido en Santiago 1 y aunque pidió su traslado, luego se desistió.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tenía previsto escuchar a la defensa de Clark, pero la audiencia se suspendió y se reprogramó para este jueves. Clark cambió de representante: Samuel Donoso asumió en reemplazo de Bernardo Rosenberg y presentó al tribunal dos escritos.
El primero es un informe titulado:”, elaborado por Patricio Arrau, socio de Gerens Consultores Limitada. El segundo es un reporte contable de Bernardino Cerda, ingeniero comercial y perito judicial que analizó los movimientos bancarios y la documentación tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) vinculados a Michael Clark Varela y sus sociedades (Redwood Capital, Antumalal y Bulla), así como su relación con 32 entidades del Grupo Sartor y la Sociedad Profesional Sartor Ltda. (SPS).
El informe de Gerens analizó los cargos formulados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio Público contra Michael Clark en relación con la arista Azul Azul del caso Sartor. Arrau es doctor en economía e ingeniero comercial de la Universidad de Chile, fue asesor del ministro de Hacienda de Chile Alejandro Foxley en temas financieros y Coordinador de Finanzas Internacionales en ese Ministerio (1991-1994).
El informe destaca que Clark no formó parte societaria del Grupo Sartor, limitando su vínculo a su rol de director independiente en la AGF Sartor (hasta 2022), promotor de la inversión para tomar el control de Azul Azul en 2021 y presidente del directorio del club deportivo.
El documento respaldó el proceso que le permitió tomar el control de Azul Azul, a fines de 2024, sin realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones). La CMF sancionó a Clark, argumentando que la compra del 90% de las cuotas del FIP Tactical Sport por parte de Inversiones Antumalal en diciembre de 2024 implicaba un control indirecto de Azul Azul y la obligación de lanzar una OPA.
“En opinión de este consultor, la CMF y el MP cometen un error al sancionar e imputar a MCV la infracción y fraude por incumplir la obligación de realizar una OPA por las acciones de Azul Azul. La toma de control debe ser normativa y no fáctica. Se toma el control o no se toma, pero no se puede tomar el control por adquirir la capacidad de cambiar a la administradora, pues mientras ello no ocurre, el controlador, es decir, quien designa a los directores de Azul Azul, sigue siendo la administradora”, argumentó Arrau, quien también consideró que el diseño, estructura y operaciones realizadas para la toma de control de Azul Azul el año 2021, fueron un esquema perfectamente legítimo y que corresponde a la aplicación de la regla de juicio de los negocios.
En las conclusiones, el reporte de Arrau propuso que la CMF aproveche las facultades que le otorga el proyecto de Ley de Mercado de Capitales para flexibilizar las exigencias normativas a ciertos vehículos de inversión y coinversión.
Contable
Mientras, en su reporte contable el perito Bernardino Cerda concluyó que no se encontraron movimientos ni relaciones cruzadas entre la cuenta de la Sociedad Profesional Sartor Limitada (SPS), Michael Clark, Redwood, Antumalal ni Bulla.
Según el documento, al que tuvo acceso Pulso, SPS tiene una cuenta corriente en el Banco de Chile. El perito analizó los flujos financieros de esta cuenta entre el 25 de enero de 2023 y el 3 de junio de 2026, lapso durante el cual la cuenta registró 533 movimientos (254 abonos y 279 cargos) que superan los $2.260 millones de pesos cada uno, interactuando de forma masiva con otras empresas del Grupo Sartor como Asesorías e Inversiones Sartor (AIS), Inmobiliaria Sartor y ECSF.
El perito constató que una parte importante de los abonos y cargos de esta sociedad (por ejemplo, 126 abonos que suman más de $1.600 millones) no cuentan con facturas o documentos tributarios de respaldo en los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Se encontraron 155 abonos provenientes de entidades relacionadas con el Grupo Sartor solamente en la cuenta corriente del banco Santander de MCV (Michael Clark Varela); las otras dos cuentas corrientes no registran abonos provenientes de esas entidades”, consignó el informe.
Asimismo, “el resultado obtenido permitió verificar que no existen abonos en los documentos disponibles, provenientes de las 32 entidades del Grupo Sartor, hacia cuentas corrientes de Antumalal Ltda.”.
El análisis de las dos cuentas corrientes de Bulla SpA arrojó que no registró movimientos bancarios con ninguna de las 32 entidades del Grupo Sartor en el periodo investigado. Esto responde a que la sociedad fue constituida recién en febrero de 2025 y ni en dicho ejercicio ni durante 2026 se detectaron transacciones con las empresas del grupo.