El académico Nicolás Espejo estaba en Ciudad de México cuando se enteró por la prensa del preinforme reservado de la Contraloría General de la República que, como parte de un proceso de fiscalización al Programa de Reunificación Familiar, llevado a cabo por el Servicio Nacional de Migraciones, descubrió que entre 2024 y 2025, 12 adultos trasladaron a un total de 486 niños y adolescentes haitianos desde ese país a Chile en 61 vuelos. En algunos casos, un solo adulto ingresó al país a cargo de hasta 34 menores en un mismo viaje, sin acreditarse vínculo familiar alguno. No sólo eso: durante procedimientos presenciales en los domicilios declarados, funcionarios constataron que 64 de esos menores no vivían con el adulto responsable al que habían sido entregados, se encontraban fuera o simplemente no tenían su residencia en la dirección informada.
Al experto en derecho de la niñez, profesor en Oxford, Leiden y Cork, que fue asesor legal de Naciones Unidas para América Latina y el Secretariado General en Nueva York en temas de infancia, la noticia, admite, lo sorprendió:
“Que hayan ingresado niños bajo el esquema de reunificación familiar, al parecer, y que luego, además, no sepamos bien qué ha pasado con ellos, me parece que es un problema que exhibe poca diligencia en la verificación de estándares mínimos que la legislación chilena exige”.
El informe de Contraloría revela fallas sistémicas extremas en el control de menores de edad haitianos. En términos de institucionalidad pública y seguridad nacional, ¿estamos frente a una negligencia administrativa aislada o ante un colapso deliberado de los filtros del Estado?
Independiente del informe final de la Contraloría, que determina un tipo nomás de responsabilidad, no ve todas las dimensiones, yo creo que hay indicios que revelan una falla estructural del Estado de Chile en protección integral a esos niños haitianos, trazabilidad del ingreso de esos niños y ausencia de una coordinación interinstitucional del sistema integral de todas las agencias del Estado para otorgar protección efectiva a esos niños. Sobre todo, cuando puede haber riesgo de delitos en su contra.
El documento fiscalizador expone que personas específicas ingresaron repetidamente al país con grupos de hasta 34 y 36 niños sin acreditar de forma fehaciente su vínculo familiar. Desde una perspectiva penal y de derechos humanos, ¿cómo se explica que las alertas fronterizas de la PDI o del Sermig no saltaran al segundo o tercer viaje de un mismo adulto “tutor”?
Puedo dar muchas explicaciones. Pero yo, en particular, creo que hay que prestar atención a una: y es que tú, o te concentras en los procedimientos, es decir, por ejemplo, en que tú llenas un formulario en línea, que subes los documentos, que muestras un documento en un lugar, o te concentras en los niños. En sus historias, de dónde vienen, quién es el adulto que lo está esperando en Chile. Si vive en el domicilio donde dijo que vivía, cómo se acreditó ese domicilio. Cuando llegan a la entrevista con el agente policial, cómo se hacen las preguntas, qué patrones se detectan. Tú puedes verificar eso, incluso, en el proceso de digitalización, porque está digitalizado el procedimiento de solicitud de esta visa temporal por reunificación familiar. Y en el sistema supongo que tú, más allá de ver si subió el documento, el pasaporte, la apostilla, el certificado de nacimiento, si es que aparece un nombre varias veces solicitando eso, debiera haber un mecanismo de control de eso.
¿Dónde identifica el problema de fondo?
Para decirlo claramente: cuando te concentras en los documentos, en las etapas, y no te concentras en los niños, dejas de ver los riesgos que pueda haber. Dejas de ver la coherencia de los relatos, dejas de ver si es que, efectivamente, los niños llegaron donde tenían que llegar, y este caso devela ese problema. Quiero decirlo con total claridad: la reunificación familiar no es parte del problema, es parte de la solución. Lo que ocurre es que como se trata de niños que vienen de contextos muy vulnerables, como Haití, y luego ingresan al país, el sistema tiene que concentrarse en ello. Ese es el estándar internacional. Entonces, realizar buenas entrevistas, leer bien la documentación que se sube, entrevistar bien a la llegada, detectar necesidades de protección. Entonces, cuando el sistema está, y cada uno sólo está haciendo la cosa formal que tiene que hacer, esa no es una respuesta basada en el interés superior del niño. De hecho, no responde al estándar legal en Chile que fija la ley de garantía de los derechos de los niños, ni con la Convención de los Derechos de los Niños que dice, en todos estos casos, que el centro tiene que ser el interés superior del niño.
¿El problema no está en las reunificaciones familiares, sino que en la desidia en el proceso de acompañamiento?
Exacto. Los niños tienen un derecho reconocido por la legislación y, diría, por la Constitución en Chile, que está en la Convención de los Derechos de los Niños, a ser reunificados con su familia cuando han sido separados de ella. Eso es lo que pasa con muchos de estos niños que vienen de Haití y de otros países. Y el Estado tiene una obligación de tratar esas solicitudes, dice la Convención, de manera positiva, humanitaria y expedita. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener una actitud que facilite la reunificación, no que ahora la llenemos de requisitos que la detenga. Porque si no, decimos, bueno, para no tener problemas con los niños reunificados, no los dejamos entrar. No, esa no es una respuesta. Tenemos que pensar el proceso migratorio no solo como un trámite en sentido estricto, formal, de que tú tienes documentos, de que cumplas requisitos. Acá son niños que vienen, entonces tienes que concentrarte en ellos, en sus trayectorias. Y las trayectorias son, ¿por qué están viniendo? ¿Con quién dicen que se van a reunir? ¿O quién los está atrayendo?
Se ha confirmado que al menos 64 menores están hoy completamente inubicables tras las fiscalizaciones en terreno. Considerando la altísima vulnerabilidad de la comunidad haitiana en Chile, ¿cuál es el escenario y paradero más probable de estos niños?
Bueno, es difícil en esto especular, pero mirando la trayectoria, además de casos similares, yo creo que acá hay dos hipótesis. Una es que es probable que estos niños hayan sido víctimas de tráfico. Es decir, un ingreso ilegal a Chile, con el objeto luego de transitar hacia otros países de destino, como Estados Unidos o, incluso, México. Esa es una ruta que está relativamente acreditada. De hecho, ha ocurrido en otros casos que se han judicializado en Chile con anterioridad. Entonces es probable que un grupo de ellos podría haber salido de Chile para continuar su tránsito hacia el norte. Y la otra hipótesis es que, dado el contexto de vulnerabilidad de estos niños, y en esto me parece, no es casualidad, que sean haitianos.
¿Qué quiere decir?
Yo creo que esto es sintomático de un problema estructural respecto de la población haitiana. La población haitiana es probablemente la más vulnerable de todas las poblaciones que tenemos en Chile de migrantes, porque vienen de un país donde las condiciones son tan aberrantes, que es muy difícil generar documentación, verificar el contexto y la vuelta a ese país es probablemente para muchos de ellos una condena. Tienen mucho temor de regularizarse, de ir a controles médicos. Entonces, ¿qué pasa? No es casualidad que son negros, que hablan creole, que vienen de Haití. Y de eso se aprovechan los grupos de crimen organizado transnacional para utilizarlos para delitos de tráfico, trata, explotación u otro. Entonces, no es casualidad, creo yo, y eso debería hacernos poner el énfasis en saber cómo podemos reforzar la protección de ese grupo de niños y también de sus familias. Si tú quieres que los niños se reunifiquen con sus familias, esas familias también tienen que tener condiciones que habilitan la protección de los derechos de los niños.
Documentos oficiales sugieren que se flexibilizaron y eximieron de legalización ciertos papeles de reunificación familiar debido a la crisis consular en Puerto Príncipe. ¿Justifica una crisis humanitaria o logística internacional el rebajar los estándares de verificación civil, arriesgando la integridad de menores de edad?
Tu pregunta sugiere una respuesta y me parece interesante, porque una cosa es que tú flexibilices algunos requisitos formales. Por ejemplo, acompañe el certificado inscrito en el Registro Civil o el certificado de nacimiento cuando en el país de origen hay condiciones que no permiten que la persona haga eso. Una cosa es que tú puedes flexibilizar cierta documentación, puedes flexibilizar algún requisito, porque consideras el contexto del país en el que el niño está solicitando la visa. Pero flexibilizar un requisito formal, pedir un documento distinto del otro, no implica flexibilizar el control riguroso y efectivo de los requisitos generales de la visa. Es decir, que efectivamente el niño tiene alguna relación con la familia, que hay un adulto que se puede hacer cargo de él, que el adulto en Chile, donde sí se pueden acreditar las condiciones, efectivamente se encuentra en una situación migratoria determinada. De modo tal que tú puedes flexibilizar algunos requisitos en atención a las condiciones del país de origen, pero no puedes relajar los mecanismos de control.
¿Qué herramientas reales tiene el Estado chileno para ubicar a estos niños migrantes? Sobre todo si han entrado en la clandestinidad.
Primero, obviamente, levantar toda la información que pueda no estar debidamente registrada en el sistema público. O sea, puede haber, por ejemplo, atención médica, puede haber registro en el sistema educativo, puede que un niño haya sido objeto de una medida de protección, entonces está en el registro de medidas de protección del Poder Judicial. O visitó la oficina local de protección, etc. En segundo lugar, la cooperación internacional, porque es muy probable que en algunos casos los niños no hayan quedado en Chile, sino que hayan caído en el tráfico o trata internacional. Eso implica que tanto las policías como la Fiscalía, a través de Interpol, y de las contrapartes de los sistemas de protección de niñez de los países de tránsito y destino, deben eventualmente tener la capacidad de generar información sobre ello.
¿Hay un tercer camino?
Sí. Recurrir a las comunidades migrantes, y esto me hace ir a otro tema. Para que eso ocurra hay que tener confianza y siempre trabajar con las comunidades migrantes, porque la mayoría de las personas que emigran no cometen delitos. Son personas, familias, que protegen a los niños. Acudir a ellas, porque tienen mucha información, sobre todo la comunidad migrante haitiana.
¿La comunidad haitiana confía hoy día en la institucionalidad chilena?
Tengo la impresión de que confía por vía de otras instituciones. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez.
¿Por qué?
Esas comunidades confían en esas instituciones porque no los van a perseguir, sino que los van a ayudar. Son los que presentan los oficios, los que presentan las demandas, los que les tramitan permisos, etc. Pero hay que llegar a las comunidades, y es una oportunidad, insisto, para generar un puente, y por eso es muy bueno que sea la ministra de Desarrollo Social, y no de Seguridad, quien lidere esta cuestión.
Fuente: La Tercera
