La exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en una demanda de tutela laboral a la cual tuvo acceso The Clinic, denuncia entre otras cosas que fue víctima de acoso laboral y un trato arbitrario por parte de la actual administración, quienes ordenaron su salida pese a no contar con sumarios ni sanciones previas. "He sido discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser una profesional que llegó por mérito propio, no por apellidos ni por cuotas políticas. No deberían ser motivos de persecución", dice la diplomática chilena.
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La historia de la polémica que rodea a la diplomática Manahi Pakarati con la Cancillería se remonta a fines de 2025, cuando la entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda subió un estado a WhatsApp con un llamado a la “autodeterminación de Rapa Nui”.
Ello, sumado a declaraciones que también había otorgado a un medio de Nueva Zelanda en septiembre reflexionando sobre el mismo tópico, le generó una reprimenda de Cancillería, que tuvo que salir a dar explicaciones, y luego derivó en su salida del cargo en enero y su posterior vuelta a Chile.
Desde febrero trabajaba como asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero finalmente bajo la actual administración se le pidió su salida.
La diplomática fue desvinculada bajo el argumento de “pérdida de confianza”, pero asegura que fue víctima de discriminación tanto por su género como por su origen rapanui, por lo que ahora ingresó una demanda de tutela laboral contra Cancillería.
“Hoy he dado un paso que nunca imaginé tener que dar”, comenta Pakarati a The Clinic.
Asegura que “desde el retorno a la democracia, nunca antes se había desvinculado un embajador o embajadora de carrera antes de los 65 años sin un sumario administrativo previo o sin que haya cometido una falta grave, sea esta de conocimiento público o reservado”.
“Sin investigación, sin derecho a la defensa, sin debido proceso. Este precedente es peligroso para la estabilidad de todo el servicio exterior chileno. Pero hay algo más profundo. Soy la primera mujer embajadora de Chile en Nueva Zelandia. Soy la única diplomática de carrera con ascendencia rapanui. He sido discriminada por ser mujer, por ser indígena y por ser una profesional que llegó por mérito propio, no por apellidos ni por cuotas políticas. No deberían ser motivos de persecución”, asegura la exembajadora.
Y agrega: “Insisto, yo no pedí la independencia de Rapanui, jamás he sido separatista. Soy una diplomática chilena (…). No estoy pidiendo privilegios, estoy pidiendo que se respeten mis derechos, que se respete la ley y que pueda defenderme ante el abuso”.
¿Qué vulneraciones denuncia Pakarati?
La demanda de 58 páginas, a la cual tuvo acceso The Clinic, fue enviada a las 23:52 horas de este lunes al Poder Judicial.
La diplomática interpone una denuncia por “despido vulneratorio, en razón de haberse vulnerado las garantías fundamentales de integridad física y síquica, igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación; libertad de trabajo, dignidad humana, derecho a la honra e indemnidad, además de demandarse prestaciones laborales”.
La demanda de tutela laboral presentada por Pakarati apunta a una compleja trama de acoso reiterado, discriminación, mobbing laboral y una posterior salida sin precedentes, dado que se le solicita su renuncia sin existir un sumario o investigación abierta.
De hecho, acusa que la manera en que Cancillería manejó su salida no fue un procedimiento común, sino que consecuencia de lo que fue un “proceso metódico, cruel e implacable de deshumanización y despojo de la dignidad funcionaria y personal”.
“Se persiguió a una mujer indígena por identificarse con la cultura de su pueblo originario, aplicando un juzgamiento severo y estereotipado que jamás se aplica a sus pares no indígenas“, dice, entre otras acusaciones, la demanda.
$100 millones de compensación monetaria, la restitución de sus funciones y disculpas públicas
A través de esta demanda Pakarati no busca solo una compensación económica, sino también una ética y profesional.
Foto: Cedida.
Primero, que la Cancillería declare que su despido es “consecuencia de un actuar vulneratorio de derechos fundamentales”, además de que fue “víctima de un acto de discriminación grave y conforme a ello se ordene el reintegro a mi puesto de trabajo”.
También que se publique en la intranet del ministerio y a través de todos los correos corporativos la sentencia de este juicio y una declaración pública en ese mismo medio de disculpas públicas hacia su persona.
A ello suma como medida reparatoria que Cancillería deba realizar a sus funcionarios capacitaciones de prevención de discriminación y maltrato.
También se pide que se dejen sin efecto las medidas adoptadas en su contra y que se elimine cualquier anotación en su hoja de vida funcionaria o registro que atente contra su trabajo.
En términos monetarios, en tanto, solicita una indemnización relativa a 11 meses de remuneración, el máximo legal, lo que ascendería a $31.117.504. Mientras que por concepto de lucro cesante, pide que se paguen sus remuneraciones correspondientes de este año (fecha en que terminaba su contrata), que valoriza en $19.802.048.
Considerando también la enfermedad laboral que devino de lo ocurrido, pide una indemnización por $20.000.000, y por daño moral, el monto de $30.000.000.
Además, pide que se le declare a Cancillería la “prohibición para contratar con el Estado” y que se remita la sentencia a la Inspección del Trabajo.
Cómo comenzó el fin de la carrera diplomática de Pakarati y el rol de hostigamiento que le acusa a Francisco Devia
Por 18 páginas, Pakarati describe los antecedentes preliminares de la demanda. Allí comienza destacando su carácter de diplomática de carrera con trayectoria de 29 años de servicio en el ministerio, sin haber sido objeto de sanción disciplinaria ni reproche.
También asegura que nunca ha militado en un partido político ni participado de algún movimiento ideológico dentro ni fuera de Rapa Nui.
Sin embargo, plantea que su situación cambió en el momento en que se le nombró embajadora de Nueva Zelanda, en 2024.
Manahi Pakarati se desempeñó como jefa de protocolo del Presidente Gabriel Boric entre 2022 y 2024.
Foto:JUAN FARIAS / AGENCIAUNO
Allí es que comenta que “el Ministro Consejero (M.C.) Francisco Javier Devia Aldunate desplegó un patrón sistemático, deliberado y público de hostigamiento y desacreditación en contra de mi representada”.
“Este asedio no solo fue tolerado, sino amparado e instrumentalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las máximas autoridades del Ejecutivo, escalando en una persecución que culminó de forma devastadora con la destrucción de la carrera diplomática de doña Manahi Pakarati”, agrega.
Francisco Devia fue, precisamente, de las primeras personas que comenzaron polemizando la imagen compartida por Pakarati en WhatsApp sobre la libre determinación de Rapa Nui, e incluso posteriormente escribió una columna de opinión al respecto.
“Las conductas lesivas del M.C. Devia se profundizaron a contar del año 2024 a través de publicaciones reiteradas en redes sociales, periódicos y medios de comunicación masivos, orquestando una campaña de constantes críticas y descrédito”, lo que se plantea estuvo motivado por la “envidia y mezquinidad” de Devia ante el nombramiento de Pakarati como embajadora y el repudio a su origen rapanui.
“Si bien (Devia) difamó a diversos colegas, respecto de la Embajadora Pakarati se ensañó de manera contumaz, contando con la complacencia pasiva de la institución”.
Así, relata que Devia “utilizó de forma malintencionada” la entrevista radial que Pakarati concedió en septiembre de 2025 donde se refería a la autodeterminación de Rapa Nui, la cual, acusa, tergiveró.
Devia articuló una “campaña pública de mala fe”, lee la demanda, donde su acoso estuvo encendido por su rechazo “explícito” a la política pública de equidad de género que se había estado impulsando en el Minrel, así como por un sesgo “contra su condición de mujer indígena”.
A ello se suma, menciona Pakarati, que Devia habría publicado una serie de artículos y columnas de opinión en medios de comunicación -previo incluso a la polémica foto publicada en WhatsApp- sin autorización del ministerio, como mandatan las normas del organismo.
Pakarati reconoce que en un contexto de vacaciones familiares publicó la polémica foto con el mensaje, pero que la ofensiva de Devia fue una escalada que incluyó llamados explícitos pidiendo su destitución por promover la autonomía de Rapa Nui, lo que asegura que además es “jurídicamente falaz y deshonesto”.
“En realidad mi representada únicamente hizo eco de una discusión político-administrativa que el propio Gobierno de Chile, a través de 32 Subsecretarías y del Ministerio del Interior, se encontraba activamente redactando, promoviendo y sometiendo a votación pública entre 2024 y 2026“, lee.
La complicidad que acusa por parte de la Cancillería
Según plantea la demanda, atribuirle intenciones separatistas “no solo demuestra la falsedad absoluta de los ataques del agresor, sino que evidencia la complicidad y el desamparo del MINREL al amordazar a la víctima y destruirla profesionalmente por haber reflejado la postura oficial de la República de Chile”.
Dado que la noticia fue conocida y replicada a nivel nacional, se menciona además que en ese entonces solicitó expresamente autorización a la Cancillería para dar su versión y desmentir lo que se decía, pero que las autoridades y el departamento de Comunicaciones le prohibieron tanto dar entrevistas como hacer declaraciones públicas.
“Se sometió a la actora a una indefensión flagrante: mientras el agresor destruía su honra en los medios masivos, el MINREL le impidió ejercer su derecho a la legítima defensa, amordazándola mientras era ejecutada públicamente”, menciona, asegurando que el ministerio “se hizo parte del linchamiento institucional”.
Posteriormente el hostigamiento de Devia habría sido confirmado, menciona la denuncia, dado que el 8 de junio de este año se ordenó sus suspensión y censura por “faltas graves a la ética tras acreditarse que expuso públicamente a la actora con intensidad desproporcionada, vulneró los instructivos ministeriales y prolongó deliberadamente el daño a su honra”.
El retorno forzoso de Pakarati a Chile y su posterior salida del Ministerio de Relaciones Exteriores
La denunciante asegura además que desde que arribó a Chile y en su nuevo cargo se suponía que asumiría la dirección de la unidad, lo que en la práctica no ocurrió, y que de hecho derivó en un “vaciamiento absoluto de sus funciones”.
Además, desde su llegada a su nuevo cargo también hubo una disminución considerable de su sueldo, lo que “respondió a una estrategia deliberada para mantenerla disminuida y degradada en todos los niveles”.
Al mismo tiempo Pakarati sufrió el impacto de la polémica laboral en su salud, reconocido tras atenderse en la Asociación Chilena de Seguridad, donde se le prescribió un “severo tratamiento psicofarmacológico”.
Su situación, eso sí, se profundizó con el cambio de mando. En los cuatro meses y medio que estuvo allí, asegura que “la sometieron a un acoso laboral omisivo”, y que finalmente derivó en que el 8 de abril le comunicaran de manera informal que el Gobierno le solicitaría su renuncia (lo que se concretó dos meses después).
“Dicha comunicación informal transformó la incertidumbre en una espera dolorosa, confirmando los rumores de que sería la primera Embajadora desvinculada sin un sumario administrativo previo que acreditara faltas a la probidad, rompiendo la tradición de retiro a los 65 años”, plantea.
Ello, además, cuestiona que responda a una “discriminación arbitraria por motivos políticos e ideológicos”. Así también critica la causal por la que se le despidió, además de la exposición pública a la que se le volvió a someter cuando se supo su desvinculación.
“La invocación de la ‘pérdida de confianza’ para forzar el cese de mi representada resulta jurídicamente inaceptable, desproporcionada y arbitraria, por cuanto la Embajadora Pakarati no se desempeñaba en ninguna función de alta dirección ni de representación exterior, encontrándose adscrita a la DIRAC”.
A ello se suma que nunca existió una investigación interna o sumario contra Pakarati que justificara el despido, por lo que, dice el documento, la autoridad prescindió del procedimiento formal consciente de que no existía falta alguna.
Por lo mismo critica que este tipo de acciones se tome contra una funcionaria de carrera que incluso llegó al escalafón más alto “por el solo hecho de no ser del agrado de quien decide su destino funcionario, en este caso, el Presidente de la República”.
“Hasta el día de hoy, el Estado de Chile no le ha comunicado a doña Manahi Pakarati cuáles fueron los motivos reales para interrumpir de forma arbitraria una carrera diplomática intachable antes de cumplir los 65 años”.
Fuente: The Clinic
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