Contraloría emitió un instructivo que regula la aplicación de test de drogas obligatorios para altas autoridades de Gobierno, cuyos resultados serán públicos y deberán repetirse al menos dos veces al año. El documento fija un plazo de hasta 30 días para realizar los exámenes tras asumir el cargo.
Compartir
La Contraloría General de la República emitió un instructivo, de 17 páginas, para regular la implementación del artículo 110 de la Ley 21.806. Es decir, la norma que obliga a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a someterse a test de drogas mediante muestras de pelo.
El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez, establece que los exámenes deberán realizarse al asumir el cargo y repetirse al menos dos veces al año, con resultados públicos. Además, en el instructivo se aclara que el control podrá efectuarse hasta 30 días hábiles después de asumir funciones, considerando las dificultades técnicas y administrativas para aplicar el procedimiento de manera simultánea a nivel nacional.
El instructivo también precisa que los controles de consumo deberán efectuarse en fechas variables e imprevistas. Esto, con el objetivo de resguardar el carácter sorpresivo del mecanismo. En el instructivo se señala que “los controles de consumo deben practicarse de manera imprevista, debiendo los sujetos obligados ser informados, a lo más, con dos horas de anticipación a la toma de las muestras“.
Junto con eso, Contraloría advirtió que negarse a realizarse los exámenes, obstaculizar los procedimientos o incumplir las obligaciones asociadas al control derivará en una investigación que puede acarrear sanciones conforme al régimen disciplinario aplicable para cada caso.
Los test de droga a ministros de Estado
Respecto de los ministros de Estado, el organismo señaló que, aunque no estén sujetos a sumarios administrativos como otros funcionarios públicos, igualmente pueden infringir el principio de probidad administrativa. El instructivo agrega que solo los resultados de los test serán públicos, mientras que otros antecedentes médicos o tratamientos deberán mantenerse bajo reserva conforme a la legislación sobre protección de datos personales.
El instructivo de Contraloría también aborda el financiamiento y la implementación práctica de los controles, señalando que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) deberá seguir prestando apoyo técnico y financiero en el proceso. En ese sentido, indicaron que el aumento de autoridades obligadas a realizarse los exámenes exigirá adecuaciones presupuestarias y coordinación administrativa por parte del Ejecutivo, además de licitaciones públicas para contratar los laboratorios encargados de efectuar los análisis toxicológicos.
Fuente: The Clinic
