Luego de la crisis que no suelta al ministro de Justicia Fernando Rabat por las rebajas de condena, la agenda legislativa de su cartera ha debido batallar con un Congreso cada vez más hostil.
Antes de la tormenta política que golpea al gobierno, Rabat se lucía en los pasillos de la Cámara y del Senado. De hecho alcanzó a recibir elogios de los parlamentarios en la tramitación de algunos proyectos complejos, tanto de su cartera como de asuntos de seguridad en los que le tocó acompañar el trámite legislativo.
Sin embargo, tras el episodio de las rebajas de condena, todo eso quedó en el pasado. Ahora Rabat debe enfrentar gritos de la oposición, carteles pidiendo su renuncia, una amenaza de acusación constitucional y negativas a que ingrese a las comisiones.
Pese a eso, Rabat sigue empujando su agenda legislativa y ha persistido en seguir tramitando y despachando proyectos importantes de su cartera.
En paralelo a la discusión de los proyectos para solucionar la crisis de las rebajas de pena, esta semana el ministro enfrentó el segundo trámite de un pequeño proyecto de ley para ajustar el cronograma de implementación del .
Esta nueva institucionalidad fue aprobada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El objetivo es que el servicio reciba el traspaso de una serie de ofertas estatales de representación jurídica como las Corporaciones de Asistencia Judicial y el programa de atención y orientación a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Boric, justo antes de terminar, nombró como primera directora a la abogada Macarena Cortés, cuya misión principal era hacerse cargo de la puesta en marcha de este nuevo servicio.
Pero luego de asumir Rabat, a fines de mayo le pidió la renuncia y el nuevo servicio quedó descabezado. En reemplazo, a cargo de coordinar la implementación, quedó la asesora Ignacia Vicuña.
Esos cambios fueron poniendo cuesta arriba que el gobierno pudiera cumplir con los plazos que vienen incluidos en las normas transitorias de la ley.
Uno de los temas más apremiantes, era que para echar a andar la nueva institucionalidad, la normativa incluía un esquema de implementación gradual distribuido en tres grandes etapas. En ese calendario la fecha más urgente era el inicio de la primera fase en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso para mayo de 2027.
Para darle más aire al cronograma de implementación, Rabat ingresó un proyecto de ley para modificar las normas transitorias. El mensaje tuvo un rápido paso por la Cámara, pero cuando llegó al Senado, el ministro se tuvo que enfrentar con la hostilidad que se instaló tras las rebajas de condena.
Los sorpresivos 17 votos a favor
El lunes la comisión de Constitución no lo invitó a la sesión para votar el proyecto. Por eso el plan era que expusiera Vicuña -tal como lo había hecho antes en la Cámara- pero Rabat llegó igual e hizo valer su derecho como ministro de Justicia a ingresar a la sesión.
Ese día la oposición dejó claro el mensaje. Por .
Los senadores de izquierda pusieron sobre la mesa la contradicción que implicaba que, tras la crisis de las rebajas de condena, el gobierno empujara un discurso a favor de las víctimas, pero al mismo tiempo atrasara la implementación de la Defensoría de las Víctimas. Una estrategia política que además, bajo cuerdas, tenía el apoyo de los gremios agrupados en la Federación Nacional del Acceso a la Justicia.
De esa manera el proyecto llegó con un informe desfavorable a la sala. El mensaje del Ejecutivo, para la sesión del miércoles, quedó en tercer lugar para ser votado. En el gobierno sabían que la izquierda rechazaría, por lo que la apuesta estaba en asegurar los votos de su sector y conseguir la venia del Senado aunque fuera de manera estrecha.
Lo que pudo haber terminado en una nueva derrota para Rabat, de manera sorpresiva, se transformó en una aprobación unánime de los senadores presentes en la sala.
La jugada tomó por sorpresa a la oposición. Como los senadores de izquierda querían hacerle un punto político al gobierno, y la sala estaba terminando, casi toda la oposición se retiró del hemiciclo.
En ese momento la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), le preguntó a la secretaría general si había quórum para seguir con la asesión. Luego de chequear que se podía continuar, se abrió la votación y el proyecto terminó siendo aprobado de
El asunto desató la molestia de la izquierda. Más aún luego de ver que los votos a favor eran de 16 senadores de derecha y había uno solo de la oposición: el senador PS Alfonso de Urresti quien no salió de la sala y decidió votar a favor del mensaje.
En medio del asedio de la oposición, la sorpresa del Senado implicó que Rabat pudiera anotarse un triunfo en uno de sus proyectos de ley.
Cuando la ley se publique, el cronograma para la implementación del servicio incluirá como fecha para el debut el mes de enero de 2028. Ahí el asunto tendrá que estar operativo al menos en las regiones de Arica Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso.