El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a la extesorera del Hospital Regional Doctor Leonardo Guzmán tras el juicio en el que se la acusó de apropiarse de $120 millones.
Un tercio de esos dineros correspondía a pensiones de pacientes de la Unidad de Psiquiatría del recinto asistencial en el que trabajó.
Los hechos fueron detectados y denunciados por el hospital a fines de 2024.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía SAC, con apoyo de Bridec y Lacrim de la PDI.
La mujer fue condenada por el delito consumado de malversación de caudales públicos y privados.
La audiencia de comunicación de la sentencia definitiva, en la que se dará a conocer la pena y los demás aspectos de la resolución, quedó fijada para el 23 de noviembre, a las 15.30 horas.
La trama del delito
De acuerdo con los hechos establecidos durante el juicio oral, la otrora trabajadora del Departamento de Finanzas del recinto hospitalario, se desempeñaba en un cargo que le imponía, entre otras responsabilidades, recibir las recaudaciones diarias de las cajas, registrar los ingresos en el sistema contable, custodiar el dinero y efectuar depósitos en las cuentas institucionales.
Adicionalmente, debía depositar en la cuenta bancaria institucional fondos provenientes de pensiones de invalidez que eran percibidas por pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría, que por no estar capacitados para ello y carecer de redes familiares, eran cobradas por un funcionario designado como apoderado.
Tras escuchar la prueba rendida por el Ministerio Público, representado por el fiscal Cristian Aguilar, el tribunal entendió por acreditado que, entre 2015 y octubre de 2024, la funcionaria, aprovechándose de su cargo y la confianza depositada en ella, sustrajo reiteradamente dineros que estaban bajo su custodia, provocando un perjuicio de $79.144.471 a los fondos públicos, y de $38.458.454 correspondientes a recursos privados de pacientes crónicos.
Por otra parte, se comprobó que, en el mismo periodo, en las diversas cuentas bancarias de la extesorera condenada, ingresó un total de $101.812.979, en su mayoría a través de depósitos en efectivo, monto que carece de fuente u origen lícito comprobable, por lo que correspondería a dineros sustraídos de los fondos que debía custodiar en su calidad funcionaria.