Estas semanas coinciden dos agendas que deberían conversar. El Plan Chile Renace sigue instalando mesas regionales, entre ellas la de Magallanes, la región con la menor fecundidad (0,91 hijos por mujer), en un país cuya tasa ya bajó de uno (0,99). Al mismo tiempo, el proyecto de Sala Cuna Universal ya pasó la Comisión de Trabajo y ahora está en manos de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Que el gobierno ponga la natalidad en el centro de su agenda es una buena noticia. Aprobar la sala cuna sería una señal en la dirección correcta.
La evidencia reciente cambió la forma de entender la natalidad. Durante décadas, las mujeres que trabajaban tenían menos hijos. Hoy, entre los países desarrollados, la relación se invirtió: tienen más hijos aquellos donde es más fácil combinar familia y carrera (Doepke et al., 2023). En Chile esa combinación es especialmente difícil. Según el Child Penalty Atlas (Kleven, Landais y Leite-Mariante, 2025), el primer hijo reduce el empleo de las mujeres en un 37% relativo a los hombres, y la caída no se recupera en diez años. Para una mujer joven, postergar la maternidad no es una preferencia cultural, sino un cálculo razonable.
El cuidado infantil actúa sobre ese cálculo en dos márgenes. El primero es la fecundidad: en Alemania, la expansión de cupos de cuidado para menores de tres años aumentó los nacimientos (Bauernschuster, Hener y Rainer, 2016), y en Noruega se observó lo mismo (Rindfuss et al., 2010). El segundo es el trabajo de las madres, que es justamente el canal por el que opera ese efecto: si el cuidado permite seguir trabajando, tener un hijo deja de costar una carrera. Chile tiene evidencia propia en este margen: el programa 4 a 7, que ofrece cuidado infantil después del horario escolar, aumentó la participación y el empleo de las madres (Martínez y Perticará, 2017). Es una buena señal que el Presupuesto 2027 lo haga crecer un 20,6%. Pero el programa cubre a niños de 6 a 13 años. El tramo más crítico, los primeros dos años, cuando la penalización se instala, sigue regido por el artículo 203, que obliga a pagar sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras. El resultado es conocido: menos contratación y menores salarios para las mujeres, y una cobertura que excluye a quienes trabajan en empresas pequeñas o en la informalidad.
El proyecto de Sala Cuna Universal corrige esto. Desvincula el beneficio del número de trabajadoras, lo financia con una cotización de 0,3% que no aumenta el costo laboral y avanza hacia la cobertura de todos los trabajadores. Se ha discutido si usar recursos del Seguro de Cesantía es prudente. Es una pregunta legítima, pero la Superintendencia de Pensiones ha señalado que esto no compromete la sustentabilidad del fondo, y economistas de distintas sensibilidades han respaldado la fórmula. Lo que corresponde son resguardos, como mecanismos de alerta y un respaldo fiscal si la cesantía se dispara, no otra década de espera.
Porque esperar también cuesta. Cada año sin sala cuna universal es una nueva cohorte de madres que sale del mercado laboral y no vuelve, y de mujeres que deciden no tener el hijo que querían. Frente a eso, el bono de $30 mil por hijo del Plan Chile Renace es un gesto, pero la evidencia es clara en que las transferencias por nacimiento tienen efectos acotados y costosos. Pesa más saber que tener un hijo no significará renunciar al trabajo.
La comisión asesora entregará sus propuestas a comienzos de 2027. Una buena señal sería llegar a esa fecha con la Sala Cuna Universal aprobada. El ministro Rau ha dicho que espera que sea ley en diciembre o enero. Ojalá sea así.
La sala cuna no resolverá por sí sola la caída de la natalidad. Pero es difícil pedirles a las familias que tengan los hijos que desean mientras tener uno siga costando un trabajo. Remover ese obstáculo sí está a nuestro alcance.
*La autora de la columna es profesora asociada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile