La comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó este martes para iniciar el estudio del proyecto, en primer trámite constitucional, que busca asegurar el cumplimiento efectivo de condenas de cárcel en un listado de delitos de alta connotación.
El texto fue ingresado como moción en octubre de este año por los senadores Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Andrés Longton y Arturo Squella.
La iniciativa incorpora el homicidio simple, la extorsión y los delitos de corrupción y violencia reiterada al listado taxativo de prohibiciones de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas.
Durante la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, manifestó ante los integrantes de la comisión su inquietud en cuanto a la “proporcionalidad” ante la acción de la norma propuesta sobre delitos no consumados.
Emplazamientos de Castro
Tras su exposición y ante la polémica que enfrenta el secretario de Estado por los decretos que firmó rebajando penas a condenados por agresiones sexuales a menores, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro pidió a Rabat explicaciones para las víctimas de los beneficiados.
“Todavía el ministro no responde qué está haciendo por las víctimas de los 56 decretos que él estableció y el contacto que dijo que iba a hacer y cómo se iban a suspender esos decretos. Seguimos esperando”, manifestó el legislador PS.
Castro insistió en sus emplazamientos al titular de Justicia y Rabat evitó abordar el tema.
“Estamos en una comisión tratando una materia distinta, por lo tanto, no corresponde estar comentando las contingencias que plantea”, expresó el ministro.
El senador Arturo Squella, que asistió a la comisión en reemplazo de Cristián Vial, y habló tras la primera intervención de Castro sostuvo que “no hay nada que se aleje más de la preocupación por las víctimas que caer en la tentación de politizar una discusión legislativa que apunta precisamente a que personas que cometen determinadas conductas reprochadas y contenidas en la ley puedan sustituir esas penas privativas de libertad por penas en libertad”.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, había sido convocado a la instancia e hizo llegar sus excusas por compromisos adquiridos con anterioridad.