A las 11.30, el abogado Sebastián Schmoller, asesor del gabinete Ministerio de Justicia, y la abogada Camila Muñoz, asesora legislativa de la Subsecretaría de Justicia, llegaron hasta la sala de la Comisión de Constitución del Senado.
Bajo el brazo de ambos asesores figuraban cinco archivadores que contenían, de forma reservada, todos los decretos con los que se .
Al momento de la entrega de los archivadores, la tensión en la sala era máxima. Las cámaras televisión que ya esperaban al interior para registrar la entrega de los documentos al secretario de la comisión, Rodrigo Pineda, así lo reflejaban.
Los diputados de oposición que están encabezando la acusación contra el ministro también cruzaron hasta el Senado -en medio de la votación del Presupuesto que se está desarrollando en la Cámara- para presenciar el acto de entrega y revisar los documentos.
Así, además de los miembros habituales de Constitución, estaba la senadora Daniella Cicardini (PS), los diputados socialistas Raúl Leiva y Daniel Manouchehri, además de Luis Malla (Liberal).
La entrega, que se dio en medio de la discusión del proyecto que excluye del beneficio de reducción de condena a abusadores de menores, con invitados conectados de forma telemática, interrumpió de facto esa discusión, pues la senadoras socialistas Paulina Vodanovic y Cicardini se acercaron a los funcionarios de la comisión para pesquisar las carpetas que entregó el Ministerio de Justicia.
Las cifras de Rabat
Según fuentes del Congreso que tuvieron a la vista los documentos, cada archivador incorporaba la información de un año, es decir, hubo en total cinco.
El de 2022 trae 46 decretos, el de 2023 incluye 54 decretos, para el año 2024 vienen 66 decretos, respecto del año 2025 hay 76 decretos y en lo que va de este gobierno, es decir del año 2026, se adjuntaron 66 decretos.
Todos esos documentos suman un total de 308, ya que hay un último decreto que será incorporado en las próximas horas, por lo que la cifra llegará a 309.
Las mismas fuentes sostienen que en el 95% de los casos, es decir, en 291 decretos, el beneficio fue entregado por el Ejecutivo de manera obligada debido a una sentencia del Poder Judicial que así lo mandató.
Entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026, es decir, el gobierno anterior, se otorgó el beneficio penitenciario a 250 reos condenados por estos tipos de delitos. y tras el rechazo del ministro de Justicia de la época -Luis Cordero o Jaime Gajardo- o por oposición de la comisión de reducción de penas.
En la era de Rabat, según fuentes del Congreso en base a los archivadores entregados por el gobierno, se han despachado 41 decretos con reducción de condena que fueron otorgadas contra el rechazo del Ministerio de Justicia o de la comisión de reducción de penas. En este mismo periodo, solo en , Rabat entregó el beneficio sin haber existido de forma previa un fallo judicial que así lo obligaba.
Parte de este detalle fue comentado por el propio ministro Rabat: “Hemos realizado, porque así me lo pidieron el día lunes en la Comisión de Constitución, una primera entrega de 309 decretos, respecto de los cuales se otorgó una rebaja de condenas a personas sancionadas por haber cometido delitos sexuales en contra de menores a partir del año 2022″.
Luego añadió: “De esas solamente un 5%, es decir, 17, corresponden a decretos escritos por mi persona sin un fallo de la Corte Suprema, que es lo que se ha estado discutiendo estos día”.
“Tengo más de 50 solicitudes del Parlamento. Se van a contestar todas ellas de manera completa. Hoy hicimos una primera entrega de estos decretos, puesto que estaban relacionados con el proyecto de ley que estaba en tabla hoy”, agregó el titular de Justicia.
Los archivadores además iban acompañados de un resumen de 13 páginas. En ese apartado se argumentó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un deber de reserva regulado por ley y por la Constitución.
Esto, según las mismas fuentes del Congreso, hace necesario que toda la información sea manejada bajo un régimen de reserva especial ya que los decretos contienen datos personales de las víctimas menores de edad y de los propios condenados.
Según quienes han visto la documentación entregada por Justicia, su divulgación podría afectar a las víctimas y a sus familiares ya que expondría gravemente su privacidad, poniendo en riesgo su seguridad, salud mental, honra y podría inhibir la presentación de futuras denuncias.
Sin embargo esa reserva generó molestia en el Congreso.
La senadora Vodanovic, por ejemplo, aseguró que la información entregada por el ministerio no cumple con la solicitud que hizo la comisión de Constitución, pues dicho requerimiento fue para conocer los decretos firmados desde el 11 de marzo hasta octubre de este año.
Otros parlamentarios alegaban por el carácter de secreto de la información. El diputado Leiva, en tanto, pidió que la información también fuera conocida por la misma instancia de Constitución, pero de la Cámara.