La Corporación Universidad Bolivariana, sostenedora de la misma casa de estudios, solicitó su liquidación voluntaria, acusando una situación de “deterioro patrimonial, insuficiencia financiera y existencia de obligaciones pendientes”.
En su presentación, ingresada este jueves al 30° Juzgado Civil de Santiago, la entidad detalló que el proceso de quiebra surge luego que el pasado 5 de mayo de este año, el Ministerio de Educación resolviera revocar el reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Bolivariana para permitir el cierre académico.
Acto seguido, en julio la Subsecretaria de Educación Superior, designó a Juan Antonio Gutiérrez García como administrador de cierre, quien elaboró un plan para poner término a la operación de la casa de estudios, y a través de un informe institucional el 21 de agosto dio cuenta de “las dificultades financieras y administrativas y de las medidas para resguardar los procesos académicos pendientes”.
“Los estados financieros auditados muestran un deterioro patrimonial significativo. Al 31 de diciembre de 2024 registraban activos por $2.291.446.000, pasivos por $2.281.516.000 y patrimonio contable por $9.930.000. Se trata de cifras históricas, que no se presentan como un balance actualizado a noviembre de 2026″,
A la Tesorería General de la República, la corporación adeuda $454.485.757. Además, la sociedad ha identificado tres facturas electrónicas exentas de Asesorías y Consultorías FEM SpA, emitidas el 31 de julio de 2026 por servicios de asesoría contable y recursos humanos de mayo, junio y julio de 2026, por un total facturado de $3.900.000, cuyo saldo efectivamente impago no ha podido verificarse íntegramente.
“El Plan de Cierre refiere dificultades relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y contractuales. La documentación disponible permite identificar obligaciones y contingencias, aunque no reconstruir exhaustivamente la totalidad del pasivo. Tales antecedentes, considerados conjuntamente, justifican la solicitud de liquidación voluntaria”, acotó.
A junio de este año, la corporación mantenía una dotación de 35 personas y “registra haberes mensuales por un total de $39.527.307. Dicha suma corresponde a haberes registrados y no constituye, por sí sola, una deuda laboral”, consignó la presentación judicial.
En paralelo, la entidad informó al tribunal que mantiene 96 causas judiciales de las cuales 16 causas son civiles y 80 causas laborales y de cobranza previsional. En todas ellas la Corporación Universidad Bolivariana es demandada.
En materia de fondos bancarios, los antecedentes entregados por la sostenedora muestran una disponibilidad inmediata muy acotada y una importante retención sin respaldo documental completo.
La cuenta corriente de BancoEstado (al 11 de noviembre de 2026) registra un saldo disponible de $687.844, pero refleja un cargo o retención por “embargo de fondos” de $6.236.450 efectuado el 31 de agosto de 2026.
Limitaciones
En su presentación, la Corporación Universidad Bolivariana sostuvo que su administrador de cierre “asumió sus funciones sin recibir íntegramente la documentación contable, administrativa, laboral, previsional y bancaria histórica, según se consigna en el Plan de Cierre. Se efectuaron gestiones para recopilar antecedentes y reconstruir parcialmente la información disponible”.
“La documentación obtenida no permite determinar exhaustivamente todos los activos, pasivos, obligaciones laborales y movimientos bancarios históricos”, consignó su presentación.
“Se solicita tener presente la necesidad de coordinación entre el procedimiento concursal, el Administrador de Cierre y las autoridades competentes, para resguardar los procesos académicos y de titulación pendientes, sin perjuicio de las facultades legales del liquidador y del tribunal”, concluyó.