“No somos una coalición porque no tenemos una misma mirada común de país. El mejor ejemplo es que no tenemos ni nombre”.
La frase es de un alto dirigente opositor para referirse a una de las semanas más crispadas en el sector, en la que se cuentan con más de una mano los encontrones públicos.
El más vistoso, sin duda, es la nueva disputa que se abrió entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia por la gestión del jefe del comité socialista, Juan Luis Castro (PS), de retirar el permiso constitucional que habían extendido los senadores Ximena Órdenes (Ind-PPD) y Fidel Espinoza (PS) para participar en la gira del Presidente José Antonio Kast a Asia.
Una jugada que buscaba complicar los quórums del gobierno, pero que terminó con un reclamo público de la senadora por la Región de Aysén que acusó un uso sin autorización de su firma electrónica, abrió una disputa entre los mismos socialistas por la autoría de la idea (Castro develó en La Tercera que la iniciativa fue de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic), y hasta el inicio de una investigación en Fiscalía tras la denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana.
¿Las razones? Dirigentes, diputados y senadores enumeran múltiples factores que mantienen al sector con vuelo rasante: la falta de un proyecto común entre los partidos que sustentaron el gobierno de Gabriel Boric; la creciente disputa entre el PS y el PPD, donde chocan los estilos mediáticos de sus timoneles, Paulina Vodanovic y Raúl Soto, que ha llevado a que se cuestione la condición de primus interpares de los socialistas y la falta de un liderazgo que aune al sector.
El mar de fondo es también el nuevo estilo de hacer política que predomina en el Congreso, que privilegia el crecimiento de proyectos personales por sobre una construcción colectiva.
“La baja del gobierno se ha traducido en desesperanza. Pero ningún sector ha sido capaz de capitalizar eso, porque la verdad es que este es un gobierno que se marca solo”, dice el presidente del partido liberal, Juan Carlos Urzúa.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reconoce que “evidentemente se requiere un trabajo más afinado. Debiéramos ser una voz frente a lo que hace el gobierno, como lo hicimos ante la crisis del ministro Rabat. Es un desafío pendiente. Lo que se requiere es tocar como una orquesta”.
Paradójicamente, en la oposición e incluso en el PS señalan que el estilo de Vodanovic -quien está en sus ultimos meses de mandato en la mesa- ha provocado varios de los roces del sector en estos últimos ocho meses.
Ahora se trenzó con el senador Castro -quien hasta esta semana era su aliado en el partido- por los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza. El mes pasado se enfrentó públicamente al PPD por la decisión del comité de senadores de sacar al senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución por haber negociado con el gobierno y con el oficialismo un texto alternativo de reforma constitucional en materia de seguridad.
Previamente, en julio de este año tuvo un duro enfrentamiento con la senadora de su partido Daniella Cicardini y con el diputado Daniel Manouchehri, quienes la acusaron de iniciar una negociación inconsulta con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a la megarreforma del gobierno.
Negociaciones paralelas con el gobierno
Las negociaciones paralelas del gobierno y la oposición han sido uno de los temas recurrentes de conflicto entre los partidos de la oposición. Y eso quedó muy claro esta semana en la negociación del presupuesto.
La imagen de la senadora comunista Karol Cariola conversando distendidamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la segunda jornada de debate del Presupuesto 2027 en el Senado despertó suspicacias entre los parlamentarios socialistas, del Frente Amplio y del liberal Vlado Mirosevic.
Poco después, esas sospechas dieron paso a la indignación. La decisión de Quiroz de inyectar 160 millones de dólares al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y para la Ley Ricarte Soto permitió al gobierno conseguir el respaldo de los tres senadores comunistas, además de los representantes de la DC y el PPD, para aprobar el aumento de la deuda pública en 25.600 millones de dólares, una de las más sensibles del erario nacional, que en la Cámara de Diputados se había rechazado.
El acuerdo, donde la senadora DC Yasna Provoste fue clave, provocó la molestia de socialistas y frenteamplistas, quieneslo calificaban como en una de sus peores semanas.
Ese mismo día, en la Cámara de Diputados se produjo otro desencuentro al interior del bloque opositor -gritos incluidos- luego de que el PPD se uniera al Partido de la Gente (PDG) para apoyar el proyecto de sala cuna universal del Ejecutivo.
La guinda de la torta fue el anuncio de una interpelación al ministro Quiroz, confirmado por el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, a raíz de la crisis económica y las elevadas cifras de desempleo. La iniciativa, sin embargo, fue desautorizada por su par del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien dijo que la idea no había sido conversada previamente.
La cita pendiente con Boric y Bachelet
Con los ánimos tan caldeados existe preocupación sobre el ambiente que marcará el cónclave del sector fijado para el 11 de diciembre al que los timoneles invitaron a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet.
La cita se proyectó originalmente para el 15 de noviembre, pero fue pospuesta porque la agenda estaba monopolizada por la crisis por los decretos de rebaja de penas aprobados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Un tema de debate ha sido qué rol asignarles ese día a los exmandatarios, porque tampoco quieren que el encuentro termine levantando otra vez el tema presidencial como sucedió luego de que en octubre Bachelet abrió la posibilidad a una tercera carrera a La Moneda en una entrevista en el canal de la Universidad de Concepción.
Para evitar eso se pensó invitarlos solo a la primera parte del encuentro y evitar que se queden las cinco horas que duraría la reunión.
Reconfiguración
Algunos dirigentes advierten que las últimas desavenencias podrían reconfigurar la política de alianzas y subalianzas dentro de la oposición.
Hace un par de semanas, y antes de que estallara el Caso Firmas que los distanció, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, junto a Castro invitaron a comer a Yeomans y al senador Diego Ibáñez (FA), a un exclusivo restaurante en Viña del Mar.
Los socialistas les plantearon establecer un pacto de palabra entre ambos partidos, con el objetivo de ir marcando de mejor forma el rumbo estratégico del sector. Todo ello, precisaron, siempre en el marco del actual acuerdo, que se extiende desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.
Uno de los argumentos que Vodanovic y Castro pusieron esa noche sobre la mesa fue que Soto y su par de la DC, Álvaro Ortiz, no tenían injerencia ante sus senadores, poniendo el ejemplo de Araya, quien se había allanado a acuerdos con el gobierno en temas de seguridad y otras materias, y el de Provoste, quien por esos días había apoyado, a contrapelo del sector, la designación del fiscal de la Asociación de Bancos, Juan Esteban Laval, como miembro del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.
Desde que asumió en septiembre la presidencia del FA, Yeomans ha sostenido -en público y en privado- que no era partidaria de establecer una relación privilegiada con el PS, en desmedro del PC.
“Hoy día nosotros estamos con una mirada en donde tenemos tanto cercanía con el PS que con el PC y queremos que siga así en el futuro”, dijo Yeomans hace poco menos de un mes en una entrevista en La Tercera.
Según fuentes oficialistas, la falta de una relación directa de mando entre la directiva y sus parlamentarios también ocurre en el PC.
Si bien su actual timonel comunista, Lautaro Carmona, ha logrado mantener a raya las diferencias internas -tras los difíciles momentos vividos en la campaña presidencial de su correligionaria, Jeannette Jara, a quien no respaldaron con determinación-, no tiene una buena ascendencia con los actuales líderes comunistas en el Parlamento, entre ellos los senadores Daniel Núñez y Cariola, y los diputados Marcos Barraza y Daniela Serrano en la Cámara Baja -todos ellos pertenecientes a la llamada disidencia al interior del PC-.
Nuevos espacios
En este crispado ambiente, una serie de nuevos movimientos políticos de izquierda y de centroizquierda comienzan a buscar espacios por fuera, al ver que la actual oposición no logra capitalizar el desplome del gobierno de Kast.
Uno de ellos es “Voluntad para Chile”, a punto de ser reconocidos como partido por el Servel, liderado por el académico Álvaro Ramis y el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y que entre sus figuras están alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y la senadora Fabiola Campillai.
A su vez, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), liderada por el diputado Jaime Mulet, quien participó el año pasado en las entonces primarias oficialistas, se encuentra en conversaciones con el Partido Radical -todavía en existencia legal, a la esperan de un fallo judicial-, con la agrupación “Comunidad en Movimiento”, liderada por el ex DC Gutenberg Martínez y exmilitantes de Amarillos, y con el diputado Cristián Contreras -conocido como Dr. File-, quien tiene la intención de armar una nueva colectividad con ideas de centro.
Desde las fundaciones y centros de estudios ligados al Socialismo Democrático señalan que la negativa del FA y el PC a realizar -y dejar por escrito- una autocrítica por los errores cometidos durante la administración anterior de Boric -entre ellos, el fracaso de los dos procesos constituyentes- ha impedido sentar las bases para iniciar un proyecto político a futuro.
“La autocrítica es incómoda, pero muy necesaria. Cuando las fuerzas progresistas han gobernado ha habido muchos avances, pero también fracasos que no conviene minimizar”, afirma Cäcilie Schildberg, representante de la Fundación Friedrich Ebert en Chile, un antiguo think tank aliado de la centroizquierda chilena, desde donde hace unos meses se inició una reflexión sobre los desafíos que enfrenta actualmente el llamado mundo progresista.
Esta no es la única discusión que se realiza lejos de las cámaras en estos meses. El Instituto Libertad, ligado al PPD, convocó a un grupo de políticos e intelectuales para repensar el rol de la colectividad, en un escenario completamente distinto en el que fue creado en 1987, donde se reúnen un miércoles al mes, a las siete de la tarde, en el restaurante Divertimento, a los pies del cerro San Cristóbal.
A su vez, el expresidente del PPD Víctor Barrueto se encuentra coordinando otra instancia de diálogo llamada “Convergencia”, cuyo objetivo es impulsar al interior de sus partidos una corriente que impulse una ruptura con el FA y el PC.
Ricardo Solari, otro dirigente histórico de la izquierda chilena, pone paños fríos, señalando que la reestructuración del sector, tras una derrota tan severa como la sufrida a fines del año pasado, requiere de un periodo de tiempo. “Tenemos plazo para refortalecernos, porque la primera prueba la tendremos en dos años más, en las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales”.