Durante la pandemia de coronavirus, en el marco la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, el entonces Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
“Le va a hacer la vida muy difícil a los padres que quieran seguir evadiendo sus obligaciones”, anticipó Piñera cuando promulgó la ley que creó este registro.
La iniciativa se materializó el 18 de noviembre de 2022, fecha en que debutó la plataforma web monitoreada por el Registro Civil, que contiene un listado de las personas deudoras o morosas de una o más pensiones.
A cuatro años exactos de la entrada en vigencia de la Ley 21.389, que creó el registro, el Poder Judicial dio a conocer un balance que indica que han ordenado el pago de más de $3,8 billones.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que la cifra responde a la ejecución de los tribunales de familia de los mecanismos de cobro establecidos en la Ley N° 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.
Así, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, la judicatura ha ordenado pagar un monto acumulado de $3.885.443.300.562.
“Equivale al 1,98% del PIB de Chile”, puntualizó la presidenta del máximo tribunal del país.
De acuerdo al detalle dado a conocer por el Poder Judicial, esto se divide en las dos opciones de cobro que brinda la ley:
- En el Procedimiento Especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros): se han ordenado pagos por $822.205.170.505 a un total de 404.400 representantes legales.
- En el Procedimiento Extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP): se han decretado órdenes de pago por $3.063.238.130.057, alcanzando a 307.734 representantes legales.
Entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 376.644 se encuentran vigentes y 352.056 ya han sido canceladas.
Asimismo, de las causas vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, existe un monto adeudado de 54 mil 833 millones de pesos en pensiones de alimentos impagas.
Chevesich: “No se dispusieron los recursos necesarios”
“El pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia, pues así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas. Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, manifestó la presidenta de la Suprema.
La ministra Chevesich destacó que “estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.
“Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo. Entonces, merecen un especial reconocimiento, porque han debido hacerse cargo de estas nuevas exigencias con un gran costo humano, entendiendo que se trata de una tarea que va en beneficio especialmente de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”, resaltó.