La directora regional (s) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, Paula Izquierdo Ossandón, solicitó a Cencosud Inmobiliaria presentar mayores antecedentes técnicos sobre su proyecto “Centro Comercial Algarrobo”.
Ubicada en Av. Guillermo Mücke 699, del balneario de Algarrobo (a un costado del actual Líder Express), la iniciativa contempla una inversión aproximada de US$ 28 millones y considera la construcción de un complejo que albergará un supermercado Jumbo, una tienda Easy, con patio constructor y jardín exterior, 16 locales comerciales, restaurantes y 533 estacionamientos.
La solicitud del organismo busca determinar si la iniciativa debe ingresar obligatoriamente a evaluación mediante un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. En concreto, el requerimiento apunta a aclarar la eventual superposición del terreno con la Zona de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico (ZPCP) de la Quebrada Los Pescadores, además de descartar posibles afectaciones a la flora, fauna y al recurso hídrico de la zona.
En su consulta de pertinencia, Cencosud sostuvo que “en la zona de emplazamiento del proyecto, conforme a la información disponible en el Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente (SIMBIO) y en la plataforma Análisis Territorial para la Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no existen áreas bajo protección oficial ni sitios prioritarios que se superpongan con el proyecto”.
Sin embargo, e“Estas ZPCP corresponden a aquellos territorios que conforman cauces de esteros y quebradas, que requieren de la conservación de la flora y fauna silvestre propias del lugar convenientes de mantener en su estado natural, así como áreas con pendientes sobre 80%, y áreas naturales de valor paisajístico, donde no se permite el uso de suelo residencial”, consignó la resolución.
“Al respecto, se solicita aclarar si el predio y el área de intervención del proyecto se superpone con la ZPCP”, solicitó la autoridad ambiental a Cencosud.
En su resolución, el SEA no fijó una fecha ni un plazo determinado de días para responder, pero recordó que aplica la regla general de inactividad. Es decir, si Cencosud no realiza ninguna gestión durante más de 30 días, la autoridad le enviará una advertencia dándole un plazo final de 7 días. De no presentar lo solicitado dentro de esos 7 días, se declarará el abandono del procedimiento y la solicitud será archivada.
Quebrada Los Pescadores
Sobre la eventual afectación al humedal urbano Quebrada Los Pescadores, el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó “nalizar y justificar, de manera fundada” si esta zona corresponde o no a un humedal.
Al mismo tiempo, el SEA sostuvo que en caso de corresponder a un humedal, aunque no esté declarado por el Ministerio del Medio Ambiente, se solicita analizar y jusitificar de manera fundada la no aplicabilidad al proyecto de los requisitos que se establecen en la Ley N°19.300, artículo 10°, literal s, que señala que “requieren de evaluación de impacto ambiental, en forma previa a su ejecución, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases”.
Esta normativa (el literal s del artículo 10 de la Ley N° 19.300) establece que debe someterse obligatoriamente a evaluación ambiental cualquier obra en zona urbana que amenace con alterar la física, química o el ecosistema de un humedal. Esto incluye acciones como rellenar, secar, desviar caudales o causar el deterioro de la vegetación, flora y fauna del lugar, independientemente de la extensión que tenga el área intervenida.
Por otro lado, el SEA solicitó a Cencosud presentar los antecedentes técnicos que permitan descartar que la generación de ruido durante las fases de construcción y operación del proyecto no afectará la fauna presente en el humedal. Para lo anterior, se debe describir y delimitar los hábitats de relevancia, los receptores de interés, el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno, y el escenario de mayor exposición a ruido.
En relación con la flora y vegetación, la compañía tendrá que aportar antecedentes que permitan verificar si el transporte y dispersión de la emisión de material particulado sedimentable (MPS) generado por la ejecución del proyecto (fases de construcción, de operación), no alterará los recursos naturales presentes en el humedal.
“Para ello, (se debe) evaluar los potenciales aportes del proyecto, conforme a una norma de referencia (como por ejemplo la de la Confederación Suiza y de la República Argentina, o una más restrictiva), identificando la flora y la vegetación del humedal como receptor. En caso de implementar medidas de control asociadas a la emisión de MPS, se solicita indicar la eficiencia de éstas”, sostuvo.
Por último, también requirió indicar “si el proyecto contempla obras, partes y acciones de drenaje o infiltración del humedal, a través de perforaciones que impliquen un descenso del nivel freático, o alteración del flujo pasante producto de la profundidad de las fundaciones (considerando que el proyecto contempla obras subterráneas)”.