Una carrera olímpica de aspiraciones electorales cruzadas abriría la nueva reforma política que se está conversando entre algunos parlamentarios y el Gobierno, con el impulso del presidente de la Asociación de Municipalidades, Gustavo Alessandri (RN), y del presidente de los Gobernadores de Chile, Alejandro Santana (RN).
Si llegase a prosperar este cambio a la Constitución, senadores y diputados podrían continuar su carrera como alcaldes o gobernadores. En sentido inverso, los jefes comunales y regionales tendrían a su disposición un abanico de cargos parlamentarios por los cuales competir.
Hoy la Carta Fundamental establece restricciones (“inhabilidades”) para transitar en forma brusca de un cargo a otro.
Además, los alcaldes y diputados, que ya están en su límite a la reelección, podrían extender su trayectoria, siempre y cuando se presenten como candidatos en otra comuna o distrito.
Si bien esta iniciativa, que ya fue apadrinada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), también cuenta con la venia de la titular del Senado, Paulina Núñez (RN), tienta transversalmente a muchos dirigentes políticos, también tiene detractores, especialmente en la derecha, donde algunos legisladores advierten que la reforma tiene un aire a ley de “sillitas musicales”.
Doctrina Guzmán
Uno de sus principales efectos es que la reforma acortaría a solo seis meses antes de la elección el período de “inhabilidad” para postular a cargos cruzados.
Actualmente, la Constitución exige a una autoridad renunciar un año antes de los comicios para poder asumir en otra función pública (salvo en candidaturas a la Presidencia de la República o de un diputado al Senado, que no tienen ese período de veda).
Ese cambio de paradigma respecto de las inhabilidades rompería el modelo que intentó plasmar el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, como integrante de la comisión de juristas, encabezada por el exministro Enrique Ortúzar, que redactó la Constitución de 1980.
En las deliberaciones de la llamada Comisión Ortúzar, Guzmán promovió con fuerza la idea de establecer una clara y “tajante” línea divisoria entre cargos públicos para evitar aprovechamientos electorales desde una determinada investidura.
Según describen las actas del mencionado grupo de expertos, el fallecido fundador del gremialismo reflotó una fallida reforma de 1964 del Presidente Jorge Alessandri Rodríguez —quien fue su discípulo— para endurecer estas inhabilidades.
En la sesión 352.ª, celebrada el 18 de abril de 1978, Guzmán planteó que, como norma general, debieran ser “dos años” de inhabilidad para ciertas autoridades que desearan postular al Congreso. Sin embargo, consideró que . Una barrera de entrada igual de severa planteó para los dirigentes gremiales, a quienes proponía ponerles un plazo de 4 años para ser candidatos al Parlamento.
Si bien la propuesta final de la Comisión Ortúzar fue moderada posteriormente por la Junta Militar y el equipo asesor de Augusto Pinochet a solo un año de inhabilidad, la mayoría de los integrantes del grupo de juristas coincidió con Guzmán en que la norma constitucional debiera propender a “desligar completamente la influencia de aquellos cargos en su eventual utilización para fines electorales” (señalan las actas que reproducen comentarios del fallecido líder gremialista).
Riesgo de aprovechamiento
Aunque los partidarios de esta nueva reforma política sostienen que el objetivo es darle más competitividad al sistema político (“competencia total” entre distintas figuras públicas), existe el riesgo de que el proyecto sea aprovechado por ciertas autoridades para aferrarse al poder rotando en distintos cargos.
El diputado Luis Sánchez (republicano), integrante de la Comisión de Constitución, dijo que “a mí no me atraen mucho esas conversaciones respecto de sillitas musicales y cómo le cuidamos la pega a uno u otro. Tenemos hartos temas bastante relevantes que estar viendo acá en el Congreso en materia de responsabilidad criminal, en materia de volver a generar empleo. Y esas discusiones, donde se pretenden usar tiempo del Congreso para cuidarle las pegas a unos o a otros, a mí, por lo menos, no me atraen”.
El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, reaccionó con cautela ante el avance de esta reforma. “Estos son proyectos que hay que estudiarlos con detención y, por lo tanto, como bancada, cuando sea el minuto, los vamos a revisar y nos podremos formar una opinión acabada del tema”.
La diputada integrante de la Comisión de Constitución, Constanza Hube (UDI), quien ha sido parte de las conversaciones, cree que es clave que exista un equilibrio al fijar un plazo de inhabilidad. “A mí me parece bien que haya mucha competencia, que se abra la cancha al máximo, pero el tema es cuánto se puede llegar a utilizar el cargo para hacer campaña previa. Hay que analizarlo con más profundidad. Un año puede ser de repente un exceso, pero seis meses puede ser también poco”.
Además, se mostró partidaria de que el límite a la reelección no se aplique de forma tan tajante en la medida que una autoridad se cambia de comuna o distrito.