La decisión del gobierno de dejar sin financiamiento el programa de Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), conocido como “Yo elijo mi PC”, se transformó en uno de los principales obstáculos para aprobar la partida de Educación del Presupuesto 2027. Sin embargo, en La Moneda ya trabajan en una salida que no necesariamente implica restituir el beneficio en las mismas condiciones que se conocen hasta ahora.
Tras el rechazo de la partida en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo comenzó a evaluar alternativas para mantener la entrega de computadores. Se trata de fórmulas que buscan responder tanto a los cuestionamientos técnicos que ha recibido el programa como a las exigencias de parlamentarios que condicionaron su respaldo presupuestario a la recuperación del beneficio.
Según antecedentes conocidos por La Tercera, las propuestas surgieron luego de que se conociera la eliminación de los recursos destinados a la iniciativa. Fuentes conocedoras de estas discusiones internas afirman que el compromiso fue elaborar alternativas que recogieran las observaciones de las evaluaciones del programa y de la Dirección de Presupuestos (Dipres), sin incrementar el gasto respecto de los cerca de $35 mil millones utilizados este año.
Las fórmulas sobre la mesa
La primera alternativa consiste en modificar la focalización del beneficio, restringiendo la entrega de computadores al 20% de los estudiantes más vulnerables, pero incorporando también a alumnos de establecimientos particulares subvencionados.
Esta fórmula permitiría concentrar los recursos en quienes presentan mayores dificultades de acceso a tecnología, aunque supondría una reducción del universo de beneficiarios respecto del modelo vigente.
La segunda propuesta plantea un cambio más profundo, el cual consistiría en dejar de entregar computadores en propiedad a los estudiantes y distribuirlos directamente a los establecimientos educacionales. Bajo este mecanismo, los colegios recibirían entre uno y diez computadores, dependiendo del volumen de su matrícula, para implementar un sistema de préstamos. Así, los alumnos podrían solicitar equipos para realizar trabajos escolares, utilizarlos temporalmente en sus hogares y posteriormente devolverlos.
El número máximo de diez dispositivos por establecimiento responde a la necesidad de extender la cobertura a los colegios dentro del presupuesto disponible.
La tercera opción, sería mantener el mecanismo ya aplicado, en el que más de 96 mil estudiantes de séptimo básico, pertenecientes al 40% de las familias más vulnerables de los colegios públicos, recibieron este año computadores mediante las Becas TIC.
Las tres propuestas fueron compartidas con la Dirección de Presupuestos y forman parte de los antecedentes que maneja el Ejecutivo de cara a la discusión en el Senado. De acuerdo con quienes conocen las conversaciones, hasta ahora no existe una preferencia definida por alguna de ellas, pues todas presentan ventajas y dificultades, además de una factibilidad presupuestaria similar y el aumento de precio de los equipos.
El punto común es que ninguna requiere aumentar los recursos originalmente contemplados para el beneficio. Por el contrario, las alternativas fueron diseñadas considerando los mismos $35 mil millones que el gobierno decidió retirar del proyecto presupuestario.
La búsqueda de una nueva fórmula ocurre después de que el Ejecutivo sufriera una nueva derrota legislativa este miércoles, cuando la Cámara rechazó por 72 votos la indicación destinada a reponer la partida de Educación.
Previamente, la Comisión Mixta había desestimado esos recursos con 11 votos favorables, dos en contra y 11 abstenciones. Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la puerta a revisar la continuidad del programa, pero introduciendo modificaciones a su diseño.
“Habiendo escuchado la sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del presidente Kast por la educación, sobre todo básica, es que queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, ”, sostuvo.
La postura representa un giro respecto de la decisión inicial de eliminar su financiamiento. En ese momento, Hacienda había justificado la medida en las evaluaciones realizadas a distintas iniciativas públicas y en la necesidad de asegurar que los recursos tuvieran efectos verificables.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de evidencia concluyente sobre el impacto de entregar computadores en los resultados de aprendizaje.
Sin embargo, fuentes cercanas a quienes administran este beneficio plantean que las evaluaciones disponibles no recomendaron terminar con el programa, sino introducir ajustes a su diseño y focalización. Esa interpretación es la que sustenta las propuestas que ahora se encuentran en discusión.
La controversia por los computadores se suma a otros reparos que complicaron la tramitación presupuestaria de Educación, entre ellos los recursos destinados a becas, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), educación parvularia y programas de alimentación y salud escolar.
Pese a las críticas, en el Ejecutivo existe la expectativa de que la discusión en el Senado permita alcanzar un acuerdo que combine la recuperación de los recursos con una reformulación del beneficio.
La apuesta apunta a que los parlamentarios no solo resuelvan si corresponde financiar nuevamente la entrega de computadores, sino también bajo qué condiciones debe continuar una política pública que comenzó en 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.