El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó este viernes ante el Congreso Nacional su contestación a la acusación constitucional impulsada por diputados de oposición, en un documento elaborado por su abogado defensor, Juan Ignacio Piña, en el que refuta los tres capítulos del libelo y sostiene que sus actuaciones se ajustaron a la legislación vigente y a la interpretación que ha realizado la Corte Suprema.
La defensa aborda los cuestionamientos por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad, además de las presuntas faltas a la probidad y entrega de información al Congreso.
En términos generales, el escrito plantea que una acusación constitucional no puede convertirse en un mecanismo de censura por diferencias de interpretación jurídica. “Las causales del artículo 52 N° 2, letra b), son taxativas y de interpretación restrictiva. Exigen imputaciones determinadas y fundadas, y una infracción personal y directa”, sostiene.
Además, afirman que los tres capítulos comparten el haber aplicado el criterio de la Corte Suprema “en materias que el propio libelo reconoce controvertidas, y no haber impuesto por vía administrativa exigencias que solo el legislador puede establecer”.
“La cuestión que corresponde resolver no es si los acusadores comparten la interpretación jurídica adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino si las actuaciones concretas que se imputan constituyen efectivamente una infracción de la Constitución Política o de las leyes que sea personalmente atribuible”, agrega la contestación.
Rebaja de penas a abusadores de menores
Respecto del primer capítulo, referido a las rebajas de condena para condenados por delitos sexuales contra menores, la defensa argumenta que la ley N° 21.421, de 2022, no estableció expresamente cómo debía aplicarse temporalmente la exclusión de estos beneficios. En ese sentido, sostiene que no existía una disposición que ordenara extender la nueva restricción a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
“No existe una norma que ordene aplicar la nueva exclusión a delitos cometidos antes de su vigencia. Existe, en cambio, una garantía constitucional que apliqué y una controversia jurisprudencial que el propio libelo reconoce”, plantea el documento.
Sin embargo, Rabat también reconoce las falencias del procedimiento en relación con la participación de las víctimas.
“La falta de participación de las víctimas es una falencia seria del procedimiento, que he reconocido y lamento, y que debe corregirse mediante reglas generales”, señala, junto con mencionar que el Gobierno ha impulsado modificaciones para abordar esa situación.
Beneficios a condenados por DD.HH.
En cuanto a las rebajas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad, la defensa sostiene que la legislación no establecía una prohibición expresa para conceder estos beneficios y que un ministro de Estado no puede incorporar restricciones que corresponden al legislador.
“Un ministro de Estado no puede añadir a la ley un requisito o una exclusión que el legislador, pudiendo hacerlo, decidió no incorporar”, argumenta.
Asimismo, el escrito descarta que las decisiones hayan significado impunidad, al señalar que las dos personas beneficiadas habían cumplido cerca del 90% de sus respectivas condenas.
También sostiene que los casos no son comparables con aquellos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado beneficios penales, pues estos últimos involucraban mecanismos como la prescripción o media prescripción.
Probidad y falta a la verdad
Finalmente, respecto de las imputaciones por probidad y entrega de información al Congreso, la defensa descarta que haya existido falsedad en las declaraciones del ministro. En particular, afirma que la propia acusación reconoce que Rabat nunca sostuvo que la víctima vinculada al decreto de 2025 fuera menor de edad y que tampoco cuestiona las cifras de recursos de amparo acogidos que entregó ante el Parlamento.
“Una conclusión jurídica extraída de una premisa normativa verdadera puede ser discutida, incluso puede ser errada, pero no es una mentira”, sostiene el documento.
La defensa concluye que los cuestionamientos formulados corresponden a discrepancias sobre la interpretación y aplicación de las normas vigentes, y no a infracciones constitucionales o legales que puedan ser atribuidas personalmente al titular de Justicia.