El ministro de Agricultura, Jaime Campos, se sumó este lunes a la discusión sobre la crisis que atraviesa el gobierno tras los decretos firmados por su par de Justicia, Fernando Rabat, que rebajaron las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
En concreto, el también exministro de Justicia -durante el segundo mandato de Michelle Bachelet- apuntó contra la oposición por aplicar una “ley del hielo” (aislamiento social) a Rabat en el Congreso. Esto, luego de que no fuera invitado a la Comisión de Constitución del Senado, que sesionará esta mañana para abordar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.
Al respecto, en conversación con radio Universo, Campos señaló: “La Constitución es muy clara sobre el particular, en el sentido de que los ministros de Estado asisten a las sesiones de la Cámara o el Senado, tanto de comisión como de Sala, las veces que ellos lo estiman pertinente, sin que sea necesario contar con una invitación”.
En esa línea, agregó: “El ministro puede asistir cuando él lo estima conveniente y no requiere invitación”.
Dicho esto, sostuvo que el momento político está “muy complejo, muy enredado”. Además, advirtió: “Me temo que las tesis se han ido polarizando, y eso no le hace bien al país para tratar de solucionar cuestiones que están pendientes y que hay que abordar y resolver”.
En ese contexto, lanzó: “Yo creo que aquí, detrás de toda esta discusión que se ha armado en torno a las actuaciones del ministro Rabat, hay un nivel de hipocresía que pocas veces he visto”.
“Seamos francos, en primer lugar, está claro que el ministro Rabat ha cumplido absolutamente lo que dice la Constitución y la ley, de manera que no hay motivo para una acusación constitucional. Hasta ahora nadie ha podido decir: ‘Mire, el ministro incumplió tal o cual norma’. Pero el problema es otro. El problema es que todo lo que ha habido detrás de esta discusión en relación con el otorgamiento de los beneficios a los condenados es una discusión más vieja que el hilo negro”, argumentó.
Para profundizar en su postura, sostuvo: “La ley no fue clara, por lo menos, en tres materias: no se definió si la rebaja de condena era un derecho del condenado o un beneficio penitenciario. Tampoco se definió si el Ministerio de Justicia tenía potestades para pronunciarse sobre el mérito de lo resuelto por la Comisión de Conducta o si solo podía ejercer un control formal de la legalidad del acto. En tercer lugar, tampoco se definió desde cuándo se contaban los requisitos establecidos en la ley para acceder a esos beneficios: si desde la fecha de comisión del delito, desde la fecha de la solicitud o desde la fecha del otorgamiento”.
“Dicho de otra manera, durante años hemos tenido una ley deficiente que ha quedado entregada a la interpretación de los tribunales de Justicia y a cómo el Ministerio, a partir de la interpretación jurisprudencial, la va aplicando”, complementó.
Asimismo, advirtió que “no es tan simple para un ministro de Estado no cumplir la ley o buscarle el resquicio, o la quinta pata al gato, porque te estás exponiendo a que te acusen constitucionalmente”.
Finalmente, al ser consultado sobre si durante su gestión como ministro de Justicia firmó alguna rebaja de pena en favor de un condenado por violación de menores de edad, Campos respondió que no lo recordaba y que, de haber enfrentado una situación de ese tipo, habría tratado de “buscar un pretexto para no cumplirlo”.