Michael Clark, expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, busca dejar el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Este lunes presentó un recurso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, para apelar a la resolución que rechazó revocar su prisión preventiva, tras ser formalizado junto a otros diez imputados en el denominado caso Sartor.
El pasado 17 de noviembre, la magistrada Consuelo Escobar del 4° Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las alegaciones de la defensa de Clark y ordenó mantener prisión preventiva del imputado, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, señaló.
El ingeniero comercial, que estuvo presente en la audiencia vía remota a través de Zoom, es imputado por los presuntos delitos de administración desleal e infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas.
Este miércoles, 18 de noviembre, Clark cumplirá tres meses recluido en ese recinto junto a Sergio Yáñez, exgerente general de ECapital (factoring del grupo Sartor), y Carlos Larraín, exgerente general de Aramco y hermano del fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín.
En el escrito, que deberá ser revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la defensa del empresario, encabezada por el abogado Bernardo Rosemberg, destacó la “colaboración efectiva” que su representado ha prestado en la investigación de la Fiscalía.
“La libertad del imputado no constituye hoy un peligro para la seguridad de la sociedad”, consignó la apelación.
Concretamente, la defensa de Clark solicitó al tribunal de alzada capitalino que revoque la resolución y en su lugar declare que se sustituye la prisión preventiva por arresto domiciliario total, firma mensual y prohibición de salir del país.
En caso de ser rechazada dicha petición, el escrito solicitó que se reemplace la prisión preventiva por las medidas señaladas, agregando la prohibición de comunicarse con los coimputados y con los testigos.
Argumentos
Asimismo, la defensa de Clark retiró que no registra condenas ni procesos anteriores. Cesó en el directorio de Sartor AGF, que fue intervenida y permanece en liquidación. “No tiene cargo ni poder en ninguna de las entidades investigadas”, acotó.
La compraventa de las cuotas del fondo privado fue “resciliada” y dejó de tener participación y funciones en Azul Azul. “Los hechos de la formalización se sitúan entre 2021 y 2024 y dependían de una posición institucional que ya no existe”, destacó.
En su presentación, la defensa de Clark también acusó una “desproporción” en el trato con los demás imputados. “A Bustamante y Jorquera se les impuso arresto domiciliario parcial y arraigo, por estimarse que su su participación era más acotada en su alcance o en el tiempo”, sostuvo.
Y añadió que “los mismos criterios concurren respecto del señor Clark, según los reconocimientos de la resolución de agosto y los antecedentes nuevos. A otros cinco imputados, entre ellos Alfredo Harz, a quien los testigos sindican como uno de los dos centros de decisión, se les impusieron medidas del artículo 155 en atención a su colaboración, colaboración altamente cuestionable a estas alturas, ya que con cada nueva diligencia se suman nuevas contradicciones a sus testimonios”.