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Las dudas y expectativas que se abren a una semana del debut de la Ley de Donaciones

Las dudas y expectativas que se abren a una semana del debut de la Ley de Donaciones

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A poco más de una semana de la entrada en vigencia del beneficio transitorio que permite realizar donaciones de manera anticipada y pagar solo la mitad del impuesto correspondiente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha emitido las últimas semanas una serie de circulares y resoluciones para aclarar la forma en que operará este mecanismo incluido en la Ley de Reconstrucción.

Sin embargo, los estudios jurídicos que manejan los patrimonios de personas de medianos y altos ingresos han visto multiplicadas las consultas desde mucho antes, especialmente desde que el 17 de octubre se publicara en el Diario Oficial la llamada “megarreforma”, la que incluye rebajas al impuesto corporativo y es considerada una de las victorias clave del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Hay un interés enorme por acogerse al nuevo beneficio. El último mes ha sido intenso y las consultas se han multiplicado. Es muy probable que vaya a recaudar tres veces más plata para el fisco que lo proyectado por Hacienda”, afirma un abogado de un estudio que maneja altos patrimonios. Si bien las expectativas públicas del gobierno apuntan una recaudación de unos US$300 millones por el incentivo transitorio, fuentes de Hacienda confidencian en privado que esa cifra podría ser superada fácilmente.

El mecanismo transitorio, que parte este 1 de diciembre y estará vigente por un año, permite acceder a la reducción del 50% del impuesto a las donaciones que realicen aquellas personas que deseen adelantar parte de su herencia y transferirlas a familiares. La ley establece hoy que las donaciones y las herencias pagan un impuesto con una tasa progresiva, cuyo máximo es de 25% para los montos superiores a las 1.200 Unidades Tributarias Anuales, poco más de $1.000 millones.

Según la ley, este mecanismo no permite donar más del 50% del patrimonio del donante. “Por ejemplo, si una persona tiene un patrimonio de $400 millones, el máximo que podría donar son $200 millones para acogerse a este beneficio y pagar solo la mitad del impuesto correspondiente”, detalla el SII.

La donación debe realizarse a las personas que tienen una relación sucesoria con el donante (quienes podrían heredar o recibir bienes en una futura sucesión por causa de muerte), como cónyuge, conviviente civil, hijos y nietos, entre otros. Estos son conocidos como “legitimarios” o “asignatarios de la cuarta de mejoras”, estos últimos, quienes pueden verse beneficiados por una “mejora” del 25% de la herencia, de acuerdo a la voluntad del testador o donante.

“El mecanismo es muy beneficioso porque no sólo se rebaja a la mitad la tasa del impuesto, sino también porque acogerse hoy implica un ahorro en la base, asumiendo un supuesto de crecimiento del patrimonio. Anticipar el impuesto de herencia hoy tiene un costo de oportunidad que se compensa con la rebaja de la tasa, pero si el donante fallece en 20 años más, por ejemplo, la base patrimonial podría ser el doble en un escenario de crecimiento compuesto razonable, lo que implica -en ese ejemplo- una tasa efectiva máxima no de 12,5%, sino la mitad”, explica Jaime Del Valle, socio fundador de Fuensalida y Del Valle Abogados.

Los reparos

Según las circulares y resoluciones emanadas por el SII, la medida -a diferencia de las donaciones generales- no requiere de una autorización judicial previa, llamada insinuación, sino que solo una escritura pública ante notario, y permite donar la mitad de cualquier tipo de bienes: dinero o especies, muebles o inmuebles, ubicados en Chile o en el extranjero.

Jaime Del Valle cree que una externalidad jurídica compleja del incentivo tributario es que no “conversa” adecuadamente con la norma civil que protege a los herederos forzosos o legitimarios y dice que hay dos aristas que no quedan cubiertas y que no son tributarias ni están bajo la mirada del SII.

A modo de ejemplo, el abogado cree que es posible que, en esta ventana transitoria, uno de los herederos pueda recibir más de lo que permite la ley, en desmedro de otros herederos forzosos, dado que no habría controles que lo impidan.

“Primero, no se acumulan donaciones anteriores, por lo que se podría terminar afectando la ‘legítima’ y recibiendo alguien más de lo que la ley permite y, segundo, no queda clara la sanción en caso de que no se respete el porcentaje máximo a donar. La donación no se podría acoger a esta ley especial, pero el impuesto se pagó y la donación se efectuó, los bienes se traspasaron, eventualmente se vendieron o el dinero se gastó. Y no hay incentivo para que el SII persiga nulidades, retrotraiga actos, lo que a esa altura puede ser inviable… y, además, devuelva impuesto por una donación que no tuvo efecto. Un incumplimiento grave a una norma civil de protección de familia puede quedar, en la práctica, en tierra de nadie”, alerta el abogado.

Según el SII, para determinar el monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto se considerará el valor que tengan los bienes al momento de realizarse la donación, de acuerdo a las reglas vigentes. Por ejemplo, para el avalúo de los bienes raíces se tomará en cuenta el avalúo fiscal, para los bienes inmuebles se considerará su valor corriente en plaza, para las acciones o valores mobiliarios se considerará el promedio registrado durante los seis meses anteriores a la fecha de la donación. En el caso del valor de los vehículos se tomará en cuenta su tasación vigente.

“En tanto, el valor del patrimonio total del donante se determinará mediante la resta entre el total de sus activos valorizados de acuerdo a lo ya mencionado y el total de sus pasivos acreditados”, explica el SII.

Sin embargo, una de las grandes dudas de los juristas corresponde a la valorización de los activos en diferentes dimensiones. En un comentario a una circular en consulta pública, la socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, estima que existe una asimetría en la valorización de activos y pasivos. A su juicio, la metodología legal puede producir asimetrías relevantes, particularmente cuando un inmueble se considera por su avalúo fiscal y el crédito hipotecario asociado al mismo se computa por su saldo insoluto efectivo.

“De esta forma, podría determinarse un patrimonio tributario nulo o incluso negativo respecto de una persona que económicamente mantiene patrimonio positivo. Se solicita precisar el tratamiento de los pasivos directamente asociados a activos cuya valorización legal difiere significativamente de su valor comercial, la forma de imputación de dichos pasivos y el tratamiento de situaciones en que la aplicación literal de estas reglas determine un patrimonio neto negativo”, sostiene Pelegrí en la página de comentarios del SII.

El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, añade que las circulares del SII debieran aclarar algunos criterios de valorización, especialmente cuando se quiere tasar acciones de sociedades anónimas. “Ahí se hace más complejo porque se tiene que valorizar la empresa en total y surgen dudas respecto a que tipo de balance se considera, metodologías, tasas de descuento... En suma, se hacen necesarios criterios de valorización de derechos sociales y acciones”, afirma Pizarro.

Si bien Mónica Justiniano, socia en Laport Justiniano Asesores Tributarios, valora que en el proyecto de circular se incluyeran criterios orientadores para dar certeza a los contribuyentes sobre la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA), cree que se debió incluir la posibilidad para el donante de reorganizar libremente su patrimonio, con la única limitación que producto de esa reorganización implementada no terminen pagando menos impuesto a las donaciones.

Pero más allá de la circular, Justiniano apunta a la propia ley. “Si bien es un requerimiento de la ley que el donante deba declarar el porcentaje del patrimonio total que se dona a cada asignatario y esta declaración pueda ser fiscalizada por el SII, estimamos que esta situación puede conllevar un desincentivo al tener que valorar el 100% del patrimonio, por los costos económicos que esto implica, aún cuando la porción a ser donada sea muy inferior”, reclama la abogada. Un especialista dice que se le sugirió a Hacienda otra fórmula, que no fue considerada, pero que, afirma, podría corregirse en otras legislaciones que vienen: acreditar tener al menos el doble de lo donado, dado el límite del 50%. Así, por ejemplo, si un contribuyente quiere donar $ 100, debo comprobar tener $ 200, pero no tasar ni declarar con ello la totalidad de su patrimonio.

Impuestos Internos detalla que la valoración del patrimonio del donante podrá considerar los valores vigentes dentro de los 90 días anteriores a la fecha de presentar la declaración jurada y, adicionalmente, impone que los activos incluidos en el balance de la sociedad sobre la cual se donen sus derechos sea practicado como máximo el primer día del mes calendario anterior a aquel en el que se suscriba la escritura de donación.

“Estimamos que este plazo de un mes puede resultar complejo de cumplir para empresas operativas o empresas holdings con varios pisos de sociedades; (es complejo) contar con la información disponible a una fecha tan cercana, ya que hay cierta información como la valoración de las inversiones por valor patrimonial proporcional que no la registran mensualmente”, explica Justiniano.

Un influyente abogado de la plaza cree que otro gran desincentivo que emana de las circulares es la obligación de hacer una sola escritura en notaría para todas las donaciones que se pretendan hacer en esta ventana transitoria. “Esto obliga a revelar a qué herederos les dejas más o menos”, cuestiona.

Otro jurista coincide en el mismo punto. “Lo que propone Impuestos Internos es restrictivo y sin sentido. Yo puedo querer donarle a mi hijo Pedro algo distinto que a mi hijo Juan, y algo diferente a mi tía María y, ridículamente, tengo que ponerlos todos en la misma escritura y hacerlos a todos venir a firmar. Si quiero donarle algo más a uno de mis hijos posteriormente, aprovechando la venta transitoria, no podría. Es demasiado restrictivo”, concluye el mismo abogado, con quien coinciden otros especialistas consultados.

Fuente: Negocios La Tercera

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