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La presión sobre Mideso para retrotraer la reorientación del presupuesto destinado a residencias de menores

La presión sobre Mideso para retrotraer la reorientación del presupuesto destinado a residencias de menores

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El gobierno de José Antonio Kast, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de María Jesús Wulf, propuso para el Presupuesto 2027 una reducción importante de los recursos destinados a las residencias de protección de niños, niñas y adolescentes, justificado en un cambio en el modelo de cuidado que busca trasladar progresivamente a niños que viven en residencias, a familias de acogida. De $ 177.100 millones en 2026, ahora se asignan $ 160.221 millones, una caída del 12,1% real en moneda comparable.

Siempre en una lógica de maximizar los recursos fiscales, el Ejecutivo proyecta un ahorro con esta medida, lo que de todas formas le ha abierto cuestionamientos sobre si el sistema de familias de acogida tendrá la capacidad suficiente.

El recorte afecta a la asignación conjunta de cuidado alternativo y no exclusivamente a las residencias, y se vincula con el plan Crecer en Familia, orientado a reducir la institucionalización de niños. El plan contempla experiencias piloto en las regiones del Maule y Magallanes durante 2026, ampliación a cuatro regiones en 2027 y cobertura nacional hacia 2030.

Además, el gobierno aumenta más de un 30% la cobertura de familias de acogida y eleva el aporte mensual directo desde aproximadamente $ 200.000 hasta un rango de $ 350.000 a $ 400.000 por familia.

A pesar de todo, diversos actores han advertido que alcanzar las metas es en extremo complejo. Por ejemplo, varias organizaciones dijeron que para lograr el objetivo entre familias de acogida y residencias, casi 1.700 niños tendrían que egresar de residencias durante 2027. A ellos se suman los más de 2.300 que hoy esperan una familia de acogida. Básicamente el cuestionamiento es que los ahorros están incorporados en el presupuesto antes de que ocurra la transición.

Las organizaciones han propuesto, entre otras cosas, mantener el dinero provisionado en Dipres y liberarlo dependiendo del cumplimiento de metas. Y mientras eso ocurría, la Cámara de Diputados rechazó los recursos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Su reposición quedó pendiente para la tramitación en el Senado.

A la espera de ello, más de 100 personalidades y organizaciones de distintas sensibilidades políticas se unieron y están difundiendo una carta conjunta para pedir la reposición de los recursos. Entre ellos se cuenta a Sylvia Eyzaguirre, José Joaquín Brunner, Carolina Goic, Maximiliano Luksic, Mario Waissbluth, Susana Claro, Claudio Castro, Jaime Bellolio, Mariana Aylwin, Lucía Dammert, Adriana Delpiano, Macarena Santelices, Mónica Zalaquett, Tomás Vodanovic, Claudio Castillo y Claudia Lagos. También a Educación 2020, Conectado Aprendo, Fundación Protectora de la Infancia, Hogar de Cristo, Fundación Colunga, Fundación Kiri, María Ayuda, Fundación Niño y Patria, Desafío Levantemos Chile o Fundación Tremendas.

En su escrito plantean: “Este recorte afecta especialmente el cuidado de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias, con historias de abuso, abandono y trauma complejo, y para quienes hoy no existe una alternativa familiar capaz de responder a sus necesidades. Para ellos, la residencia es la única respuesta disponible y debemos asegurar que sea una buena respuesta. Enfrentar un desafío de esta envergadura requiere más recursos, no menos”.

“Recortar en esto no es ahorrar”, agregan. Y profundizan: “Es multiplicar el daño y trasladar sus consecuencias a salud, justicia y seguridad, con costos humanos y sociales mucho mayores. El gobierno y el Congreso aún pueden corregir esta decisión reponiendo los recursos necesarios para una protección digna y especializada. Un país que no es capaz de cuidar a la niñez que tiene bajo su propia protección tiene una deuda pendiente con su humanidad”.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, toma el guante y asevera tajante que la baja proyectada en cuidados alternativos “no obedece a un ahorro, es una transformación del sistema”. Esto, porque hoy aproximadamente el 70% de los niños está en familias de acogidas y cuidados alternativos, y la apuesta, dicho está, es que para fines de 2027 sea 80-20, lo que se traduce en tener 600 niños menos en residencias, 300 este 2026 y los otros 300 el próximo año.

La autoridad profundiza en que cada niño en una residencia cuesta aproximadamente $ 3 millones de pesos mensuales, lo que se traduce en $ 36 mil millones al año. Por el contrario, un menor en una familia de acogida cuesta $ 900 mil, de los cuales $ 240.000 van a la familia y el resto a organismos colaboradores que acompañan y supervisan. Eso costaría $ 11 mil millones al año. “No disminuyen las plazas. La diferencia es un tercio de lo que vale un niño en una residencia, y sin duda estará mejor en una familia, entonces la decisión no es presupuestaria. Además, Dipres ha sostenido que si necesitamos recursos van a estar con cargo al tesoro público. Es un cambio de enfoque”, se extiende Sánchez, quien también asegura que el presupuesto siempre permite reasignar recursos en caso de ser necesario.

Respecto de la preocupación de que no haya suficientes familias de acogida, el subsecretario lo descarta. De hecho, asevera que anualmente hay más familias idóneas que menores necesitando una, considerando además que hay dos tipos de familia: la extensa, que es del mismo núcleo del menor y donde van el 90% de los casos, y la externa, donde llega el otro 10%.

“Es un modelo que en realidad necesita transformarse. No queremos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados”, cierra.

Fuente: Nacional La Tercera

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