El sol naciente aún no asomaba plenamente en Asia cuando los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (indep. PPD) recibieron con indignación una noticia de Valparaíso.
El martes en la tarde, el debate por la Ley de Presupuestos 2027 ya llevaba algunas horas en la sala del Senado cuando el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), resolvió retirar los permisos constitucionales de ambos senadores opositores que integran la comitiva presidencial del Presidente José Antonio Kast, de gira por Vietnam, China y Japón.
Aunque aquella medida -que no contó con el consentimiento ni de Espinoza ni de Órdenes- pasó casi desapercibida en la sala, era un golpe sensible para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hoy preocupado de sacar adelante el proyecto del erario nacional.
Al retirar ambos permisos subía el quórum de aprobación para normas especiales del Presupuesto, lo que ponía en riesgo tal vez la parte más delicada de la iniciativa: el artículo 3, que autoriza al gobierno a endeudarse por hasta 25.600 millones de dólares. Por tratarse de una medida regulada por la Constitución, ese artículo debe contar con una mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, piso que solo puede bajarse en la medida que haya legisladores fuera del país con su respectivo permiso.
Explicaciones
A primera hora de la mañana de Chile, pero en horas de la tarde en Asia, ambos permisos fueron reingresados a la secretaría del Senado.
Según testimonios de algunos legisladores, desde China, Órdenes y Espinoza se comunicaron en la noche de Chile con asesores, legisladores y funcionarios para pedir explicaciones por aquella jugada, que en primer lugar incumplía un compromiso de palabra para integrar la gira.
Además, aquel retiro ponía en riesgo sus escaños ante cualquier inconveniente que extendiera su permanencia en el exterior por razones de fuerza mayor, por ejemplo, una hospitalización de urgencia. Precisamente, una causal para perder el cargo parlamentario es ausentarse, sin permiso del Senado, fuera del país por más de 30 días. Por eso se cursan estas solicitudes en ciertos periplos.
Por esa razón, el mismo reglamento del Senado exige que los permisos sean cursados por escrito con las firmas de los parlamentarios que se ausentarán, lo que en algunos casos puede ser mediado por los respectivos jefes de comités.
Sin embargo, desde China, el senador Espinoza (PS) confirmó que aquel retiro de los permisos se realizó sin consentimiento.
“Fue un impase, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional, que es un derecho ineludible que tienen los parlamentarios, y respecto al cual solamente nosotros podemos dejarlo sin efecto. Se generó una situación incómoda por ello, porque nosotros acompañamos esta gira presidencial, porque había una equidad de parlamentarios que visitaban Vietnam, China y Japón en el ánimo de colaborar y fortalecer las relaciones comerciales con estos países”.
Espinoza agregó que hasta esa hora aún no conversaba con el jefe de bancada del Socialismo Democrático, aunque demandó que él debía aclarar el episodio.
La carta
Aunque este miércoles en la mañana había gestiones de la mesa del Senado para bajar la polémica, el debate se extendió al inicio de la sesión.
En el hemiciclo, el senador Pedro Araya (PPD) pidió la palabra para leer una carta de su par Ximena Órdenes (IND. PPD).
“Con sorpresa y preocupación he tomado conocimiento de que se habría dado cuenta en la sala de un documento mediante el cual supuestamente habría retirado dicho permiso. Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi presentación con ese propósito”, decía la senadora en su misiva leída por Araya, quien aún tiene cuentas pendientes con Castro por haberlo removido de la Comisión de Constitución, en uso de sus mismas facultades como jefe de comité.
No obstante, la advertencia más severa fue expresada por el senador Rodolfo Carter (IND. Partido Republicano), quien le pidió al secretario del Senado, Luis Rojas, que, en su calidad de ministro de fe, hiciera una denuncia de un presunto delito por el supuesto uso indebido de firmas de una autoridad. “Más allá de las alegaciones y el aplauso y el grito a la galería, yo le pido al señor secretario que certifique este hecho y transfiéralo los antecedentes al Ministro Público para que acredite quién eventualmente ha cometido este delito. Al menos hay una falsificación de firmas de un senador de la República, de una senadora de la República, si les parece con el lenguaje inclusivo, pero esto no puede pasar desapercibido”, dijo Carter.
En respuesta, Castro llamó a la calma a los senadores Araya y Carter y señaló que el tema ya fue resuelto con los parlamentarios ausentes.
El problema es que el hecho le dejó una responsabilidad pendiente al secretario de la Cámara Alta, quien tendría que dirimir si presenta o no una denuncia a la Fiscalía.
Para ganar tiempo y evitar que la polémica siguiera escalando, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció que la mesa analizará el caso para ver los pasos siguientes.
El problema es que, aunque la directiva del Senado desista de denunciar al Ministerio Público una presunta falsificación de instrumento público, se trata de un delito de acción penal pública, lo que significa que la Fiscalía puede investigar y perseguir el caso de oficio o tras una denuncia de cualquier persona, sin depender de que la víctima presente una querella o haga una solicitud de investigación.