Chile Informado
Juan Ignacio Piña: “¿Cómo vamos a transformar en una infracción constitucional grave optar por una de dos interpretaciones legítimas?”

Juan Ignacio Piña: “¿Cómo vamos a transformar en una infracción constitucional grave optar por una de dos interpretaciones legítimas?”

11 min de lectura

Compartir:

La semana pasada el abogado Juan Ignacio Piña -ex subsecretario de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera y expresidente del Consejo de Defensa del Estado- recibió un llamado del ministro Fernando Rabat.

El titular de Justicia le pidió asumir su defensa frente a la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición, por haber firmado los decretos que concedían rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y en tres casos de derechos humanos.

Piña no dudó. No era la primera vez que emprendía una labor de esta naturaleza: en octubre de 2024 representó con éxito a la entonces ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá (PPD), frente al libelo impulsado por la bancada del Partido Republicano por la crisis de seguridad en el país.

Hoy sabe que la labor no es fácil y que se disputará voto a voto el libelo en la Cámara de Diputados, pero está convencido de que Rabat -con quien coincidió como abogado en el Caso Riggs- no infringió la Constitución en ninguno de los tres capítulos que forman parte de la acusación en su contra.

Aquí explica por qué.

¿Por qué decidió asumir la defensa de Rabat?

No es muy distinto de lo que ha pasado en acusaciones constitucionales anteriores. Tiene que ver con un desafío profesional, pero también con la convicción bastante marcada de que aquí no hay concurrencia de las infracciones que se están atribuyendo.

También defendió a la exministra Carolina Tohá, ¿ve similitudes con el caso que ahora enfrenta?

No hay ninguna acusación constitucional que ocurra en momentos de tranquilidad. Generalmente se dan en momentos relativamente convulsos. Y eso demuestra de alguna manera cómo se han transformado en un instrumento de carácter mucho más político que un instrumento capaz de hacer efectivas responsabilidades por infracciones a deberes constitucionales o legales.

La paradoja es evidente, aquí lo que está en juego no solo son argumentos jurídicos, se juegan también consideraciones políticas. ¿Para qué involucrarse?

Las acusaciones constitucionales tienen dos dimensiones y ninguna es suficiente por sí misma. Es decir, tienen una dimensión jurídica, porque se establecieron causales jurídicas en que hay que acreditar ciertas infracciones. Dicho eso, también hay una dimensión eminentemente política. El gran desafío que tiene la gestión de las acusaciones constitucionales es que ninguna de las dos dimensiones se coma a la otra. Por el contrario, lo que necesitamos es que la discrepancia política se pueda canalizar a través de una determinada infracción. Si empezamos a utilizar las acusaciones constitucionales para subsanar errores políticos, probablemente vamos a dar un paso del que nos vamos a arrepentir.

¿Cuándo van a presentar la contestación? Se comentaba que había interés por tramitar la acusación con rapidez...

Esta ha sido una instrucción bastante clara del ministro. Nos ha pedido que intentemos resolver esto rápidamente. Entre otras cosas, porque es muy difícil abocarse a las tareas propias del ministerio teniendo un foco de desatención como el que estos procesos producen. Estamos terminando de afinar el texto de la contestación y en cuanto esté lo vamos a presentar.

Se hablaba de este lunes...

Es una alternativa. Es plausible y es posible que sea antes también.

La acusación podría votarse -entonces- el lunes 30 de noviembre...

Esa es una posibilidad que, desde la perspectiva del encargo recibido, sería satisfactoria.

¿Van a invocar la cuestión previa?

Cuando el texto esté perfectamente definido, uno evalúa hasta qué punto es capaz de demostrar que no se satisfacen las causales con relativa expedición. Nosotros creemos que este es un caso así y, por lo tanto, la posibilidad de invocar la cuestión previa es una posibilidad real, pero no está definida todavía.

¿Qué factores pesan en esa definición?

Los tres capítulos no tienen la misma naturaleza. Uno podría decir que el libelo se podría dividir en dos apartados distintos. El capítulo 1 y el capítulo 2 tienen más bien consideraciones de carácter normativo. Es decir, vamos a discutir interpretaciones legales, si de alguna manera los criterios utilizados por el ministro a la hora de conceder los beneficios, en un caso o en otro, se ajustaban a la normativa. El capítulo tercero tiene una dimensión también de carácter fáctico. Tiene que ver con los juicios de falsedad. Los juicios de falsedad dependen de lo que se pueda probar que era verdad y lo que no era verdad.

Lo que se le reprocha al ministro es que haya dejado de dar la pelea en tribunales y cursara el decreto de los beneficios a quien la ley decía que debía quedar excluido.

Este no es un problema de si no dio la pelea hasta el final. De alguna manera, y esto es algo que se pierde un poco de vista, la Corte Suprema durante mucho tiempo dio señales bastante claras respecto de cómo se interpretaba esto.

Hasta más o menos febrero de 2026.

Hasta ahí dio señales bastante claras respecto de que hay un principio constitucional de irretroactividad que implicaba que esa ley no se podía aplicar con efecto retroactivo. Y mayoritariamente lo empieza a resolver de esa manera. Una cosa es que las sentencias de los tribunales no nos obligan, salvo en el caso particular. A eso apuntan los acusadores cuando dicen que en realidad no estaba obligado. Por supuesto que no está diciendo que estaba obligado a resolver un caso con lo que se había resuelto en otro. El ministro es profesor de Derecho Civil, créeme que eso lo sabe. El tema es que el ministro tenía una jurisprudencia consistente de la Corte Suprema de la que tenía que hacerse cargo. Esa jurisprudencia acredita que su postura es una interpretación bastante plausible. No solo eso. Es una interpretación de la que el ministro está convencido, de la que yo también estoy convencido de que es la correcta. Cuando me dicen que en la historia de la legislación quedó muy claro que el legislador quería que rigiera in actum, yo lo único que voy a contestar es que ese legislador, la verdad es que estaba errando.

Ese legislador, entre otros, era el exministro Hernán Larraín.

Sí, pero me refiero a toda la discusión parlamentaria. Y, de hecho, fue lo que terminó acogiendo la corte al decir que esto no es un problema de qué es lo que pensaron los legisladores, esto no es un problema de cómo quedó en la historia de la ley, porque el principio de irretroactividad es un principio constitucional que está en todos nuestros tratados. No es un problema que los legisladores puedan decidir si se aplica o no se aplica. Habiendo dos interpretaciones posibles, y yo con la absoluta convicción de que una es largamente más correcta que la otra, es muy contraintuitivo que te pidan ir en contra de esa convicción jurídica construida, además, en función de algo que la corte te viene reafirmando durante el último tiempo. Además, aquí se ha dicho que luego de febrero hubo un giro de la jurisprudencia.

El zigzag que plantean algunos autores.

Ellos hablan de giro, porque ojalá dijeran zig-zag, sería más honesto. Plantean que el ministro fue refractario a ese cambio. Es decir, a pesar de que ya tenía unos fallos donde se empezó a resolver de una manera distinta, donde se empezaron a rechazar los amparos, él no acogió ese giro. Lo que pasa es que en realidad aquí no asistimos a ningún giro. Solo empezamos a ver un cambio en la integración de la sala. Esa es la realidad. Esto lo tenemos estudiado estadísticamente. Nunca hubo un giro. Esto produce que un sujeto que entraba en la sala de la Corte Suprema un lunes con unos determinados beneficios cumplidos se le otorgaba la reducción y otro sujeto que entraba el miércoles, según quién era el quinto integrante, salía con el rechazo.

Ya, pero así funcionan nuestras cortes…

Lo que quiero decir es que cuando uno dice que aquí había un giro que no se estaba atendiendo, la verdad es que aquí no hubo ningún giro que se estuviera desatendiendo. Aquí hay dos interpretaciones perfectamente conformes con el texto legal y con los principios aquí invocados. Yo no tengo ninguna duda de que una es mejor en Derecho que la otra, pero incluso llegando a la conclusión de que fueran 50 y 50, ¿cómo vamos a transformar en una infracción constitucional grave optar por una de esas dos interpretaciones legítimas? Ese es el problema de base.

¿Esta misma explicación de interpretaciones plausibles aplica también para el capítulo 2, donde se reprocha la rebaja otorgada a tres condenados por delitos de lesa humanidad?

Aquí la verdad es que ni siquiera hay discrepancia en la interpretación. En este capítulo aparece lo del Estatuto de Roma, cuyo estatuto no tiene obligaciones directas para el Estado chileno en esta materia, sino que establece un cierto marco. Aquí no importa lo que yo diga, lo dice la propia acusación, ese texto parte diciendo que esos tratados internacionales no impiden la aplicación de reducciones de condena a este tipo de delitos de lesa humanidad.

Ahí se reprocha que se dieron beneficios sin cumplir unos requisitos.

Exactamente. Lo que impone el derecho internacional humanitario es que esas rebajas de condena no trasuntan impunidad respecto a la gravedad de estos hechos. Esos mismos tratados dicen que el objeto de la pena es conseguir la reinserción. Y lo que está demostrado es que la reducción de condenas y la integración progresiva al medio libre es un mecanismo de reinserción. Por eso existen las reducciones de condena, no son un puro regalo. O sea, cuando el sujeto de alguna manera demuestra que va avanzando en el camino de reinserción, se permite la rebaja de condena para conseguir el fin. ¿Qué es lo que nos encontramos en este caso? Que se aplica la reducción de condena cumpliendo con los requisitos legales y que implica una reducción de la condena del orden del 10-12%. Es decir, un sujeto que está condenado a 10 años cumple ocho años y 10 meses.

Pero el libelo dice que se exige el requisito de colaboración con la justicia, conciencia del mal causado, y que en los tres casos de los decretos firmados por Rabat eso no pasó.

Esto lo discutimos legalmente cuando establecimos los mecanismos de reducción de condenas. Se discutió en el TC, que declaró inconstitucional la exigencia de esta especie de contrición y reconocimiento del hecho, porque de alguna manera lo que dijo es que se le está exigiendo a un sujeto, para darle un beneficio, que tiene que autoinculparse de un hecho que él sostiene que no cometió. O sea, de alguna manera estoy forzando la conciencia de un sujeto ofreciéndole un beneficio. Y lo declaró inconstitucional.

Hay abogados que plantean que en el capítulo tres podrían estar las fortalezas de la acusación. Así lo dijo, por ejemplo, Jorge Correa Sutil.

Cuando acusan que el ministro dijo que estaba obligado a conceder en estos casos el beneficio porque había una sentencia, y uno se queda con esa declaración y alguien dice ‘fíjese que había casos en que no había sentencia’, puede concluir que supuestamente el ministro faltó a la verdad. Pero la afirmación del ministro es perfectamente cierta, porque había algunos casos en que, aun cuando no había sentencia en su contra, sí había una que le había fijado el marco para resolver. ¿Alguien podría decir que el ministro, cuando hizo esa afirmación, mintió o entregó información manifiestamente errónea al Congreso? Yo me atrevo a decir que no, es más, me atrevo a decir que esa afirmación es absolutamente cierta.

También lo acusan de haber sacado un ejemplo del gobierno anterior, que en realidad no correspondía, porque la víctima era mayor de edad, y que no rectificó ni ofreció disculpas.

Si me quedo solo en los dichos del ministro, solo en su afirmación, me sale mucho más fácil decir que no dijo lo que dicen que dijo. El ministro nunca dijo que este era un decreto que se refería a menores de edad. No lo dijo, y por lo tanto, el juicio de veracidad no lo pasa. Podría quedarme ahí, pero tampoco sería justo, porque podría decir que así se entendió y después lo recogieron los medios. Pero lo que quiero plantear es que habiendo tantos decretos, ¿qué necesidad tenía de supuestamente hacer lo que le acusan? ¿Lo que quería era tratar de engañar? La respuesta es evidentemente no. En el capítulo tres también le reprochan al ministro no haber mencionado las demás sentencias que no le daban la razón. Si el ministro dice: “Tengo una jurisprudencia bastante consistente”, fíjese que usa el concepto “bastante consistente”, no dice única, ni exclusiva, ni unánime. ¿Qué está diciendo? Que hay fallos que no están en esa línea.

Fuente: Política La Tercera

¿Cómo te hace sentir esta noticia?