Una frase incluida en las bases de uno de los concursos de investigación aplicada de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) encendió las alertas entre científicos durante las últimas horas. El documento, publicado este jueves, establecía entre sus causales de inhabilidad haber emitido una opinión sobre un concurso en desarrollo, una disposición cuya ubicación en el texto generó dudas sobre sus posibles consecuencias para los investigadores.
La controversia surgió a partir del numeral 5.1.4, denominado “Inhabilidades e Incompatibilidades”, de las bases del concurso IDeA de I+D 2027, perteneciente al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef).
El apartado señalaba que no podrían “postular ni participar en ninguna calidad” quienes se encontraran en determinadas situaciones. Entre ellas figuraban aquellos que hubieran “emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento concursal en curso y cuya resolución de adjudicación se encuentre pendiente”.
El problema estaba en que esa restricción, originalmente concebida para resguardar la imparcialidad de funcionarios y personas que intervienen en la evaluación y adjudicación de fondos públicos, . Una interpretación literal llevaba a pensar que un investigador que cuestionara públicamente las condiciones del concurso quedaría impedido de participar en él. Una suerte de “ley mordaza” para científicos.
La inquietud llegó hasta el Ministerio de Ciencia, desde donde aclararon que se trataba de un error en la redacción de las bases y que la prohibición de emitir opiniones sobre el procedimiento estaba dirigida exclusivamente a quienes intervienen en las decisiones del concurso, no a los investigadores que presentan proyectos.
La corrección de ANID
La respuesta a esta confusión llegó durante la mañana del viernes. Desde ANID aclararon que tras recoger la confusión generada por la interpretación de las bases del concurso se realizó una corrección para evitar malentendidos. Explican que el apartado cuestionado se deriva de las obligaciones que la Ley de Presupuestos vigente establece para quienes participan del proceso concursal, es decir, evaluadores y funcionarios de ANID, con el fin de resguardar la objetividad en la evaluación. “Por ello, las bases ahora diferencian estas incompatibilidades de las que aplican a postulantes, para que no se interprete que implican prejuicio ni sesgo hacia quienes postulan”, acotaron.
Esto quedó plasmado en una resolución firmada por la directora nacional de ANID, Alejandra Pizarro, la agencia modificó íntegramente el numeral cuestionado, separando expresamente las inhabilidades de los postulantes de los deberes de abstención de quienes participan en la administración y evaluación del concurso.
En el documento, al cual tuvo acceso La Tercera, la institución reconoce que la redacción original admitía una interpretación que podía afectar a investigadores de universidades estatales.
“Esa lectura excede el alcance del artículo 27 de la Ley N.º 21.796”, establece la resolución, que recuerda que las inhabilidades, al restringir derechos, solo pueden ser establecidas por ley. El nuevo texto incorpora un apartado específico para los postulantes y otro para los funcionarios públicos, evaluadores y miembros del Comité Técnico Asesor que intervienen por cuenta de ANID.
Sobre estos últimos, precisa que deberán abstenerse de participar en decisiones cuando existan conflictos de interés, vínculos con entidades concursantes o cuando hayan emitido opiniones sobre el procedimiento mientras su adjudicación esté pendiente.
La modificación establece expresamente que esta regla “no constituye una inhabilidad para postular ni para participar en las postulaciones”. Además, la entidad aclara en su rectificación que los informes, evaluaciones, respuestas a consultas y otros pronunciamientos realizados en el ejercicio de las funciones propias del concurso no constituyen opiniones para estos efectos.
Para Flavio Salazar, exministro de Ciencia e investigador de la U. de Chile y del centro Oncobiomed, la aclaración resulta positiva, aunque considera que el episodio deja al descubierto problemas que van más allá de una equivocación administrativa.
Sin embargo, advierte que este tipo de situaciones alimenta la incertidumbre en un sector que depende de reglas estables para planificar sus investigaciones.
“Es indispensable actuar con extremo cuidado y rigor en la elaboración de las bases concursales. En los últimos años, hemos visto modificaciones e improvisaciones en diversos instrumentos de financiamiento, lo que ha generado incertidumbre y frustración en la comunidad científica. Las reglas deben ser claras, consistentes y conocidas oportunamente”, sostiene. A su juicio, la reacción frente a la disposición también refleja un deterioro en la relación entre las autoridades y los investigadores.
Salazar plantea que resulta fundamental recuperar espacios de diálogo, transparencia y participación en las decisiones relacionadas con ciencia y tecnología.
Recortes en beneficios para doctorandos
La controversia ocurre, además, en un escenario de restricciones presupuestarias que también ha generado inquietud por los beneficios disponibles para estudiantes de doctorado.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentra la ausencia, en la oferta de beneficios complementarios del financiamiento para gastos operacionales, los cuales son utilizados para adquirir reactivos, contratar servicios o asistir a congresos, así como de las cotutelas con investigadores extranjeros que permiten desarrollar parte de la formación doctoral en laboratorios internacionales.
Desde el Ministerio de Ciencia explicaron que estos beneficios siempre han estado sujetos a disponibilidad presupuestaria, condición contemplada tanto en el decreto como en las bases del programa. Sin embargo, confirmaron que, debido a la reducción de recursos, esta vez solo se entregarán dos beneficios complementarios: la extensión de beca para redacción de tesis doctoral y la pasantía doctoral.
Por lo tanto, no se trata formalmente de una modificación de las bases, sino de una disminución efectiva de los apoyos que estarán disponibles para los becarios. Aunque corresponde a un programa distinto del concurso en cuestión, la situación añade presión al debate sobre el financiamiento científico y las condiciones en que investigadores y estudiantes desarrollan sus proyectos.