Fue en el marco de la votación del presupuesto del Ministerio de Agricultura, en la Comisión Especial Mixta, que el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, exhibió resultados preliminares de los cruces de datos en la entrega de beneficios fiscales.
En todas las glosas que incluyen beneficios sociales, Hacienda incluyó una indicación que permite cruzar información entre sus propios registros, lo que implica la revisión de 22 programas, entre ellos la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Único Familiar, la gratuidad en la educación superior y el subsidio habitacional DS 49.
En ese contexto, Gómez mostró datos de sus análisis en el caso del Ministerio de Agricultura -una de las partidas más discutidas-, en particular sobre programas del Indap.
“Hicimos una revisión en tres etapas. Primero, revisamos los requisitos de acceso y permanencia en los beneficios, de acuerdo con las leyes orgánicas y a las leyes que los mandatan. Segundo, contrastamos 754.000 registros anuales, correspondientes desde los años 2020 a 2025, que en promedio identifican actuaciones de unas 155.000 personas”, detalló.
En esa línea, expuso que, “en cuanto a tramos de ingreso del Registro Social de Hogares, que pueden estar sobre el tope del programa, hay que recordar que el programa Indap dice que tienen que estar en el 50% más vulnerable. Si nosotros aplicamos lo que llamaríamos un test ácido, es decir, ver las personas que están muy por encima de eso, tenemos más de 12.000 casos que están en los tramos 80% a 100% del Registro Social de Hogares. Es decir, no estamos hablando de la vecindad del 50%”.
Además, indicó que “si hablamos del ingreso declarado de los beneficiarios del Indap respecto a los del Registro Social de Hogares, para estos tres programas, tenemos que existen 27.000 casos, correspondientes a 13.000 personas, cuyo ingreso declarado los ubica en los deciles 8, 9 y 10, muy por encima de lo declarado en el Registro Social de Hogares. Esto equivale al 5,7% de los casos, y en términos de montos involucrados, a unos $8.000 millones”.
“Respecto de los activos, que es una definición que tiene el sistema y que dice, no pueden tener activos sobre UF3.500, nosotros aplicamos un filtro aplicado al doble del tramo legal, es decir, cuántos tienen activos por más de UF7.000, y encontramos que hay 715 casos, correspondientes a 233 personas en ese periodo”, agregó Gómez.
Más aún, reveló que “también hay personas fallecidas que están recibiendo el beneficio de acuerdo con el Registro Civil. Y, por último, desde el año 20 al 25, más de 70.000 casos han permanecido como beneficiarios más de tres años, lo que equivale, si uno hiciera el cálculo, a más de $20.000 millones de revisión”
Así, enfatizó que “lo que estamos mostrando es que tenemos la capacidad, como lo pidieron muchos parlamentarios ayer (lunes), de hacer estos cruces y avanzar entonces en identificar al beneficiario correcto para estos beneficios”.
Los parlamentarios de oposición se mostraron excépticos ante los hallazgos, por lo que el senador Javier Macaya (UDI) señaló que “no basta con decir que no se tienen los pies en el barro (como señaló la oposición), que se hace desde Teatinos para encontrar un diagnóstico de qué personas fallecidas están recibiendo beneficios (...) Sé que los reavaluos y la cercanía de algunas propiedades rurales hacen que estas propiedades se valoricen y sean propiedades importantes, pero una propiedad de $380-$400 millones, evidentemente es un activo relevante para un propietario del sector agrícola que puede permitir acceso a financiamiento más allá de las redes de Indap”.
Al cierre de esta edición, se aprobaron los presupuestos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Segegob, Segpres, Energía, Deporte y Seguridad Pública.
El lunes se aprobaron los presupuestos de Presidencia, Congreso Nacional, Minería, Trabajo y Contraloría.
Ministerio de Seguridad Pública
Una de las mayores discusiones se produjo en el marco de la tramitación del ministerio de Seguridad Pública.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), celebró el aumento y argumentó que “son $3,4 billones (en total), y este gobierno siempre se puede hacer más. Gendarmería es el hermano pobre de seguridad, tiene un aumento histórico cercano a un 18%, pero esto tiene que ser el punto de partida”.
Sin embargo, la senadora Yasna Provoste, señaló que “la Subsecretaría de Seguridad Pública tiene una disminución en sus recursos. Las transferencias corrientes suben, pero nos preocupa la caída más relevante, que es contra el plan de crimen organizado en Carabineros, de aproximadamente $5.000 millones.”
“En reemplazo del plan Calle sin Violencia, esta administración crea el plan FOCO, pero no tiene una glosa que describa cuál será la orientación de esos recursos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi (Independiente), comentó que “en materia de policía e investigación, el presupuesto total aumenta un 7,4% real, mientras los gastos en personal disminuyen un 2,2%, aproximadamente 10.782 millones de pesos. Esa composición requiere una explicación seria.”
Ministerio de Energía
En la partida del Ministerio de Energía se produjo una discusión sobre los precios de la energía. Respecto del subsidio del gas en Magallanes, el diputado Carlos Bianchi (independiente) pidió que el subsidio al gas se refleje en las tarifas.
“Si hay mayor eficiencia, si hay menor gasto y si se le recorta el subsidio a Enap por esto, ¿por qué no baja el precio del gas a los domicilios de Magallanes?”, indicó.
En esa línea, apuntó que “Magallanes es una de las dos o tres regiones en que a partir de enero del próximo año aumenta el valor de la tarifa eléctrica, siendo que el insumo que se ocupa es el gas que está subsidiado”.
El director de Presupuestos respondió que, “desde el punto de vista del Ejecutivo, los recursos están garantizados”.