El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó este jueves que, tras varias horas de reuniones con las empresas y dirigentes de los camioneros independientes de San Antonio, se presentó a los líderes transportistas un “marco de acuerdo” para que depongan el paro, el que ahora deberá ser expuesto y sometido a consideración de las bases del gremio.
Cabe recordar que la movilización de los transportistas -que inició hace ocho días y que mantiene a miles de contenedores acumulados en este puerto de la Región de Valparaíso-, obedece a una crisis que acusan desde el sector por el aumento de los costos operacionales, por lo que, entre sus principales demandas, está un reajuste a los pagos que realizan las empresas generadoras de carga, además de soluciones ante el alza del diésel y nuevos cobros por concepto de TAG.
Y, en este marco, la autoridad regional explicó que se entregó a los camioneros “un marco de acuerdo” respecto del trato que tendrán con las empresas operadoras.
“Está el compromiso de todas las empresas que ellos sean directamente los operadores. Eso es una gran ganancia, es un triunfo para los subcontratistas, porque en el fondo, había lo que se denomina técnicamente un ‘corta cola’, eso se elimina, por lo tanto todas las empresas están disponibles a tratar directamente con ellos y eso es un gran avance”, sostuvo.
Respecto de los términos, el delegado Millones explicó que “como todas las empresas son competidoras, va a ser individual, cada empresa se va a sentar, pero se fija un marco de acuerdo”.
Asimismo, se definió “establecer un indicador objetivo de reajustabilidad, que no existía en este caso para ello, y ese indicador es en este caso el ICT (ïndice de Costos del Transporte), que es una fórmula que establece el INE, que ha establecido nuestro gobierno, y por tanto ese indicador es objetivo respecto a la reajustabilidad. Por lo mismo es interesante que ellos se agrupen, se organicen, se presenten, y por tanto este índice de ajustabilidad partiría cuando ellos ya tengan el contrato”.
Luego, el presidente de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya, valoró el resultado de las conversaciones, pero indicó que las bases serán las que tomen la decisión final. “Estamos contentos, pero esto debo conversarlo con mis bases. Debo conversarlo punto a punto y contarles lo que ocurrió en la reunión de hoy”, sostuvo tras la cita.
Senadora Núñez ingresa proyecto para destrabar paro
En paralelo, esta jornada la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ingresó un proyecto de ley que busca responder a algunas de las principales demandas del sector, principalmente al establecer nuevas condiciones para los contratos de transporte terrestre de carga.
Esta iniciativa apunta a resolver la demanda respecto del reajuste buscado por los transportistas a los pagos que realizan las empresas generadoras de carga.
“Estamos proponiendo modificar el Código de Comercio, porque varias demandas de los pequeños camioneros tienen su origen en el contrato de transporte. Quien hace el viaje adelanta el combustible y los peajes, pero muchas veces recibe el encargo de palabra y, una vez entregada la carga, tiene que discutir cuántos kilómetros le pagan, quién responde por la espera o cuándo podrá cobrar”, sostuvo la parlamentaria.
Sin embargo, sostuvo que “la rebaja del TAG y el acceso a descuentos de diésel son demandas complementarias que requieren medidas distintas”.
Sobre su proyecto, recordó que el Título V del Libro II ya regula el transporte terrestre, la carta de porte, la subcontratación y el pago del flete. “Por eso incorporamos ahí derechos que el transportista podrá exigir directamente a quien lo contrató”, sostuvo.
Entre sus principales medidas contempla que las partes acuerden previamente el valor por kilómetro recorrido, incluidos los tramos en vacío que sean contratados, además del pago separado de los peajes, salvo que exista un acuerdo expreso para incorporarlos en la tarifa.
Asimismo, establece compensaciones por tiempos de espera superiores a dos horas en un mismo punto, cuando la demora sea atribuible al cliente o al recinto que este designe. En esos casos, se propone un pago de 0,5 UF por cada hora adicional, con un límite de 10 UF por cada período de 24 horas.
Finalmente, aborda es el plazo de pago de los servicios, estableciendo un máximo de 30 días corridos desde la recepción de la factura. Además, contempla que el transportista pueda exigir el pago a quien lo contrató, incluso cuando este último todavía no haya recibido los recursos de su propio cliente, junto con mecanismos para reclamar judicialmente al destinatario final de la carga en determinadas circunstancias.