El jueves pasado los diputados de oposición que están impulsando la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, se reunieron con abogados constitucionalistas en la sede del Congreso en Santiago para recibir opiniones y orientaciones sobre los fundamentos jurídicos del libelo acusatorio, acción motivada por la crisis causada por las 56 rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Uno de los asistentes a ese encuentro fue el abogado constitucionalista, académico y exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quien la mañana de este domingo, en diálogo con radio Nuevo Mundo, aseguró que, a su parecer, la AC en contra de Rabat tendría “fundamentos sólidos” para ser presentada.
Para el exministro, “las respuestas que ha dado el gobierno son bastante bochornosas, además es muy preocupante que autoridades públicas le entreguen información incompleta o que traten de confundir a la ciudadanía”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que “las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Estado están reguladas en el artículo 52, número 2, letra B de la Constitución
En esa línea, a modo de “paréntesis” acusó que “el gobierno lamentablemente con su actitud está empujando al Congreso Nacional a utilizar esta herramienta”.
“Lo que yo le diría al gobierno es que esa confrontación que quiere tener con el Congreso Nacional es innecesaria. Desde el momento en que el gobierno considera que esto es un grave error (...) ese error debería tener responsabilidades políticas”, indicó.
Gajardo acusó que “el Presidente se ha empecinado en fortalecer o en acompañar al ministro de Justicia. Eso es inexplicable y además busca la confrontación con el Congreso Nacional”.
En esa línea, reforzó que, a su parecer, “”.
“Fundamentos plausibles”
Respecto a los fundamentos del libelo acusatorio, el abogado planteó que habría “una infracción directa” en el hecho de que “el ministro de Justicia haya infringido la ley de rebaja de condenas (...) lo que dice es que él no puede o no debe entregar rebajas de condenas a criminales de este tipo”.
Como segundo punto, planteó que habría una infracción “muy directa de la ley” respecto al Estatuto de Roma. “El hecho de que se le hubieran otorgado rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad a pesar de que no cumplen con los requisitos establecidos para acceder a beneficios penitenciarios que están en el Estatuto de Roma”.
El tercer argumento que establecería la AC tiene relación que “el ministro de Justicia, en una sesión especialmente convocada (...), le haya entregado información errónea y haya ocultado información al Congreso Nacional que estaba ejerciendo sus facultades de fiscalización”.
Gajardo recalcó que la AC es una facultad de los diputados que busca “custodiar que las autoridades públicas no cometan una infracción a la Constitución, no cometan una infracción a la ley, no falten a la probidad”.
En ese sentido, manifestó que le “parece que los diputados y diputadas están actuando seriamente en el sentido de que se están tomando el tiempo que corresponde para presentar una acusación que sea sólida”.
Y ahí, nuevamente, el gobierno ha fallado porque no le entrega los antecedentes a pesar de que los tiene”, sostuvo.
Se espera que los diputados opositores presenten el libelo acusatorio en los próximos días.