La investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Coyhaique contra una serie de imputados vinculados a la Corporación Dispensario Nacional -conocida también como Operación Ámsterdam- se ha ido complejizando.
Luego de la formalización, algunos de los imputados han cuestionado la indagatoria e incluso han presentado querellas que ponen en duda los antecedentes que originaron el caso y que apuntan a funcionarios del OS7 de Carabineros que están investigando el caso junto al Ministero Público de Aysén.
Así por ejemplo lo hizo William Vásquez, quien es el director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia. Vásquez supuestamente habría sido quien originó todo el caso a través de una denuncia que él desconoce. Según Vásquez él solo hizo “consultas administrativas relativas al desarrollo de su proyecto de dispensario medicinal”. En su querella de septiembre acusó falsificación de instrumento público, violación de secreto y amenazas.
En paralelo, el imputado Matías Landerer -uno de los principales socios de Má Botánics- también presentó una querella en septiembre. Lo hizo representado por su abogada Rocío Berríos. En esa acción penal se solicitó investigar los eventuales delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción de investigación e intromisión en la intimidad.
La querella de Landerer, entre otras cosas, apuntaba a la misma dirección que la de Vásquez, es decir, que el hito inicial del caso habría sido falsificado, ya que Vásquez nunca habría hecho una denuncia.
Este tema fue abordado por el propio fiscal regional Hernán Libedinsky. En una entrevista con La Tercera de septiembre el persecutor explicó que “lo que dio origen a esta investigación fue un, luego de que don William Vásquez se acercara voluntariamente a Carabineros y aportara información respecto de hechos que podrían ser constitutivos de delito. En este caso, de un posible tráfico de drogas”.
Respecto de ese punto, el Ministerio Público de Aysén complementó este viernes que “el artículo 175 del Código Procesal Penal, es muy claro en cuanto a la obligación legal de denunciar que corresponde a los funcionarios públicos y, en particular, a los miembros de Carabineros respecto cualquier delito de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.
En esa línea añaden que “aun cuando esta persona no hubiere tenido la intención de hacer una denuncia formal ante Carabineros sino sólo una consulta, de igual modo, por el hecho de poner en conocimiento de la autoridad un antecedente que revista caracteres de delito, Carabineros está obligado por ley a informar al Ministerio Público de la noticia criminis. Incluso en estos casos la Fiscalía puede de oficio iniciar una investigación”.
Pese a esas explicaciones, para los imputados las dudas persisten y deben ser investigadas penalmente. En su querella de septiembre, Landerer pidió que se remitieran “los antecedentes a la Fiscalía Regional de Aysén, a fin de que sean elevados al Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, para su conocimiento”.
El 20 de octubre la abogada querellante insistió en su petición. El objetivo de Berríos era saber si los hechos habían sido remitidos a Valencia para así saber qué jurisdicción llevaría la indagatoria en función del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Un día después, el juez Mario Devaud acogió la petición de Berríos. “Atendida la solicitud de la abogada querellante, pídase cuenta a la Fiscalía Regional, de la diligencia ordenada mediante resolución dictada con fecha 25 de septiembre de 2026, esto es, remitir los antecedentes de la presente causa a la Fiscalía Nacional”, se lee en la resolución.
El 22 de octubre llegó la respuesta del fiscal Libedinsky: “En cumplimiento de lo dispuesto en resolución de 25 de septiembre del año en curso, este fiscal regional ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía Nacional, mediante oficio reservado de 14 de septiembre de 2026, los antecedentes vinculados a la presentación de la querella”.
Libedinsky agregó que el fiscal nacional “”.
“Conforme a sus propios fundamentos, dicha designación tiene por objeto garantizar que el esclarecimiento de los hechos se lleve a efecto con plena objetividad y autonomía, para lo cual la dirección de la investigación debía radicarse en un Fiscal Regional distinto de aquel correspondiente al territorio en que se habrían producido los hechos. En consecuencia, es la Fiscalía Regional del Maule la que dirige esta investigación y la única llamada a adoptar las decisiones que en ella correspondan”, se lee al final del escrito del Ministerio Público.