El Frente Amplio (FA) optó por escalar sus dudas sobre el acuerdo firmado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, con el el CEO y fundador de OpenAI, Sam Altman.
La diputada y presidenta de la colectividad, Gael Yeomans, ofició al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, para que haga lo propio con Lincolao y la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, para que se haga público el texto íntegro del memorándum de entendimiento que el gobierno suscribió con la compañía estadounidense y que expliquen qué pasará con los datos de las personas.
El firma busca establecer “OpenAI para Chile”, una iniciativa enmarcada en el programa “OpenAI for Countries” y orientada a que el Estado adopte la inteligencia artificial (IA) de manera segura y responsable para mejorar los servicios que entrega a las personas.
Lo que se sabe hasta ahora es que el ministerio participará inicialmente junto a OpenAI en la coordinación de la iniciativa a través de un comité de trabajo, y otras entidades públicas podrán sumarse según sus atribuciones y presupuestos.
La decisión de la secretaría de Estado despertó dudas en la tienda progresista, dado la sensibilidad de los datos que podrían verse comprometidos.
En el oficio dirigido a la Cámara se advierte que: “Resulta bastante cuestionable, que un proveedor participe en levantar las necesidades del Estado antes de que exista una licitación. Es decir, el ministerio pasa a ser intermediario entre OpenAI, sus startups asociadas y los compradores públicos. Las empresas que trabajan con otros modelos o con desarrollo propio quedan fuera de eso”.
Además, se señala que “aún no se ha entregado información sobre cómo se resguardarán los datos de las personas y cómo se compatibiliza esta cooperación con la soberanía tecnológica. Porque modernizar no puede significar regalar los datos de las chilenas y los chilenos a las empresas ni perder soberanía digital”.
“Es por ello, que el gobierno debe transparentar íntegramente el memorándum de entendimiento con OpenAI, las razones, objetivos del ministerio, sus alcances, eventuales compromisos futuros y garantías sobre el uso de información pública”, dice.
Finalmente, se pide remitir copia íntegra del memorándum de entendimiento suscrito con OpenAI, incluyendo anexos y documentos complementarios; informar el procedimiento utilizado para seleccionar a OpenAI como contraparte de esta iniciativa, indicando los fundamentos técnicos y jurídicos, si se evaluaron otros proveedores, y por qué no se recurrió a un procedimiento de licitación pública u otro mecanismo competitivo de contratación; dar a conocer cuáles son los compromisos específicos que asume el Estado de Chile en virtud de este acuerdo, indicando todas las obligaciones y acuerdos; informar si OpenAI tendrá acceso a bases de datos, registros administrativos, datos personales o información reservada del Estado, especificando qué organismos y bases de datos estarían involucrados, dónde se almacenaría y procesaría dicha información y si podrá utilizarse para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, entre otros.
Oficio a Lincolao y a la Contraloría
En paralelo, el senador frenteamplista Diego Ibáñez ofició directamente a la ministra Lincolao y a la Contraloría General de la República, para solicitar información sobre el memorándum de entendimiento que busca establecer “OpenAI para Chile”.
En el primer escrito, dirigido a la titular de Ciencia, el legislador también pide que se haga pública la firma. “Con el propósito de conocer los alcances y condiciones de este acuerdo, velar por que la incorporación de inteligencia artificial en el Estado se desarrolle con apego a los principios de probidad y transparencia y con debido resguardo de los datos de las personas, y contar con antecedentes para la discusión legislativa sobre la materia”, se lee en el texto.
En el oficio enviado la contralora Dorothy Pérez, en tanto, pide “verificar que se cumpla con los principios de probidad y transparencia, al tratarse de un trato directo, así como evaluar la conformidad a derecho del memorándum y de su acto aprobatorio, y la eventual existencia de compromisos de recursos públicos o de tratamiento de información del Estado y de datos personales que requieran resguardos especiales”.