Hernán Larraín lo volvió a hacer. El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la segunda administración de Sebastián Piñera, nuevamente es protagonista de una discusión al interior del oficialismo, a raíz de la controversial firma de decretos -por parte del actual titular de la cartera, Fernando Rabat- que permitió la rebaja en la condena de pederastas.
En una columna de opinión publicada en La Tercera, el expresidente de la UDI cuestionó la propuesta de derogar la ley de rebajas de condena como respuesta a la crisis que enfrenta el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La Ley 19.856 establece una reducción de condena para quienes acrediten comportamiento sobresaliente. La semana pasada, el portavoz de La Moneda, Gonzalo Arenas, confirmó que “vamos a cortar el problema de raíz y esa ley del 2003 va a quedar absolutamente derogada”, a través del respaldo a una iniciativa parlamentaria impulsada por los senadores Andrés Longton (Renovación Nacional) y Arturo Squella (Partido Republicano) en esa dirección.
En la columna de opinión, Larraín advirtió que eliminar ese mecanismo sin fortalecer la reinserción podría aumentar la reincidencia y empeorar la situación de las cárceles. “Podrá, ciertamente, reformularse, pero suprimir una herramienta de uso internacional, sin presentar en forma simultánea una política integral de reinserción social, solo contribuirá a aumentar la reincidencia y a recrudecer la situación delictual (y carcelaria) existente”, escribió.
“El afán del gobierno —que se suma al del parlamento— de solucionar el dilema derogando la ley de rebajas de condenas de 2003 lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo”, añadió.
Sus palabras no encontraron sintonía en el oficialismo. Ni siquiera en su partido, la UDI. Los senadores de esta colectividad, de hecho, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar el mecanismo de reducción de condenas por buena conducta de los internos.
“La ley fue hecha en otro país. El 2003 aún no penetraba el crimen organizado y no vivíamos una crisis de seguridad como la que vivimos actualmente, por eso había una mirada distinta de la reinserción social. Hoy los tiempos cambiaron y lo que nos piden a gritos los chilenos es que los delincuentes estén en la cárcel y que el sistema se preocupe más de la víctima que de la reinserción del delincuente”, sostuvo el diputado gremialista Eduardo Cretton.
Desde la bancada del Partido Republicano, el diputado Alejandro Riquelme planteó: “Discrepo profundamente del exministro Larraín. A mi juicio, estas posiciones garantistas han contribuido a la inseguridad que vivimos: se sustituyó la pena de muerte, se establecieron rebajas de condena y vimos los indultos de Boric. Siempre el énfasis en los beneficios para los delincuentes, mientras las víctimas esperan”.
“Gracias a Dios, hoy Larraín no es diputado ni senador: la decisión de derogar esta ley corresponde al Poder Legislativo, junto al Ejecutivo como colegislador. Respaldo avanzar en su derogación y fortalecer la reinserción. Exigir el cumplimiento de las condenas y proteger a las familias es una obligación del Estado”, agregó Riquelme.
Tampoco comparte la postura de Larraín el senador Longton. “El exministro manifiesta su rechazo a la derogación de la ley sin tener toda la información, me parece, porque lo que hacemos no es inhibir de la rehabilitación o la reinserción al sistema, que es fundamental para combatir la reincidencia delictual, sino trasladar este sistema fallido y viciado a la ley que crea el servicio de reinserción social, que es la entidad por la que el gobierno está trabajando”.
Longton agregó que en esa entidad “es donde deben armonizarse las normas conjuntamente con el tribunal de ejecución de penas, pero no podemos seguir avalando un sistema que hoy día, y hace un buen tiempo, está liberando a delincuentes a pesar de su alto riesgo delictual”.
En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) señaló que: “Nosotros estamos por derogar la ley que rebaja las penas y sustituirlo por un proyecto nuevo que restrinja los beneficios y quienes pueden ser beneficiarios. Ya no basta con ‘parchar’ una ley, que además, fue hecha para otros tiempos, otro Chile. Hoy la delincuencia es completamente diferente y necesitamos una legislación acorde y una nueva reforma procesal penal con no más garantismo”.
Quien sí coincidió con el exsecretario de Estado fue el senador independiente Matías Walker. Él planteó: “Larraín fue claro: cuando aprobamos el proyecto del Presidente Piñera que excluyó de la rebaja de condenas a abusadores sexuales de menores de edad, que al tratarse de un beneficio, de una mera expectativa (y no de un derecho), la exclusión se aplica a abusos anteriores al año 2022. Por lo tanto, frente a una errónea aplicación de la ley, lo que debemos hacer es abocarnos a resolver los proyectos que refuerzan la exclusión del beneficio para los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.
“Derogar el beneficio para todos los delitos, como hurtos o robos, termina con los incentivos a la buena conducta dentro de los recintos penitenciarios. Así lo ha expresado con claridad, por ejemplo, el exdirector de Gendarmería Christian Alveal”, agregó el senador por Coquimbo.
Larraín ya había chocado con el Partido Republicano producto de la crisis que protagoniza Rabat. A fines de octubre, el exministro compartió una declaración en la que explicó que, durante su gestión como titular de Justicia, intentó impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedieran a rebajas de penas. “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, ¿no crees, Hernán?”, respondió el timonel republicano, Arturo Squella. Una publicación que luego eliminó.