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Ex socio y estudio Carey ponen fin a largo arbitraje: estudio pagó $620 millones por “compensación razonable”

Ex socio y estudio Carey ponen fin a largo arbitraje: estudio pagó $620 millones por “compensación razonable”

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Con una transferencia bancaria realizada la semana pasada a la cuenta de su exsocio Claudio Lizana, el estudio Carey cerró definitivamente el mediático arbitraje que ambos protagonizaban desde 2023. El conflicto legal había estallado tras la salida del abogado del bufete, en medio de fuertes discrepancias con la administración de la firma.

El arbitraje originalmente estuvo en manos del abogado Ricardo Peña, pero posteriormente pasó a ser dirigido por Ricardo Escobar (socio de ESYF Abogados), quien se centró en resolver los aspectos de compensación económica establecidos en el pacto de accionistas ante la salida de un socio.

El arbitraje, que se rigió bajo las bases del pacto de accionistas del estudio de abogados, duró más de dos años: comenzó el 1 de julio de 2024 y culminó el pasado 25 de septiembre.

Si bien la demanda original pretendía 179.262 UF ($7.340 millones), el laudo arbitral acogió solo la denominada “compensación razonable” contemplada en el pacto de socios del estudio, la cual, tras deducir los montos correspondientes a los clientes que el abogado se llevó, fijó el pago 13.884 UF ($574 millones), cifra que más reajustes e intereses quedó en $620 millones.

En su decisión, el árbitro consideró que Lizana se llevó clientes que atendía en Carey, dos de los cuales, según constató Pulso, son Brinks y Mastercard, además de otros dos de menor tamaño.

El fallo arbitral rechazó el resto de las pretensiones de Lizana, quien pedía una indemnización por daño moral, por falta de acreditación.

El monto original exigido por Lizana de 179.262 UF ($7.340 millones) se descomponía en 146.897 UF ($6.074 millones) en indemnización de perjuicios y 32.365 UF ($1.338 millones) por daño moral.

Originalmente y previo a que se fuera del estudio de abogados, Carey ofreció a su ex socio una compensación económica que ascendía a poco más de $500 millones, monto que ya consideraba el hecho de que Lizana se llevaba a dos clientes a su futuro estudio.

En el arbitraje, el estudio de abogados Carey contó con la asesoría legal de Aldo Molinari y Ricardo Reveco, ambos socios del mismo estudio. Mientras que Claudio Lizana estuvo representado por Ciro Colombara, socio de Estudio Colombara. El árbitro, Ricardo Escobar, también ex director del SII, es un antiguo socio de Carey cuyo nombre fue establecido como uno de los posibles árbitros en caso de divergencias entre socios del bufete.

El fallo, que no condena a ninguna de las partes al pago de costas, establece como condición obligatoria mantener reserva sobre sus alcances, por lo que ninguna de las partes quiso realizar comentarios para este artículo.

Carey, el estudio jurídico más grande de Chile, opera desde seis pisos de la Torre Titanium en Santiago con un área legal de 600 profesionales, incluidos 44 socios. La firma, fundada en 1905 en Antofagasta por Francisco Carey (1873-1946), enfrentó, además del caso de Claudio Lizana, un litigio laboral con la abogada María José Martabit por “discriminación de género”, el cual se resolvió mediante un acuerdo en marzo de 2022.

La disputa pendiente

Pese al fin del arbitraje, el estudio y su ex socio mantienen otra disputa en tribunales ordinarios. Ante el 6º Juzgado Civil de Santiago, Claudio Lizana demandó a su ex empleador acusando ser víctima de difamación. La causa se mantiene bajo reserva.

En esa demanda por responsabilidad extracontractual, el abogado Lizana reclamó una indemnización de perjuicios de $1.100 millones, apuntando a los daños morales y de reputación generados internamente dentro de la firma. Esto luego de haber sido, según él, excluido de la firma sin mayores explicaciones ni respetar el pacto de socios, decisión que dañó su imagen profesional.

Actualmente, este juicio se encuentra en etapa de prueba, a la espera de finalizar los peritajes pendientes para que se dicte sentencia de primera instancia.

En su demanda civil, Lizana detalló que el conflicto con el estudio Carey comenzó el 6 de octubre de 2022, cuando el socio administrador del bufete, Jaime Carey, le comunicó al abogado su exclusión de la firma.

“Esta exclusión forzada se efectuó no solo de manera brutal ni decoro, sino que, en abierta infracción al procedimiento de exclusión establecido expresamente en el pacto de socios, que exige para la exclusión de un socio con más de 3 años de antigüedad: el voto favorable de a lo menos el 80% del total de socios y; que la exclusión hubiere sido propuesta por el Comité Ejecutivo o socios que representen al menos el 30% del total de socios”, acotó el escrito.

Según el mismo documento, “ninguna de estas formalidades fue cumplida al momento de la exclusión de nuestro representado, toda vez que, tal como reconoció Jaime Carey en la reunión sostenida el 6 de octubre de 2022, la decisión solo fue acordada con los socios más seniors, sin que se haya llevado a cabo una votación formal por el resto de los socios”.

Fuente: Negocios La Tercera

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