Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal. Todos estos países, entre otros, han enfrentado masivas y en algunos casos violentas protestas en los últimos meses. Convocadas por temas de educación, vivienda, costo de la vida o corrupción, miles de personas han salido a la calle por lo que consideran una respuesta deficiente de parte del sistema público y privado a sus propias necesidades e inquietudes.
No deja de ser paradójico que estas movilizaciones masivas se den, justamente, en países desarrollados que se destacan por la relevancia del Estado en su economía y en la prestación de servicios. Francia, por ejemplo, registra un gasto público cercano al 57% de su PIB; Bélgica, del 54%; Italia, del 51%. Sin embargo, por diversas razones, no parecen estar atendiendo satisfactoriamente las demandas de sus ciudadanos. Evidentemente, más que de recursos el problema sería el choque entre las expectativas y la capacidad de respuesta del Estado para resolver las tareas que esas sociedades le han delegado, que son muchas.
En Chile, esta situación nos debiera llevar a recuperar la postergada reflexión sobre el Estado que necesitamos para alcanzar el desarrollo. Un ejemplo plausible de la urgencia de esta discusión lo encontramos en el ámbito de la educación, donde el nivel de gasto como porcentaje del PIB se encuentra por sobre la media de la OCDE, pero en cuanto a resultados nos ubicamos entre los últimos lugares. Algo similar se da en la gestión de las listas de espera, el trámite de las licencias médicas, la movilidad laboral dentro del Estado, y un largo etcétera, dónde las barreras a un mejor desempeño, más expedito y moderno del sector público aparecen concentradas en sus capacidades más que en los recursos.
Resulta llamativo que, con los evidentes problemas en gestión, más del 97% de las evaluaciones de desempeño del sistema público en 2025 hayan sido evaluadas con “máxima distinción”, mientras que sólo un 34% y un 43% de los chilenos están satisfechos con la gestión del Estado en salud y educación, respectivamente (Survey OCDE: Drivers of Trust in Public Institutions 2026). Esta diferencia y desconexión brutal entre lo que los responsables de prestar los servicios creen y lo que perciben quienes reciben los servicios, es una brecha que se debe eliminar para poner el foco de atención en los resultados de los programas, que es lo que realmente debe importar.
La modernización del Estado requiere, por ello, un enfoque más profundo que la mera discusión de “cuanto se gasta”. Hay una pregunta relevante a responder antes que es “cómo y en qué se gasta”. En ese sentido, cabe preguntarse cómo digitalizamos servicios, cómo integramos sistemas o cómo agilizamos procesos, pero la cuestión de fondo es cómo dotamos al Estado de las capacidades para poner su energía en los resultados, en el impacto de su actividad, y destinar sus recursos al cumplimiento de esos objetivos en lugar de a la burocratización.
Este principio básico -el resultado sobre el proceso- toma especial relevancia en el diseño y evaluación de cada programa público: de nada sirve contar con iniciativas de nombres elocuentes y nobles intenciones, si finalmente los recursos destinados no se traducen en un efecto positivo y directo para las personas. En un Estado moderno, es necesario poder evaluar y actuar a partir de resultados y no sólo de buenas intenciones. Asimismo, las personas que se desempeñan en el aparato público deben ser evaluadas en función del éxito o fracaso que tienen en cumplir dichos resultados.
En una conferencia dictada en la Universidad de Standford, Francis Fukuyama postula que el enfoque de un Estado moderno debiera reemplazar el excesivo celo del control burocrático que muchas veces predomina en los órganos públicos, por la responsabilidad efectiva sobre los resultados de gestión. Esto, plantea, cambiaría el análisis de la gestión pública desde “lo que hace” a “lo que logra”.
Resguardar la probidad, independencia y objetividad de las instituciones públicas es fundamental, pero es igualmente necesario que su gestión y evaluación esté orientada al logro de resultados específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada, además de que esta evaluación se haga con total transparencia para la ciudadanía.
El progreso de Chile, la estabilidad democrática y económica del país, y las demandas de los ciudadanos ponen en un lugar relevante la urgencia de modernizar el Estado para que sea más eficiente y eficaz en la entrega de los resultados de su gestión. Sólo en ese momento, quizás, la brecha entre la percepción de los funcionarios públicos y la vida de los ciudadanos se reducirá, mejorando la confianza y prestigio de nuestras instituciones y nuestra política.
El autor de esta columna es director de empresas