El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó su rechazo a los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, asegurando que estas decisiones constituyen un retroceso en los avances que ha tenido el país en materia de protección de la infancia. Sus declaraciones se dieron este jueves, durante la presentación del Informe Anual 2026 de la institución.
“Frente a esta situación estamos realizando todas las acciones de intermediación y las acciones judiciales para proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas. ”, sostuvo Quesille durante su intervención.
En esa línea, el defensor planteó que las medidas adoptadas no se condicen con los avances que ha registrado el Estado en esta materia, entre ellos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, la regulación de las entrevistas investigativas videograbadas para prevenir la revictimización y la existencia de un registro de personas condenadas por este tipo de delitos.
Quesille también apuntó a la responsabilidad de las instituciones frente a lo ocurrido y sostuvo que se trata de una situación en la que el “Estado falló”. Al respecto, manifestó estar de acuerdo con las declaraciones del Presidente de la República, José Antonio Kast, del pasado 26 de octubre, cuando calificó los hechos como un grave error y
“Nosotros, como Defensoría de la Niñez, no solamente nos podemos poner en la línea de la denuncia y retirarnos. Tenemos que ponernos a disposición de las instituciones del Estado para poder solucionar el problema de fondo”, afirmó, agregando que la institución también se puso a disposición del gobierno para avanzar en medidas de protección y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Informe anual 2026
En el marco de la presentación, el defensor dio a conocer los principales resultados y alertas del Informe Anual 2026, que identifica importantes brechas en la capacidad de respuesta de los servicios públicos destinados a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre los antecedentes expuestos, el documento señala que Chile registraba 180.765 medidas de protección vigentes al cierre de 2025, según información del Poder Judicial. Asimismo, .
Otro de los puntos críticos corresponde al cuidado alternativo: durante marzo de 2026, un total de 649 niños y niñas de entre cero y tres años fueron atendidos en residencias de protección, pese a que los estándares de derechos humanos establecen que durante la primera infancia debe priorizarse el cuidado en un entorno familiar.
En materia de acceso a la justicia, el informe advierte sobre la sobrecarga de los programas de representación jurídica especializada. En el programa La Niñez y Adolescencia se Defienden, los datos proyectados para 2025 muestran un promedio de 428 casos por abogado, frente al límite técnico de 150, mientras que cada trabajador social registraba una carga de 1.653 casos.
Asimismo, durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la Defensoría recibió 2.958 requerimientos, de los cuales un 60% estuvo relacionado con vulneraciones de derechos. Además, presentó 37 querellas y realizó 26 visitas a residencias de protección, centros penitenciarios y centros de justicia juvenil, un 62,5% más que en el período anterior.
Finalmente, otro de los puntos que advierte el informe es sobre el deterioro de la salud mental y el aumento de la violencia entre adolescentes. Entre sus principales alertas identifica: agravamiento de los indicadores de salud mental, aumento de la violencia entre pares en establecimientos educacionales, incremento de la violencia sexual, aumento de situaciones de discriminación y mayor relevancia de los entornos digitales como espacios de socialización y recreación.
También apunta a una disminución en la satisfacción con la vida: entre adolescentes de 15 a 17 años, el porcentaje que declara estar muy satisfecho pasó de 34% en 2015 a 31% en 2025.