El exconservador de Santiago Luis Maldonado intentó de varias formas evitar tener que jubilarse de su cargo como titular del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas. Primero presentó un recurso de amparo económico, pero no tuvo éxito ya que la Corte de Santiago lo declaró inadmisible.
Luego cuando se acercaba el fin de sus casi 30 años como el poderoso Conservador de Santiago, hizo una última jugada.
De la mano del exministro del Tribunal Constitucional (TC) Gonzalo García y el abogado Francisco Santana presentó en agosto una acción antidiscriminación en un juzgado civil para así crear una gestión pendiente y luego recurrir de inaplicabilidad ante el TC.
En su requerimiento ante el TC, Maldonado alegó que la disposición transitoria que jubilaba a todos los auxiliares de la justicia mayores de 75 años era una norma que generaba efectos inconstitucionales en su caso particular.
En su escrito argumentaba, entre otras cosas, que tal disposición era una discriminación solo por razones de edad, lo cual es inconstitucional.
Pese a que Maldonado intentó armar un caso sobre discriminación arbitraria, cuyos efectos podrían generar un grave precedente para otro tipo de funcionarios públicos, su arremetida en el TC fue leída como un reclamo para no tener que abandonar un cargo que le generaba millonarias utilidades.
En una polémica entrevista concedida a El Mercurio, el exconservador explicó que consideraba inconstitucional su salida del oficio: “Entramos antes del año 1995, con una ley que decía sin tope de edad (...) No puede ser que algo se cambie de acuerdo a como se le ocurre al ministro de Justicia o a la Cámara de Diputados o al Senado. Es un mal precedente”.
Luego, en esa misma entrevista, explicó por qué no quería dejar el oficio. “No quería dejar el cargo porque me gusta. Me entretiene (...) Me habría quedado un año más, si no quería más (...) Lo habría hecho voluntariamente, sin que me echen”, agregó el abogado de 81 años.
Pese a todos sus intentos. Maldonado fracasó y el 2 de octubre, solo por el imperio de la ley, cesó de su cargo en el que estuvo casí 30 años.
El TC, en tanto, se tomó su tiempo para resolver la admisibilidad de su inaplicabilidad. Pese a que Maldonado le hizo ver a la magistratura que había cierta urgencia en su caso, los ministros no se apuraron.
Tanto así que recién el 10 de noviembre la Primera Sala del TC despachó la resolución con la que se hizo público lo obvio: .
“No se advierten las infracciones constitucionales respecto de los preceptos legales impugnados, por lo que el requerimiento no puede prosperar”, se lee en la resolución que tuvo los votos favorables de las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht, y del ministro Héctor Mery. El único voto disidente fue el del ministro Miguel Ángel Fernández.
El voto de mayoría además consideró que “la declaración de inaplicabilidad que se pide importaría conocer, debatir y decidir sobre la distribución de competencias respecto al control de constitucionalidad de preceptos legales en el ordenamiento jurídico nacional, produciendo así una desnaturalización de la acción de inaplicabilidad, en tanto es un control concreto y no abstracto”.
La sentencia notificada la semana pasada no tendrá efecto alguno ya que Maldonado está jubilado desde el 2 de cotubre. Sin embargo, sí tuvo un efecto simbólico ya que cerró de manera definitiva un capítulo que tuvo varias batallas, pero que ninguna consiguió el objetivo que se buscaba.