Durante la pasada Enade, el ministro Quiroz presentó con claridad la hoja de ruta económica del gobierno: ordenar las cuentas fiscales, reducir impuestos y simplificar las regulaciones. El objetivo es hacer de Chile un destino más atractivo para la inversión y, con ello, elevar la productividad en el mediano plazo y recuperar el crecimiento económico en el largo plazo.
Sin embargo, en esa hoja de ruta quedaron fuera elementos fundamentales para el desarrollo productivo: la competencia, la educación y las alianzas público-privadas. Al Estado, en tanto, solo se lo mencionó para negarle un papel.
Más allá de sus fundamentos ideológicos, esta estrategia parece confiar en que un conjunto de medidas generales será suficiente para reactivar el crecimiento. Pero mejorar las condiciones para invertir no equivale, por sí solo, a generar desarrollo productivo.
El crecimiento de largo plazo depende de aumentos sostenidos de productividad, pero estos no se distribuyen de manera homogénea en la economía. Arnold Harberger, mentor de los Chicago Boys, lo explicó con una imagen: la productividad no crece como la levadura, sino como los hongos, concentrada en unas pocas empresas y sectores que pueden convertirse en motores del crecimiento económico. Y brota en lugares concretos, a partir de inversiones que alguien imagina, financia y construye.
Producir algo nuevo o mejorar lo que ya hacemos exige mucho más que ofrecer mejores condiciones para invertir. Es, en esencia, un desafío de coordinación territorial.
Identificar qué proyectos pueden resolver una necesidad productiva o aprovechar una oportunidad de mercado requiere combinar distintos saberes y descubrir soluciones en conjunto. Se trata de un proceso de aprendizaje y experimentación que involucra a actores con conocimientos y capacidades diferentes.
Pensemos en la agricultura de la zona centro-sur del país. Los desafíos climáticos exigen adaptar los sistemas productivos, pero las soluciones no dependen únicamente de los agricultores. Requieren combinar conocimientos en genética vegetal, infraestructura, almacenamiento y gestión eficiente del agua.
En el caso del hidrógeno verde en Magallanes, materializar estos proyectos exige coordinar la importación de los aerogeneradores, desarrollar infraestructura y proveedores locales, formar trabajadores especializados, generar conocimiento para evaluar impactos y preparar las ciudades para recibir a quienes llegarán a trabajar. Todo esto requiere, además, diálogo con las comunidades y con las demás actividades productivas del territorio.
Los proyectos de inversión se deciden de manera descentralizada y enfrentan oportunidades y obstáculos propios de cada territorio. Muchos de estos desafíos solo se hacen visibles durante su desarrollo y requieren respuestas específicas. Por eso, las políticas económicas no pueden basarse solo en recetas uniformes.
Las preguntas relevantes para el largo plazo son, entonces: cómo generar nuevos proyectos a partir de las capacidades y oportunidades de cada territorio; cómo lograr que las inversiones existentes impulsen el desarrollo de su entorno; y cómo crear nuevas actividades productivas en lugares donde hoy son escasas.
Los equilibrios macroeconómicos e incentivos generales son necesarios, pero no bastan para impulsar el desarrollo productivo. La discusión sobre el crecimiento necesita incorporar una perspectiva territorial y pragmática, que reconozca la importancia de la coordinación entre actores, la colaboración público-privada, el rol del Estado, la educación y los bienes públicos que requiere cada actividad productiva.
*El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson