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Diputados PS piden a Contraloría fiscalizar a Justicia y Migraciones por posibles irregularidades en expulsiones de extranjeros condenados

Diputados PS piden a Contraloría fiscalizar a Justicia y Migraciones por posibles irregularidades en expulsiones de extranjeros condenados

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Los diputados socialistas César Valenzuela y Juan Santana presentaron este lunes ante Contraloría un requerimiento de investigación ante posibles irregularidades en el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) por rebajas de condenas a extranjeros con órdenes de detención.

La acción de los parlamentarios surge tras una publicación del medio Interferencia, que reporta que, entre los meses de marzo y mayo de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no había remitido información sobre el otorgamiento de rebaja de condenas respecto de extranjeros tanto al Servicio Nacional de Migraciones como a la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese sentido, el requerimiento remarca que la información del medio citado manifiesta que “, para ejecutar las órdenes de expulsión administrativas decretadas por el propio Servicio Nacional de Migraciones, pues se requeriría que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos alerte y/o avise con un tiempo razonable que hay un condenado extranjero con orden de expulsión vigente que está postulando al beneficio de rebaja de condenas y que tiene una fecha específica de término de condena anticipada, así como informar cuando la decisión se haya adoptado, con el objeto de la Policía de Investigaciones de Chile pueda cumplir con su mandato legal de ejecutar estas órdenes”.

Por lo anterior, piden que el ente fiscalizador “emita un pronunciamiento dictaminando si ha existido incumplimiento de las obligaciones legales establecidas hacia el Ministerio del Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Migraciones en el contexto del otorgamiento de beneficios de rebaja de condenados hacia personas extranjeras”.

Además, el requerimiento solicita que la Contraloría “determine si existen antecedentes para hacer valer la responsabilidad administrativa de las o los funcionarios públicos, incluyendo sus autoridades, frente al posible incumplimiento de ejecutar órdenes de expulsión o no decretarlas”.

“El mismo gobierno que hablaba de que iba a expulsar 300 mil migrantes, que lo iba a hacer con sus propios recursos y que además les inició una cuenta regresiva, no sólo les ha rebajado la condena a estos migrantes irregulares, sino que eventualmente tampoco ha sido capaz de garantizar de que esas personas haya iniciado su proceso de expulsión administrativa”, criticó el diputado Valenzuela.

Por su parte, Santana señaló que esta información lo que muestra es que “no hay solamente en esta situación de la baja de los decretos un problema desde el punto de vista de a quienes se está entregando el beneficio carcelario, sino que además hay un problema de desprolijidad a la hora de ejecutar y de llevar actos administrativos adelante que son indispensables para poder ejecutar este tipo de expulsiones”.

Fuente: Nacional La Tercera

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