Hasta la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados llegó la tarde de este lunes el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para abordar junto a los parlamentarios el impacto que ha tenido en las familias y víctimas las rebajas de sentencia a condenados por delitos de connotación sexual contra menores de edad.
En la instancia, el defensor señaló que las rebajas autorizadas por el Ministerio de Justicia, liderado por el ministro Fernando Rabat, han generado “impacto que no tiene que ver solamente con los casos específicos, sino que tiene que ver con la forma en que la violencia sexual impacta diariamente a niños, niñas y adolescentes (NNA)”.
En ese sentido entregó cifras, asegurando que “.
Además, indicó que ese mismo año “se presentaron cerca de 80 denuncias ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”.
“También hay que tener en cuenta que la tasa de denuncias por explotación sexual aumentó en los últimos dos años en un 73% conforme a los datos del diagnóstico de la Defensoría de la Niñez”, sostuvo.
Si bien el defensor lamentó que “la violencia sexual contra la niñez sigue siendo un flagelo”, destacó que el “Estado de Chile ha generado cambios que han sido muy importantes y positivos. ”, sostuvo.
En esa línea, resaltó que en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se “había asumido un compromiso y se había implantado un criterio (...) conforme al cual bajo ninguna circunstancia se otorgaban beneficios a personas condenadas por delitos contra NNA”.
Para Quesille, este criterio “lo que hacía era generar o entregar una señal a las víctimas”. En ese marco, el defensor señaló que, al enterarse a través de la prensa de la rebaja de condenas, manifestó que “esto representaba un retroceso en los grandes avances en que el Estado de Chile había avanzado en esta materia”.
Quesille aseguró que 22 de octubre pasado, apenas se enteró de la noticia -según afirmó-,.
“Pedíamos una base de datos anonimizada de las personas condenadas por los delitos contra niños, niñas y adolescentes. La idea era evaluar si en el criterio utilizado para otorgar dichas rebajas se aplicaron protocolos o criterios para que el Ministerio Público en estas decisiones incorporara, evaluara y determinara el interés superior de los NNA”.
El plazo para contestar dicho oficio era de cinco días, culminando el 29 de octubre. Sin embargo, Quesille acusó que hasta este lunes “es”.
“Nosotros tenemos un plan que eventualmente tiene que ver con articular la institucionalidad, pero que hasta ahora no ha podido ser ejecutado porque no tenemos acceso a la individualización de la información en cada una de las causas”, indicó.
No obstante, Quesille aseguró que junto a la Defensoría han estado “barajando distintas posibilidades para tener algún tipo de respuesta o de reacción frente a los decretos propiamente tales”.
Dentro de esas acciones, destacó la presentación de un recurso de amparo para solicitar que se declaren como ilegales y se dejen sin efectos los 56 decretos firmados por el Ministerio de Justicia.
“”, sostuvo.
En ese sentido, el defensor solicitó a la comisión presidida por la diputada Tamara Ramírez (PDG) que interceda y exija “al Ejecutivo responder a los oficios de la Defensoría de la Niñez”.
Junto con ello, solicitó que se “incorpore formalmente a la Defensoría de la Niñez en las instancias de coordinación con el Estado, como institución observadora; que se solicite al Ministerio de Desarrollo Social y Familia un informe sobre la coordinación con el Ministerio de Justicia para saber cuántas víctimas se identificaron, cuántas están en algún programa de reparación del maltrato o en cualquier otro programa o si se encuentran en lista de espera”.
“Creemos que es muy relevante que se cree un mecanismo de información y audiencia a las víctimas antes de conceder cualquier beneficio penitenciario”, aseveró.