Un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema se suma a la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que obliga a la cartera a “acoger o rechazar” la solicitud de reducción de condena de Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, quien cumple una pena de cinco años y un día de presidio por violación de una menor de 14 años.
La decisión, adoptada el martes 17 de noviembre, se conoce luego de que el gobierno anunciara, el pasado 9 de noviembre, la suspensión de todos los decretos de rebaja de condena, sin excepciones, mientras avanza en el Congreso un proyecto destinado a derogar la normativa que permite acceder a este beneficio.
El fallo también se produce en medio de la acusación constitucional presentada por la oposición contra Rabat. En el primero de sus tres capítulos, los acusadores sostienen que el ministro “suspendió la tramitación de las postulaciones, contra la obligación legal que le asiste de resolver”. Asimismo, los acusadores sostienen que el ministro “resolvió con efectos generales una controversia que correspondía a los Tribunales de Justicia decidir caso a caso”, invocando, según el libelo, la conveniencia de evitar litigios.
Alarcón cumple su condena en el Centro de Detención Preventiva de Limache. La controversia comenzó cuando la Comisión de Reducción de Condena de Valparaíso lo excluyó del proceso de evaluación debido al delito por el que fue sentenciado.
Tras un primer recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó reincorporarlo al procedimiento y evaluar su comportamiento sin aplicar la causal de exclusión contemplada en el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856.
Posteriormente, la comisión lo calificó con “conducta sobresaliente”. Según su defensa, las rebajas acumuladas habrían permitido adelantar su salida de prisión al 26 de octubre de este año.
Ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, su abogado presentó un segundo recurso de amparo, acusando una privación ilegal de libertad por la demora en dictar el decreto correspondiente.
El 5 de noviembre, la Corte de Apelaciones acogió esa acción y ordenó a la cartera resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.
Los argumentos del CDE y la decisión judicial
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que asumió la representación del Ministerio de Justicia, apeló al máximo tribunal, argumentando que la cartera debe realizar un “examen propio y no un análisis meramente formal” de la calificación del comportamiento efectuada por la respectiva comisión.
En su presentación, el organismo sostuvo que dicho examen deberá realizarse “exhaustivamente”, sin que la Ley 19.856 ni su reglamento establezcan un plazo para el pronunciamiento ministerial. Asimismo, planteó que la reducción de condena solo produce efectos una vez dictado el decreto que reconoce el beneficio.
En su resolución, la Suprema reconoció que “la Ley N° 19.856 y su Reglamento no fijan un plazo para que el organismo recurrido dicte el decreto que se pronuncie, por la negativa o la afirmativa, sobre la solicitud de reconocimiento de condena”.
Sin embargo, confirmó la sentencia apelada, estableciendo que
De esta manera, el máximo tribunal mantuvo la obligación de resolver la petición, aunque eliminó el plazo de 24 horas establecido en primera instancia.