El exministro del Tribunal Constitucional (TC) y exsubsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, abogado Jorge Correa Sutil (ex-DC), se distanció de parte de los argumentos de la oposición en la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El libelo con que se busca destituir al secretario de Estado, impulsado por las bancadas de diputados del FA, PS, PC, PL, PPD y DC, consta de un total de 189 páginas y está dividido en tres capítulos: el primero, por la por disminución de condenas por delitos sexuales contra niños y adolescentes; el segundo, por la rebaja de penas a condenados por casos de derechos humanos; y el tercero, por declaraciones del ministro Rabat, en las que habría mentido o entregado información parcializada sobre el caso.
En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Correa se alejó de los argumentos de los dos primeros capítulos del escrito elaborado por las fuerzas progresistas.
Sobre el primero, apuntó que: “Yo creo que esa es una acusación que no debiera prosperar. La ley se dictó en 2022 y hay una duda legítima, me parece a mí, respecto de si esa prohibición de dar el beneficio se aplicaba a los delitos cometidos antes del 2022 o no. La jurisprudencia ha dicho una cosa y ha dicho otra, y por lo tanto, me parece a mí que decir que ahí hay una clara infracción de ley no es cierto. No tiene mérito”.
“Se dice, mire, porque el ministro no consideró el interés superior del niño. Yo creo que es cierto que el ministro no lo consideró, no lo ponderó, no dijo que ese era un valor. Pero si la acusación fuera de que por esa razón el ministro tenía que negar los permisos, a mí no me convence esa argumentación. El interés superior del niño no es un bien absoluto en el derecho. No hay ningún bien absoluto en el derecho”, remarcó.
En el caso del segundo acápite, de disminución de penas a criminales de lesa humanidad, señaló que: “Si a ti te parece que hay un deber del Estado de respetar como doctrina general un fallo de la Corte Interamericana, ya hay una infracción de ley. Si estimas que ese deber llamado de convencionalidad no existe, que los funcionarios públicos chilenos tienen que cumplir con las constituciones, las leyes chilenas, y tienen que estar atentos, naturalmente, a interpretarla conforme a la Corte Interamericana, pero que no tienen la obligación de respetarlo, ahí no hay infracción de ley”.
“Yo soy de los que cree en la segunda tesis, de que no hay obligación de respetar las doctrinas como doctrinas generales, de lo que haya fallado la Corte Interamericana”, sostuvo.
Por el contrario, para el exministro del TC, el tercer capítulo de la acusación contra Rabat es el más sólido y serio.
“A mí me parece que el ministro efectivamente incurrió en esa falta, que al intentar exculparse primero en los propios decretos, luego ante la opinión pública, y en seguida ante la comisión de Constitución del Senado y de la Cámara, el ministro falseó la verdad, hizo un ardid con el objeto de exculpar su responsabilidad, señalando dos cosas que no son ciertas”, apuntó.
La primera, dijo, es que el secretario de Estado aseguró ante el Parlamento que “estaba obligado por la jurisprudencia de la Corte, en condiciones de que la jurisprudencia no obliga, y que no había jurisprudencia tampoco”.
Y segundo, “que estaba obligado por las comisiones de calificación que tiene el Ministerio de Justicia para ver estos casos, cosa que tampoco es cierta, porque si bien las comisiones podría entenderse que califican los hechos, por cierto el ministro tenía que luego determinar con entera libertad si este caso caía dentro de las excepciones o no, y eso no lo determinan las comisiones”.
“Por lo tanto, el ministro no puede decir ninguna de las dos cosas, ni que estaba obligado por la comisión, ni que estaba obligado por la jurisprudencia. El ministro en eso faltó a la verdad, y creo que hay una falta a la probidad”, zanjó.
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