Un traspié está teniendo el proceso de implementación de la ley marco de permisos sectoriales. Si bien esa iniciativa fue impulsada por el gobierno anterior, siendo publicada el 29 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial, para complementar el proceso de puesta en marcha de este cambio normativo el Ejecutivo de José Antonio Kast debía emitir un Decretos con Fuerza de Ley (DFL) de adecuación sectorial, con el objetivo de armonizar las más de 40 leyes sectoriales con las nuevas reglas de plazos y silencio administrativo.
Sin embargo, la Contraloría General de la República resolvió no dar curso a este decreto, tras detectar nueve puntos con vacíos normativos y excesos en las facultades delegadas.
Entre los principales reparos están los cambios al Código de Aguas. De acuerdo a la Contraloría, no se aclara si las nuevas causales de suspensión del plazo operan por el solo ministerio de la ley o por resolución fundada, ni si el plazo se reanuda automáticamente tras vencer los 20 días para acreditar consignación de fondos. Además, resaltan que hay un reparo sobre la falta de concordancia entre los nuevos plazos máximos para resolver, la publicación web de la Dirección General de Aguas y los hitos del silencio administrativo.
Para los servicios sanitarios, se menciona que faltan disposiciones transitorias que eviten que las modificaciones al DFL N° 382 entren en vigor antes que las normas de la Ley N° 21.770 con las cuales se vinculan.
Para telecomunicaciones, la Contraloría plantea que no se justifica suspender el plazo del informe técnico de Subsecretría de Telecomunicaciones (Subtel) antes de que existan oposiciones. Asimismo, plantea que el decreto excede sus facultades al entregar a la Subtel la atribución de dar traslado de las oposiciones, función que corresponde legalmente al ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
En servicios eléctricos, señala que se otorga carácter de trámite esencial únicamente al informe de la Comisión Nacional de Energía en la transferencia de concesiones de distribución, excluyendo sin justificación al informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Para ley indígena y energía geotérmica, el análisis de la Contraloría dice que en ambas normativas se incorporan causales de suspensión de plazos sin detallar cómo operan ni si los plazos se reanudan automáticamente una vez vencido el término. Y en urbanismo y construcciones, acusa que no se explicita que ciertos plazos a favor del interesado suspenden el plazo máximo para resolver el informe de mitigación vial.
Francisco Neira, abogado del estudio jurídico La Firma y exasesor del gobierno de Gabriel Boric, explica que la “Contraloría rechazó el decreto del gobierno para ajustar los trámites de permisos a la ley marco de autorizaciones sectoriales, porque varias partes van contra ley o exceden la facultad del gobierno de regular vía decreto”.
Por ejemplo, detalla que “se crearon pausas en las tramitaciones y no se aclaran los plazos, lo que puede ser complicado en temas de derechos de agua, medioambiente, indígena, etcétera, y para que otros (distinto al solicitante) ejerzan también sus derechos”.
Asimismo, añade que “existen plazos que pusieron en el decreto que no calzan con la ley y también informes que se solicitan en algunos casos y otros que no, pero no se justifica ese tratamiento arbitrario”.
Las vías de salida que ven los expertos en estos temas son dos: que el Presidente Kast acuda al Tribunal Constitucional aludiendo que el Decreto con Fuerza de Ley está mal representado por la Contraloría y que por lo tanto lo que procede es que se tome razón; o el presentar un proyecto de ley con las materias que se representaron por parte de la Contraloría.